El Consell da más plazo para el destape de las cuentas bancarias de las empresas públicas

VALENCIA. El Consell concederá más plazo para el destape de las cuentas bancarias de las empresas públicas, obligadas por la reciente Ley de Cuentas Abiertas a hacer públicos los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias. Así está previsto en el anteproyecto de ley de Acompañamiento aprobado por el Ejecutivo valenciano el pasado 30 de septiembre en el que se amplía de nueve a doce meses el plazo que se concede a los entes del sector público instrumental para abrir la totalidad de las cuentas bancarias de las que sean titulares.

La medida se justifica por la "complejidad y heterogeneidad" de la naturaleza de los entes que integran el sector público instrumental de la Generalitat y sus distintos sistemas de compatibilidad, según se justifica en el texto aprobado por el Consell y que todavía ha de superar el filtro del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Económico y Social de la Comunidad antes ser remitido a Les Corts junto al proyecto de Ley de Presupuestos de 2017.

Más que por el plazo adicional, la ampliación resulta llamativa porque se aprueba cuando apenas ha transcurrido poco más de la mitad del periodo que se les concedió para adaptarse a la norma. La Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat Valencina entró en vigor el pasado 12 de mayo, por lo que las empresas públicas aún disponían de cuatro meses para hacer accesibles todas sus cuentas bancarias.

Esta ley también obliga a la propia Generalitat a publicar la información de todas las cuentas en entidades bancarias de las que sea titular. En este caso, el plazo se mantiene en los nueve meses previstos, por lo que a mediados de febrero cualquier ciudadano debería poder consultar ya datos sobre la entidad, el tipo de cuenta y cualquier movimiento que se lleve a cabo en la misma (fecha, concepto e importe).

La iniciativa que dio lugar a la Ley de Cuentas Abiertas fue presentada hace un año por Podemos y, tras la aprobación de diez enmiendas de PSPV, Compromís y Podemos y cinco del PP, fue aprobada con el voto a favor de todos los grupos de Les Corts excepto el PP, que se opuso. La Conselleria de Transparencia y la de Hacienda y Modelo Económico crearon posteriormente una comisión de ejecución para su puesta en marcha.

El CJC ya no revisará las bases para subvenciones

Por otro lado, el anteproyecto de ley de Acompañamiento también excluye el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, una modificación que el Consell justifica con la agilidad que se gana en la tramitación de las mismas. Además, sostiene que Baleares ya ha excluido de someter las bases reguladoras de subvenciones al dictamen preceptivo de su órgano consultivo.

"La petición de dictamen al Consell Jurídic Consultiu retrasa significativamente la tramitación de estas órdenes, lo que dificulta la operabilidad de la actuación administrativa y la consecución de los objetivos perseguidos", argumenta el Ejecutivo valenciano, que subraya la necesidad de que exista "plazo suficiente" desde que se recibe el dictamen para que los beneficiarios puedan aplicar los fondos y cumplir con las obligaciones establecidas dentro del ejercicio presupuestario.

Esta modificación sobre la tramitación de subvenciones es una de las muchas incluidas en el texto que afectan a la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Esa misma norma califica el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) como entidad pública empresarial, una clasificación "errónea" porque ni su actividad principal es la venta de bienes y servicios ni se financia mayoritariamente con sus propios ingresos. Por ese motivo, el Consell acordó modificar la mencionada Ley 1/2015 para reclasificar al Ivace pase a ser entidad de derecho público.