Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. (EFE) El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga las supuestas contrataciones irregulares en la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, ha rechazado levantar el secreto del sumario porque aún no ha dado tiempo a analizar la documentación intervenida en este caso.
En su auto, que tiene fecha del pasado martes, el titular del juzgado rechaza así la petición de una de los querellados en la Operación Alquería, que supuso la detención y posterior dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.
En la operación también fue detenido su jefe de gabinete, Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.
El juez afirma en su auto que coincide con el fiscal en la necesidad de sacrificar el derecho fundamental a la defensa en favor de evitar un perjuicio en la propia investigación de los delitos investigados.
Unos delitos que considera "de notoria gravedad, tanto por los propios tipos penales como por las personas e instituciones presuntamente implicadas en su presunta comisión, y la alarma social que ello supone".
Añade además que por lo reciente de los registros realizados, "con incautación de numerosa documentación recabada en diversas sedes públicas y domicilios privados", esta documentación "aún no ha podido ser ordenada ni volcada toda ella, ni mucho menos realizado su análisis".
En su opinión, el conocimiento público de esa documentación previo a su análisis "podría suponer la puesta en grave riesgo de su resultado".
Señala también que las "especiales circunstancias que concurren en este procedimiento" aconsejaron en su día que las diligencias de instrucción no fueran conocidas por las partes pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso.
Basaba su decisión en la necesidad de acordar determinadas diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Público, tales como el volcado de determinada información, la intervención de los instrumentos de comunicación (smartphones, tablets, etc) empleados por los querellados y en la necesidad de impedir la destrucción de pruebas.
Así pues, concluye el juez que el sacrificio del derecho de defensa que supone la declaración de secreto de la causa se justifica aún "plenamente y de forma ponderada y efectiva, en aras a la obtención de un bien aún mayor, del principio de justicia y la consecución de la misma".
