El director general de Administración Local, Toni Such, y el presidente de la Generalitat, Ximo PuigVALÈNCIA. El Consell que lidera Ximo Puig se ha caracterizado, especialmente en los últimos meses, por una acción de gobierno dirigida a dar protagonismo y recursos económicos a los ayuntamientos. Prueba de ello fue el impulso al Fondo de Cooperación Municipal, dotado inicialmente con 80 millones de euros en colaboración con las diputaciones provinciales y con la característica fundamental de ser incondicionado: es decir, los consistorios tienen libertad para la gestión del mismo.
En esta línea, el pasado Seminari de Govern celebrado en Ademuz, se puso sobre la mesa la creación de la Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) con la intención de acometer políticas específicas para frenar la sangría demográfica del interior de la Comunitat Valenciana. De hecho, esta iniciativa cuenta con una partida en la Dirección General de Administración Local que dirige Toni Such de tres millones de euros en el recientemente presentado Anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2018. Un montante que, según fuentes de Presidencia, irá destinado a "trabajar por solucionar el problema de la brecha digital". Es decir, estos fondos se utilizarán en buena medida para financiar proyectos de banda ancha en municipios situados en zonas de riesgo de despoblación.
No obstante, otra línea presupuestaria que llama la atención de esta dirección general es la que aparece bajo el epígrafe: "Ayuda a municipios con especiales dificultades económica". Una partida que, según fuentes del Gobierno valenciano, pretende destinarse a la adquisición por parte de la Generalitat de algunas parcelas propiedad de municipios que se encuentran en una situación económica delicada para que sirvan, posteriormente, para la instalación de empresas privadas.
Un proyecto complejo que, en su fase inicial -casi experimental-, estará dotado con un millón de euros pero donde no se descarta destinar más recursos en el futuro si se obtienen buenos resultados. Según el propio Such, el objetivo es dar oxígeno a municipios con dificultades extremas por "la mala gestión realizada en el pasado". "El consistorio recibe ingresos por un suelo que no tiene uso con la previsión de que se instale una empresa", explicó el director general de Administración Local a este diario.
En este sentido, aunque desde el Ejecutivo puntualizaron que todavía se encuentra en fase de estudio cómo articular esta ayuda así como las zonas concretas de aplicación, ponen como ejemplo para una posible actuación el municipio de Vallada, donde afloró una deuda de 24 millones de euros tras el fallido parque estratégico empresarial Valpark denominado inicialmente La Mar de Dins. "Es un ejemplo de localización donde existe un excedente de parcelas producto de un proyecto absolutamente fallido y un municipio con especiales dificultades económicas", argumentó Such.
La iniciativa, que según las previsiones se abordará en coordinación con la Conselleria de Hacienda, irá dirigida, además de aliviar a estos consistorios en apuros, a que las empresas privadas entren en el juego. "Creemos que es mejor esta compra de suelo y este enfoque de promoción económica en vez de destinar dinero, por así decirlo a fondo perdido, a los ayuntamientos", concluyó el director general de Administración Local.
