El Gobierno y Podemos pactan subir el salario mínimo a 900 euros en 2019

MADRID (EP). Gobierno y Unidos Podemos han acordado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 hasta los 900 euros mensuales, lo que tendrá un impacto presupuestaro de 340 millones de euros, según el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado del próximo año que han firmado esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más.

Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo presupuestario era la demanda de Podemos de que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse algo por debajo de esta cantidad. Finalmente, el acuerdo contempla un SMI de 900 euros mensuales para 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado mes de julio a situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.000 euros mensuales para el ejercicio 2020.

El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. En concreto, Rajoy acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020. Al final del periodo, el SMI llegaría a los 850 euros mensuales.

No obstante, Gobierno y Podemos han pactado ir más allá para subir el SMI hasta 900 euros ya en 2019. "Los salarios mínimos son una potente herramienta social que puede contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para ello deben ser salarios que garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y la de sus familias", afirman las partes en el documento firmado.

Recuperación del subsidio para mayores de 52 años

En el acuerdo se establece también la recuperación, en la Ley de Presupuestos de 2019, del subsidio por desempleo para mayores de 52 años (ahora la edad de acceso era de 55 años), medida que está siendo discutida también en el diálogo social, y cuyo impacto presupuestario se cifra en 323 millones de euros.

Tras los recortes que experimentó este subsidio en 2012 y 2013 y la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el requisito de carecer de rentas familiares, el modelo pactado entre el Gobierno y Podemos restablece que el cómputo de las rentas de los posibles beneficiarios del subsidio se realice sobre la base de las personas beneficiarias y no sobre la unidad familiar.

Asimismo, se suprimirá la obligación de los beneficiarios del subsidio de tener que jubilarse anticipadamente y se recupera la base mínima de cotización del 125% del SMI durante la percepción de esta ayuda.

Esta medida formará parte, según el documento, del plan de parados de larga duración y se acompañará del reforzamiento de políticas activas de formación y empleo para los perceptores de este subsidio.

Nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo

Gobierno y Podemos también han acordado que en 2019 se sustituyan los diferentes programas extraordinarios de protección por desempleo (Prepara, PAE y SED) por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo. El objetivo es darle estabilidad y elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección.

Asimismo, y con el fin de "recuperar un modelo de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundametal", el Ejecutivo y la formación morada pactan algunas medidas a ejecutar antes de finalizar 2018 que, en la práctica, suponen derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral.

Se trata de ampliar la 'ultraactividad' del convenio colectivo (limitada a un año por la reforma laboral de 2012); revisar las causas y el procedimiento que siguen las empresas para modificar de manera sustancial las condiciones de trabajo; reducir la dualidad entre trabajadores fijos y temporales y la inestibilidad y rotación laboral mediante la desvinculación del contrato de obra o servicio de la realización de trabajos en contratas, subcontratas o concesiones administrativas, y reforzar la obligación de que el horario laboral conste expresamente en el contrato a tiempo parcial.

Estas materias también están siendo objeto de negociación entre Gobierno, sindicatos y empresarios, que ya se encuentran cerca de cerrar un acuerdo al respecto.

En el documento presupuestario firmado por el Ejecutivo y Podemos se insta además a concluir de manera urgente la tramitación parlamentaria de varias proposiciones de ley: la de igualdad en las condiciones laborales de los trabadores subcontratados; la del registro horario de los trabajadores, y las que persiguen la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la igualdad de trato en el empleo.

También se acuerda en el texto, de 50 páginas, dar comienzo en 2019 a los trabajos, en el marco del diálogo social, para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, así como la ratificación por parte de España de varios convenios internacionales en materia de derechos sociales, entre ellos la Carta Social Europea revisada y el convenio 189 de la OIT sobre trabajadores domésticos.