VALÈNCIA. El Gobierno estatal ha vetado la subida salarial que el anterior Ejecutivo tenía pactada con los bomberos forestales en Tragsa hasta que estos pasaran a formar parte de la Agencia de Seguridad y Respuesta de la Generalitat Valenciana. Así pues, fuentes del Ministerio de Hacienda encabezado por María Jesús Montero han confirmado a este diario la denuncia pública que hicieron los sindicatos este martes.
Tragsa es la sociedad pública estatal que gestiona las Brigadas de Emergencia para la extinción de incendios y otro tipo de situaciones de alerta desde 2006 mediante un convenio suscrito con la Generalitat Valenciana. Así, la empresa funciona como medio propio instrumental para la prestación de este servicio, algo que cambiará próximamente.
La ley de acompañamiento de 2018 aprobada en les Corts Valencianes incluía la subrogación por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad a los bomberos forestales de Tragsa gracias a una enmienda del grupo parlamentario de Podem. Con este cambio, tendrán más competencias y su salario será mayor. Y aunque en la práctica ya han asumido mayores funciones, todavía no se ha traducido en sus remuneraciones, según denuncian los sindicatos.
Fuentes cercanas a Presidencia de la Generalitat Valenciana han admitido
La encomienda a Tragsa finalizaba el pasado 30 de junio, pero la Agencia tiene hasta el 30 de noviembre para hacer efectiva la subrogación. Y para ese período, los trabajadores y el anterior Ejecutivo estatal habían pactado en febrero un aumento de los salarios, para el que la Generalitat ya había aumentado el presupuesto para la empresa estatal. Sin embargo, el nuevo equipo de Gobierno ha decidido paralizar este movimiento, lo que ha abierto una crisis con el cuerpo de bomberos y con los sindicatos.
No en vano, UGT y CCOO convocaron este martes movilizaciones el 23 de agosto y el 6 de septiembre y una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre. En un comunicado, ambos sindicatos afirmaron que llevan "dos años de negociaciones" y han agotado "todas las vías de diálogo" con la empresa pública Tragsa y el Ministerio de Hacienda para cerrar un nuevo marco retributivo tras las nuevas funciones que asumieron con la transformación del servicio de brigadas de emergencias.
Estos trámites incluían a las administraciones autonómicas y estatales y con ellos, se establecía que la modificación salarial se aplicaría en el mes de julio de este año, pero UGT y CCOO han señalado que constatan "el incumplimiento de acuerdo por la dirección de la empresa pública Tragsa y el Ministerio de Hacienda". El Ministerio, según los sindicatos, "en lugar de cumplir con lo pactado con la clase obrera", ha puesto "trabas" y negado la autorización a Tragsa para que pague lo acordado.
