Foto: INMA CABALLERVALÈNCIA (EFE). El Gobierno central ha mostrado sus discrepancias sobre dos disposiciones de la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2021, y sobre 8 artículos y una disposición de la conocida como ley de Acompañamiento a esos Presupuestos, por lo que se han iniciado negociaciones para intentar resolverlas.
La comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat ha designado unos grupos de trabajo para analizar esas discrepancias y buscar una solución que evite la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, según las resoluciones que publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
En la ley de Presupuestos, el Gobierno central discrepa de la disposición adicional segunda, que establece que los agricultores jubilados titulares de explotaciones agrarias que reciban ayudas por adversidades meteorológicas inferiores a 1.202 euros no están obligados a acreditar su alta en el régimen general de la Seguridad Social.
Asimismo, cuestiona la disposición adicional vigésima primera, referida al cálculo de la prestación económica en los supuestos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Generalitat, en la que se indica que el cálculo se hará sobre las retribuciones fijas, excluyendo atrasos, pagas extraordinarias o la productividad variable.
En la ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021, conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos, las negociaciones se refieren a los artículos 30 (sobre el impuesto de eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética) y al 41 (sobre una deducción por desembolso de acciones o participaciones sociales).
Es el caso también del artículo 52 (una deducción en el tramo autonómico del IRPF de la ayuda pública recibida por los trabajadores en ERTE o que se han reducido a la reducción de jornada a causa de la covid) y del 65 (sobre la tramitación de urgencia de procedimientos declarados de emergencia ciudadana).
Asimismo, el Gobierno cuestiona la redacción de los artículos 95 (sobre gestión forestal y prevención de incendios), 96 (sobre el transporte de viajeros), 97 y 98 (sobre ordenación del territorio), y de la disposición adicional quinta (que establece que las actuaciones con cargo a los fondos de reconstrucción COVID-19 se considerarán de emergencia).
Fuentes de la Conselleria de Hacienda han señalado a EFE sobre estas comisiones bilaterales que se trata de un "procedimiento habitual" que se produce "casi todos los años y con todas las leyes de Acompañamiento y Presupuestos de las 17 comunidades autónomas" por cuestiones técnicas y administrativas y que "en el 99 % de los casos acaban en acuerdo, con cambios en la redacción".
