La Guardia Civil vigila una imprenta de Tarragona que podría imprimir el censo para el referéndum.MADRID (EP). El Gobierno ha remitido este jueves una carta a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes para que éstos desoigan la petición de la Generalitat que en las últimas horas ha comunicado a los ayuntamientos que deben ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación.
Según recuerda la misiva recogida por Europa Press, el Gobierno reitera a las entidades locales que el Alto Tribunal de Cataluña ha prohibido "expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum".
Y, a renglón seguido, advierte que la Generalitat pide ahora los Ayuntamientos que "coadyuven" a la consecución de este proceso "inconstitucional e ilegal" con la disposición de los locales de su titularidad.
Por ello, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, pide a las entidades locales que se respete el marco constitucional y estatutario y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, "lo que obliga a desatender dicha exigencia por atentar precisamente contra esa legalidad y los dictados del Alto Tribunal", en referencia a la petición de locales.
La carta tiene como fecha este jueves 7 de septiembre, y viene firmada por el propio Bermúdez de Castro, quien aprovecha para trasladar el apoyo del Gobierno a la labor de estos funcionarios estatales, dado que secretarios e interventores municipales, son trabajadores de habilitación nacional y dependen del Estado y no del ayuntamiento ni de la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han enviado una carta a los alcaldes catalanes para avisarles de que deben ceder locales para el referéndum del 1 de octubre y dan 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación.
La misiva está firmada por Puigdemont y por Junqueras, y se envió inmediatamente después de la firma del decreto de convocatoria del referéndum el miércoles en el Parlament --está fechada a 6 de septiembre--.
Los líderes del Ejecutivo catalán explican que la ley del referéndum ya es vigente y que la norma establece que los ayuntamientos deben poner a disposición del Govern los locales de su titularidad que se usan habitualmente como centros de votación.
Esta se trata de la segunda carta, en dos meses, que desde el Gobierno central envía a los ayuntamientos catalanes con motivo de la celebración del referéndum. A principios de julio Bermudez de Castro mandó un mensaje para recordarles su obligación de cumplir la legalidad constitucional y estatutaria, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y recabar su colaboración ante el anuncio del Govern de la celebración de la consulta.
Entonces, la carta detalló actuaciones que podrían contravenir la legalidad como formación del censo; exposición de las listas de consulta; la determinación del número y límite de las secciones, locales y mesas electorales; la formación de las mesas; la dotación de los medios a las Mesas de Zona; la reserva de locales para actos de campaña; la designación de locales electorales, y el almacenamiento y reparto de material electoral, entre otros.
