El Consell en su seminario de Sagunto. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Ha sido una de las principales críticas del PP al Consell del Botànic: la creación de agencias y órganos consultivos en esta legislatura. Una ofensiva que, sin embargo, desde el pasado 14 de diciembre se le ha vuelto complicado seguir utilizando como arma para hacer oposición, ya que gracias a sus cinco votos favorables en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, se pudo crear la última de ellas. Se trataba de la Agencia contra el Cambio Climático que estará adscrita a Presidencia de la Generalitat, y a cuya creación se abstuvieron tanto PSPV como Compromís.
Con esta, el Ejecutivo valenciano alcanza la decena de oficinas, institutos, agencias y consejos creados en dos años y medio. Un número de entes que cuentan con partidas presupuestarias que en el próximo ejercicio, en suma, alcanzan los 28 millones de euros. Algunas tienen un presupuesto sobrio, otras no contarán en 2018 con plantilla por su reciente nacimiento, e incluso las hay que el personal se incorporará a mitad de año, como la Agencia Valenciana de la Innovación, o cuyos nombramientos implican sueldos equivalentes a los de un director general de la Generalitat.
El presupuesto de algunos de estos órganos también ha generado fricciones entre los partidos que sustentan el Consell. Sin ir más lejos, durante el trámite de enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat de 2018 Podemos enmendó la partida de la Agencia Valenciana de la Innovación, proyecto estrella de Ximo Puig. Con ella, empezamos este repaso de cada una de ellas:
En mayo de 2015, cuando todavía era el candidato a presidir la Generalitat, Ximo Puig presentó, en una rueda de prensa junto a Andrés García Reche -actual vicepresidente Ejecutivo de este ente- el proyecto de creación de la Agencia Valenciana de la Innovación. En ese momento de agitación electoral, fue definido como un elemento reuniría "la experiencia y la capacitación de las universidades".
La ley que da vida a este organismo se aprobó en Les Corts en enero de 2017, no sin que previamente socialistas y valencianistas tuvieran sus respectivos roces a cuenta de las competencias que tendría este órgano. Para garantizarse el control de ciertas funciones, desde Compromís blindaron las competencias del Ivace con el nuevo reglamento de la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent. Ahora bien, las fricciones no quedaban ahí. Los valencianistas también miraban con recelo desde el inicio los sueldos que la AVI fijaba para los altos funcionarios, ya que temían una desbandada del personal del Ivace a este nuevo ente.
La agencia marcada desde el inicio por la polémica -que su sede se ubicara en Alicante, pero el grueso de estructura orgánica se asiente en la capital de la Comunitat Valenciana también causó un fuerte malestar-, cuenta este año con 24,4 millones de euros para empezar a andar. Una cuantía reducida después que Podemos, con el apoyo del PSPV, restara 3,6 millones del anteproyecto de ley de las cuentas de este ejercicio para destinarlo a la mejora de accesibilidad de edificios públicos y a cubrir algunas de sus exigencias que pensaban financiar con la tasa turística que no llegó a aprobarse.
Desde su nacimiento, este órgano adscrito a Les Corts no ha tenido muchos amigos. A los socialistas no les agradaba la idea de crear esta Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. Además, había desencuentros Podemos, Compromís y PSPV sobre a qué órgano debía estar vinculada. Para los morados, debía depender del parlamento valenciano para no estar condicionada por la influencia de ninguna mayoría; los valencianistas querían que estuviera sujeta a la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz (Compromís); y los del puño y la rosa que estuviera adscrita a Presidencia de la Generalitat (PSPV).
Si el año pasado su presupuesto se quedó casi al completo por ejecutar por su reciente creación, este año la Agencia Antifraude ya tiene gastos que sumar a sus cuentas. De los 2,77 millones de euros con los que contará, parte irán destinados a pagar el alquiler de su sede, ya que ni Les Corts, ni la Generalitat ni tampoco el Ayuntamiento de València han encontrado entre todo su patrimonio un edificio público para albergar este organismo. En total, la agencia que dirige Joan Llinares deberá pagar 10.000 euros cada mes por un espacio de 680 metros cuadrados.
Su puesta en marcha costará al Consell alrededor de 300.000 euros. La Ley de Incompatibilidades aprobara en Les Corts en octubre de 2016 e ideada por Compromís debía ir acompañada de un decreto que desarrollara la normativa que fue elaborado por la Conselleria de Transparencia.
Así, la memoria económica de este decreto aprobado el pasado mes de diciembre contemplaba que la Oficina de Conflicto de Intereses que incorpora esta ley supondría un coste de 210.676 euros para personal y 75.000 para la actualización del Registro de Control de Conflicto de Intereses.
La estructura orgánica de esta Oficina, que será la encargada de emitir informes sobre las compatibilidades de los altos cargos del Gobierno valenciano, contaría con un responsable de la sección de gestión del Registro que cobraría 54.785 euros; tres jefes de equipo con salarios de 31.856 euros; y un jefe de la unidad de Incompatibilidades, Inspección y Procedimientos sancionadores cuyo sueldo alcanzaría los 60.322 euros -incluidos los complementos específicos-.
Ideada por Podemos y aprobada en el trámite de enmiendas a la ley de Acompañamiento, este ente contará en 2018 con un presupuesto de 451.000 euros. De momento, se desconoce la estructura y dependerá de Presidencia y no de la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián, ya que los morados entendían que era una problemática transversal que afecta a cada área de Gobierno.
Fruto de la Ley de Memoria Democrática elaborada por la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo, este instituto se crea para para "el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas" en la norma que entró en vigor en noviembre. Así, también será el encargado de elaborar un censo de víctimas en la Comunitat Valenciana.
En este instituto, "se incluye el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana", reza el preámbulo de la normativa. La dotación presupuestaria que tendrá en 2018 es de 428.720 euros.
Ha sido una reivindicación de su presidente, Ricardo García Macho, desde el primer día que puso un pie en el edificio de La Cigüeña -lugar donde está ubicado este Consejo-: tener presupuesto. En 2016 el Consejo de Transparencia no recibió aportación alguna por parte de la Generalitat, y, al año siguiente, consiguieron 90.000 euros gracias a una enmienda de Podemos durante el trámite parlamentario a las cuentas autonómicas.
Aún así, les parecía insuficiente. García Macho resaltaba ya en mayo del año pasado que su situación era "precaria" y la aportación recibida, "muy exigua". Ahora bien, sus reivindicaciones no solo se centraban en el cómputo global del presupuesto. El órgano ha requerido en numerosas ocasiones desvincularse orgánicamente de la Conselleria de Transparencia, ya que depender de ella ponía en entredicho la imparcialidad con la que debe actuar este ente. En 2018, su capital se incrementa hasta los 155.000 euros.
A todas estas, se suman otros entes como la Oficina de Calidad y Estadísticas Tributarias dependiente de la Subdirección General del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT). Nace en noviembre de 2016 y es la encargada de evaluar los resultados y de elaborar informes estadísticos periódicos de la evolución de la recaudación tributaria para prevenir el fraude fiscal.
También existen otros organismos de los que se desconoce la concreción de su presupuesto, algunas porque todavía están en fase muy embrionaria. Es el caso del Consejo de la Ciudadanía, órgano todavía por constituir que debe tener un miembro en el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y cuyo presupuesto parte de las cuentas de la propia Corporació. No obstante, ni en la ley ni en el reglamento orgánico de este Consejo está determinado qué porcentaje de esos 55 millones con los que contará este año el ente presidido por Enrique Soriano se destinará al funcionamiento de este órgano que compondrán 13 personas. Tampoco se conoce el presupuesto de la Oficina de Derechos Lingüísticos que el PP quiere llevar a los tribunales.
Conviene señalar que, a pesar de ser otro órgano creado por el Consell del Botànic, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que dirige José María Ángel, cuyo presupuesto este año asciende a los 107 millones de euros, no ha sido sumado a este grueso de agencias por la envergadura y numerosas competencias que tiene. Con rango de Dirección General, la AVSRE se encarga de gestionar los servicios de bomberos, policía autonómica, emergencias o, incluso, la seguridad en los eventos taurinos. Eventos que están siendo objeto de polémica durante estos últimos días a cuenta de las discrepancias por el número de médicos que deben estar presentes en los festejos, más concretamente en su modalidad de 'bous al carrer'.
