Vicent Soler y Mónica Oltra. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El Gobierno no se cree las medidas de la Comunitat para ajustarse al límite de déficit. El Ministerio de Hacienda ha alertado al Consell del elevado riesgo de incumplimiento del objetivo de 2019, ya no solo por los 1.575 millones de ingresos ficticios a cuenta del sistema de financiación que no están garantizados, sino también por una previsión de ingresos hinchada con las liquidaciones de las concesiones sanitarias y la recaudación de algunos tributos combinada con una estimación de gastos que se quedará corta a la vista de algunas medidas adoptadas.
Así lo pone de manifiesto en el último informe de seguimiento del Plan Económico Financiero (PEF) de la Comunitat actualizado al cierre del ejercicio 2018. En el mismo, sostiene que la decisión de volver a incluir, como ya hizo en 2018, 255 millones de ingresos por la liquidación de las concesiones sanitarias que no se materializaron incrementa el peligro de cerrar con un déficit superior al comprometido.
Pero, además, el informe pone de relieve que la Conselleria de Hacienda haya realizado una "relevante actualización" al alza de los recursos captados con los impuestos de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) que le permitirían seguir dentro del límite de déficit fijado en el 0,1% de su PIB pese al incremento del gasto previsto.
En concreto, en la última información de seguimiento del PEF la Conselleria de Hacienda introdujo una nueva medida de lucha contra el fraude que y de determinación de bases imponibles que se traducirá, según las estimaciones, en un aumento de la recaudación de 260 millones de euros. Además, se incluyó también una medida de venta de inmuebles que podría reportar otros 59 millones de euros adicionales.
Por lo que se refiere al aumento de los gastos, la última información aportada por la Generalitat al Gobierno central incluye actualizaciones al alza de 15 millones de euros por el reconocimiento de la carrera profesional al personal estatutario temporal de sanidad y de otros siete millones en salarios como consecuencia de la creación de la Agencia Tributaria Valenciana.
A ellos se suman otros 50 millones por las prestaciones del sistema de dependencia y 12 millones más del concierto social para centros de infancia y adolescencia, exclusión social y violencia de género. La implantación de la administración electrónica incrementará las inversiones inicialmente previstas (capítulo VI) en 25 millones de euros.
Por último, las nuevas medidas introducidas dentro del Pla Edificant para la construcción de colegios fueron valoradas en un incremento de gasto de 25 millones.
Ante ello, el Ministerio de Hacienda advierte del riesgo detectado de que esos gastos corrientes y las transferencias corrientes sean superiores a los previstos la vista de las medidas incluidas en el plan de ajuste y, sobre todo, teniendo en cuenta que ya en 2018 esos gastos ya crecieron muy por encima de las previsiones.
Por ejemplo, destaca que el gasto creció en casi 143 millones de euros a pesar de que la previsión era que las medidas de eficiencia en la farmacia hospitalaria se tradujeran en un recorte del gasto de 37,1 millones. La Comunitat justifica esa desviación en el fuerte incremento de los programas de asistencia sanitaria, prestaciones farmacéuticas y salud pública, de 100 millones de euros más de lo presupuestado.
En cuanto al incremento de las subvenciones por encima de los 43 millones que se incluyeron en el PEF aprobado, el informe de seguimiento destaca los aumentos en partidas de dependencia, prestaciones sanitarias y entidades del sector público valenciano para sufragar sus incrementos de gasto de personal.
El pasado ejercicio, el déficit de la Comunitat aumentó en 568 millones de euros hasta situarse en el 1,3% del PIB, nueve décimas por encima del objetivo marcado. A pesar que los ingresos no financieros aumentaron en 421 millones (un 3,2%), la Comunitat volvió a incumplir el tope marcado debido al fuerte incremento de 361 millones en gastos de personal (capítulo I), de 143 millones en los gastos corrientes y de 404 millones en las transferencias corrientes (capítulo IV). En conjunto, los gastos no financieros aumentaron en 870,6 millones, un 6%.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
