Estudiantes. Foto: EPVALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este viernes la modificación del Decreto 26/2019 que regula las bases para la concesión de ayudas a personas jóvenes que vayan a opositar a los cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A de la Administración valenciana. Unos cambios que relajan los requisitos que deben cumplir todos los opositores que quieran conseguir la ayuda de 500 euros al mes que ofrece el Gobierno valenciano para sufragar los gastos que conlleva estar estudiando unas pruebas de acceso a la Administración.
El decreto viene motivado por que la cantidad de exigencias que reclamaban las bases iniciales provocó que en la primera edición tan solo 49 personas pudieran beneficiarse de este programa de becas. Un hecho que resulta especialmente llamativo, dado que por regla general, en las convocatorias de becas existe una mayor demanda que oferta. Pero en este caso, tan solo un 9,8% de las subvenciones previstas para preparar oposiciones fueron destinadas para eso mismo. Cifras que el Consell pretende revertir ahora con las modificaciones que introduce esta normativa que, en definitiva, alivia las exigencias para intentar llegar a más usuarios y evitar que lo que muchos tildan de "buena idea" vuelva a fracasar.
La beca está enmarcada dentro del Programa 500 que el Ejecutivo valenciano ideó en el seminario de Castalla-Biar en julio de 2018 y que logró ponerse en marcha en 2019. El fin principal era dispensar ayudas de 500 euros mensuales a medio millar de jóvenes que estuvieran preparando oposiciones para el ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat. En su primera convocatoria, sin embargo, el número total de becados estuvo muy lejos del objetivo: solo 92 personas lograron resultar beneficiarias de este plan, menos del 20% de las 500 ayudas que preveía conceder el Gobierno valenciano.
Apenas dos meses después, la cifra de beneficiarios se redujo en 36 personas más que no pudieron presentar la documentación requerida en las bases para poder cobrar: las facturas de sus preparadores. Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado viernes 3 de enero, más de una treintena de personas no pudieron aportar la declaración responsable que especificaba que estaban preparándose para estas oposiciones y que la convocatoria exigía como indispensable para percibir la beca. El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. Semanas después, esta cantidad aún se redujo más en siete personas, por lo que el total de beneficiarios se quedó por debajo de 50. Es decir, se daba la situación de que de las 500 becas previstas, un total de 451 se quedaron en la caja de la Generalitat porque no se llegaron a conceder.
Fuentes consultadas por este diario explicaron en su día que muchos de estos opositores no podían justificar que tenían un preparador —la mayoría, en este caso, relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— porque muchos de ellos cobran sus clases en negro. Esto impide que sus alumnos puedan beneficiarse de estas becas que les ayudarían a sufragar los gastos que trae aparejado estar preparándose unas oposiciones: no trabajar, la inversión en material didáctico y las clases de preparación a las que muchos acuden.
El principal cambio introducido ahora afecta precisamente a este apartado, que es el punto que ha impedido en mayor medida que muchos opositores accedan a estas ayudas. En la normativa anterior se exigía que el opositor debía acreditar documentalmente que contaba "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación". Para ello, la Administración consideraría como centro especializado aquel que fuera "reconocido como tal, previa solicitud de la persona interesada, mediante autorización expresa y motivada, por la dirección general competente en materia de función pública, a propuesta de la Subdirección General del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), y persona preparadora a aquella cuya idoneidad sea reconocida de igual modo".
El redactado nuevo que propone Función Pública y que aprobó este viernes el plano del Consell reduce toda esta carga burocrática y se limita a exigir que se cuente "con la dirección de un centro especializado o una persona preparadora para orientar el proceso de preparación, o comenzar la preparación al inicio del período subvencionable determinado en cada convocatoria".
La modificación del decreto también incluye otros cambios significativos para la obtención de estas becas. En primer lugar, contempla que para ser beneficiario de ella no se debe "tener un nivel de renta por miembro de la unidad familiar superior a tres veces el Indicador Público de Efectos Múltiples (IPREM)". Es decir, que los ingresos de la unidad familiar, divididos por cada miembro de la familia, no supongan en que cada miembro cuente con más de 1613,52 euros, ya que el IPREM actual se encuentra congelado en 537,84 euros desde el año 2017.
También hay cambios en las obligaciones que tendrán las personas beneficiarias. Si con la normativa actual se obliga a que los opositores participen "en el primer proceso selectivo posterior a la correspondiente convocatoria de ayudas", con la modificación propuesta se les obliga a "presentarse a las pruebas selectivas que se convoquen por parte de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, para el acceso al cuerpo que se esté preparando". Es decir, se suprime la obligatoriedad de presentarse a la primera prueba selectiva de acceso a la Administración valenciana inmediatamente posterior a la convocatoria de ayudas, lo que también supone relajar el nivel de exigencia para obtener estas becas.
Por otra parte, además, clarifica cuáles son las notas mínimas a obtener para ser beneficiario de estas becas. La norma actual obligaba a acreditar "el expediente académico de licenciatura o grado exigido" en las oposiciones para su valoración. Se exigía una nota mínima, sin embargo estas fueron contempladas en la convocatoria, y no en las propias bases. Ahora, Función Pública, aclara las notas medias mínimas a obtener para la obtención de esta ayuda: en una escala del 0 al 10, deberán tener una nota media mínima de 7, y en una escala del 1 al 4, la nota mínima será un 2. Y, en caso de titulaciones obtenidas en centros extranjeros, "deberá aportarse la equivalencia de la nota media".
Por último, las nuevas bases permiten que estudiantes de oposiciones hasta los 30 años puedan acceder a estas ayudas. Anteriormente, el decreto exigía que debían ser "menores de 30", ahora, se amplía un año más para que los que alcancen la treintena puedan optar también a estas ayudas. La Generalitat también deberá reservar un 7% de estas ayudas para personas con diversidad funcional que, en caso de no cubrirse, "se acumularán para convocatorias posteriores".
El Programa 500 fue ideado para dar respuesta a la problemática derivada del envejecimiento del personal público (más del 60% tiene más de 50 años), así como la drástica reducción de la plantilla como consecuencia de las jubilaciones previstas.
Durante la pasada legislatura se jubilaron un total de 1.227 personas y la previsión indica que en los próximos cuatro años se retirarán 2.186 empleados y empleadas públicas más, a las que habrá que sumar otras 2.996 personas entre los años 2022 y 2026.
