MADRID (EP).La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que es la oposición y no el Gobierno quien tendrá que presentar una alternativa al decreto sobre los remanentes municipales si finalmente el Congreso lo deroga en la votación de este jueves. "Es su responsabilidad", ha dicho.
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso en la que incidido en que el Gobierno seguirá negociando hasta el momento de la votación, si bien ya ha dado por hecho que será prácticamente imposible salvar el decreto.
Montero ha hecho hincapié en que el hecho de que el Congreso derogue el decreto "no desgasta al Gobierno", sino que plantea "un problema al municipalismo", y ha subrayado que el Ejecutivo seguirá trabajando para intentar ayudar a las entidades locales.
"El Gobierno ha cumplido su tarea llegando a un acuerdo con la FEMP, ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley. Aquí cada no tiene su responsabilidad, el Gobierno la suya y los grupos la suya", ha enfatizado.
Tras descartar que este revés afecte a la futura tramitación de los Presupuestos para 2021, la también portavoz del Gobierno ha explicado el Gobierno calculó mal previendo que, al basarse en un acuerdo con la FEMP, el Congreso no tendría inconveniente en convalidar el texto.
"Tenemos que aprender todos. El Gobierno tendrá que tomar nota de lo que ha ocurrido y hablar con los grupos parlamentarios para garantizar la tramitación de los acuerdos que alcance con otros agentes", ha admitido la ministra.
Eso sí, ha dejado claro que, desde su punto de vista, ahora la iniciativa le corresponde a la oposición porque, tras rechazar la convalidación, es su "responsabilidad" presentar una alternativa. "No se puede decir yo digo que no y que el Gobierno traiga ahora otro decreto, los diputados no somos espectadores de la política, sino agentes activos", ha remarcado.
Así, ha asegurado que el Ejecutivo está abierto a estudiar cualquier propuesta que se ajuste al marco constitucional y que no fíe la solución a una reforma del artículo 135 de la Carta Magna, porque es necesaria una alternativa "para ahora".