VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se personará, a través de la Abogacía de la Generalitat en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 21 de València, que investiga la "posible concurrencia de responsabilidades penales por parte de diversas personas que ostentaban cargos públicos de la Generalitat", así como los responsables de diversas empresas privadas por la gestión entre los años 2004 y 2015 de la empresa mixta de la Generalitat Desarrollos Urbanos de Viviendas Protegidas S.L (DUVP).
La personación de la Conselleria -a la que está adscrito el ente público EVha, antigua IVVSA- se produce después de que el juzgado haya abierto diligencias penales previas sobre la gestión desde 2004 de la empresa mixta, a instancias de la Fiscalía, como consecuencia de los hechos irregulares que le fueron comunicados por la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio en 2016.De hecho, en mayo de 2016, el Consell aprobó la disolución definitiva de 'Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.' tras "detectarse que sirvió de saqueo organizado" y que "ha dejado un pufo" de al menos tres millones de euros para la Hacienda Pública de la Generalitat.
En concreto, la consellera de Vivienda, María José Salvador, trasladó a la Fiscalía las conclusiones de las auditorias realizadas en 2014 y 2015 por la Sindicatura de Cuentas y por la Intervención General de la Generalitat respectivamente y en la que se ponían de manifiesto los graves perjuicios económicos e irregularidades constantes que se habían producido durante la gestión de dicha empresa mixta y que fueron valorados provisionalmente en cerca tres millones de euros para el erario público.
La empresa Desarrollos Urbanos de Viviendas Protegidas S.L (DUVP) fue constituida el año 2004 como empresa mixta con capital mayoritario privado (51%) por el Ivvsa, dentro de un procedimiento plagado de irregularidades, tenía como objetivo buscar a empresas privadas interesadas en aportar capital para la constitución de una sociedad mixta destinada a la la construcción de viviendas de protección oficial, y se fijó un plazo de apenas 7 días para la presentación de propuestas. Además, a pesar que el pliego de cláusulas para la selección de las empresas privadas interesadas en constituir con el Ivvsa dicha empresa mixta (participada por la Generalitat con el otro 49%) se establecía como condición que debían "ser propietarios de al menos el 25% de la superficie social afectada por las actuaciones de la sociedad a constituir", ninguna de las empresas seleccionadas acreditó ser propietaria de suelo en dichos ámbitos y además se obvió la previa y preceptiva autorización del Gobierno Valenciano necesaria para poder constituir dicha empresa.
Dichas irregularidades fueron reconocidas en el dictamen emitido en fecha 18/09/2008 por la Comisión de las Comunidades Europeas, en el que se puso de manifiesto que dicha actuación también constituyó una infracción de las Directivas de contratación de la Unión europea.
Igualmente, y según las auditorias públicas realizadas, en el año 2005 el Ivvsa, previo acuerdo de su Consejo de Administración -presidido por el entonces conseller Rafael Blasco- vendió directamente, sin someterse el preceptivo trámite de publicidad y concurrencia, a DUVP una parcela urbana de uso residencial de cerca de 6.000 metros cuadrados en el municipio de Alaquàs, por un precio de más de 3 millones de euros. Esta parcela estaba destinada a la construcción de viviendas, garajes y trasteros sometidos al régimen de protección pública, sin que quedase garantizado que dicho precio se ajustaba al "valor de mercado".
Además, y con la finalidad de poder obtener el aval público de distintas operaciones crediticias a través del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat (IVF), el 23 de diciembre de 2010 la empresa Urbana Ducat s.l. vendió al Ivvsa, previo acuerdo tomado por su Consejo de Administración el día 21 del mismo mes, un 2% de participaciones de DUVP SL, pasando a partir de ese momento la empresa mixta a estar participada mayoritariamente con capital pública de la Generalitat (51%).
Todo ello "incumplía la obligación legal de haber obtenido el previo acuerdo del Gobierno valenciano, dado que, con dicha decisión de adquisición de participaciones de la empresa mixta, la Generalitat pasó a ser participe mayoritario (con el 51% del capital social) de la mercantil con todos los derechos y obligaciones que ello comportaba", han señalado desde la Generalitat.
Con fecha de 2015 la Intervención General puso de manifiesto que el detrimento económico total causado a la Generalitat, sólo en lo que afecta a la promoción de Alaquàs, alcanzaba cerca de tres millones de euros, a lo que había que añadir la pérdida de la propiedad del solar vendido en su día por el IVVSA a la empresa mixta (con un valor estimado en un proceso sin licitación en 3 millones).
El informe emitido el 2015 por la Intervención de la Generalitat puso también de manifiesto que la empresa mixta de la Generalitat no había tenido en ningún momento ni medios materiales ni humanos propios y que toda su actividad contable y administrativa había sido realizada por su socio privado externo, sin que constase que el IVVSA-Generalitat hubiesen realizado ningún tipo de tareas efectivas de control o supervisión de las actuaciones realizadas y de la gestión llevada a cabo.
Del mismo modo, en el informe de la Intervención, se denunciaba la existencia de notorios "lazos de parentesco" entre los administradores y propietarios de todas las mercantiles que habían participado desde el primer momento como socios privados del entramado societario de la mercantil mixta. De hecho, la consellera de Vivienda, María José Salvador, denunció que las auditorias habían detectado dos contratos por valor de 500.000 euros y 15 millones de euros "a través de los cuales queda en evidencia que se articuló un sistema que pretendía el retorno directo de contratos a empresas administradas por familiares directos, hermanos e hijos de los administradores privados que formaban parte del capital de la empresa mixta".
"Ahora son los tribunales quienes deben encargarse de dilucidar la existencia de posibles delitos penales en tales actuaciones, pero la responsabilidad de esta conselleria y del Consell es la de exigir que se devuelvan los fondos públicos perdidos por la nefasta gestión de la Vivienda de dirigentes como Blasco", ha sentenciado Salvador, tras señalar que "lamentablemente a nadie le sorprende ya la forma de actuar del ex dirigente del PP".
