UCI del Hospital Clínico de València. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La aprobación del decreto del Consell para agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación tendrá que esperar al menos una semana más. El PSPV presentó a última hora el borrador en la reunión preparatoria del pleno del pasado viernes, una circunstancia que llevó a Compromís y Podem a pedir su aplazamiento ante la imposibilidad de analizar su contenido a 24 horas de su pretendida aprobación.
Una semana después y estudiado ya el decreto, una suerte de cajón desastre que el PSPV quería aprovechar para desbloquear temas pendientes como la coincineración de los residuos sanitarios acumulados por la covid, Compromís quiere hacer sus propias aportaciones al texto, lo que impide su aprobación en el pleno de este viernes.
Sin embargo, los socios del Govern han pactado rescatar dos asuntos incluidos en las disposiciones adicionales y finales relacionados con las infraestructuras sanitarias y el personal esencial a cargo de las empresas públicas porque el Consell considera urgente su aprobación este mismo viernes.
En concreto, se dará luz verde a la declaración de interés general todas las actividades, obras e infraestructuras sanitarias de titularidad de la Generalitat, en particular los hospitales, centros sanitarios integrados, centros de salud, consultorios de atención primaria, centros de especialidades, centros de transfusión y unidades de salud mental.
Esta declaración estaba incluida como disposición adicional tercera en el borrador propuesto la pasada semana.
Según fuentes consultadas por este periódico, aunque esa declaración tiene carácter general, la urgencia viene impuesta por la ampliación del Hospital Clínico. Ello, a pesar de que a principios de este mes, el Consell ya declaró esa actuación como de interés general y acordó encomendar a la Comisionada de la Presidencia para la coordinación de los suministros contra la covid la adopción de las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de la ampliación del Clínico.
La segunda cuestión sacada del borrador de decreto de gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE y del React EU es la modificación de un artículo del Presupuesto de la Generalitat de 2021 que afecta al personal laboral y no funcionario de su sector público instrumental.
Ese artículo impedía a este personal percibir este año retribución alguna en concepto de productividad, pero el Consell va a modificarlo para exceptuar al personal de los consorcios hospitalarios y al personal que presta sus servicios en entidades calificadas por ley como operador crítico de servicio esencial como, por ejemplo, FGV.
Ello, no obstante, "siempre que el convenio colectivo en vigor así lo regule, en la forma y en el plazo temporal fijado en el mismo, y en aplicación de un Plan de Eficiencia".
El Decreto Ley en el que trabaja el Consell va en la línea del aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar cuellos de botella y agilizar la ejecución del fondo europeo de recuperación, que fue convalidado en el Congreso gracias a la abstención de Vox y con la oposición frontal del PP por limitar el control sobre el reparto de ese fondo.
Para ello, permitirá tramitar por urgencia todos los proyectos financiados con los fondos europeos, autorizará el desembolso anticipado de hasta la mitad de la financiación y limitará la fiscalización previa.
Entre las modificaciones propuestas para la Ley de Hacienda destacan, por ejemplo, la posibilidad de que cada Conselleria pueda autorizar previamente sin necesidad de pasar por el pleno del Consell ayudas por concurrencia competitiva de hasta doce millones de euros, un límite que ahora está fijado en un millón. En la regulación de las subvenciones, introduce un nuevo apartado para poder conceder ayudas con una mera declaración responsable de cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante, sin perjuicio del control y verificación posterior.
Por lo que se refiere a las ayudas concedidas de forma directa, desde ahora se permitirá que tengan carácter plurianual cuando el beneficiario de las mismas sea otra administración de carácter territorial. Además, se eleva de 3.000 a 6.000 euros la cuantía de las ayudas a personas físicas para las cuales no es necesario la constitución de garantías por parte del beneficiario, salvo que las bases establezcan lo contrario.
