Torró, Salvador y BeunzaVALÈNCIA. (VP/EP). La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, instó este jueves al Ministerio de Fomento a que reconsidere sus ayudas a la adquisición de la vivienda, al consideran que benefician a las entidades bancarias y a los promotores mientras dejan de lado el impulso de las Viviendas de Protección Oficial. "Ayudan a las entidades financieras mientras olvidan la VPO", lamentó la dirigente.
Así lo indicó Salvador en una rueda de prensa acompañada por la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró y la directora general del EIGE, Helena Beunza, en la que explicaron las políticas de impulso a la VPO e hicieron balance de los dos años de gobierno en materia de vivienda.
Según detalló la dirigente, el próximo 27 de junio habrá una reunión bilateral con el departamento que dirige Íñigo de la Serna para cerrar el Plan Estatal Vivienda y Rehabilitación (2018-2021). La propuesta que hay encima de la mesa es una programa de ayudas de hasta 10.300 euros para menores de 35 años pero que "no discrimina a la hora de ceder esta ayuda entre si compras una VPO o si es de renta libre".
"Nosotros vamos a alegar esta propuesta porque entendemos que las ayudas a adquisición de una vivienda han de ser para VPO porque esta es la principal medida para combatir la especulación y para garantizar el derecho a la vivienda", defendió.
Para Salvador, el dinero publico "tiene que ir a lo público" y, por tanto, las ayudas para jóvenes que quieren comprar vivienda "han de circunscribirse en la vivienda protegida y no caer otra vez en ayudas a entidades financieras en materia de vivienda". "Esperamos que se acepte nuestra alegación que es la que preserva el interés general", subrayó.
Por otra parte, Salvador destacó que la Generalitat ha reservado un 3% de vivienda protegida (VPO) de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige) para situaciones de emergencia como un desahucio, porcentaje que podrá ser ampliable un 2% más si la situación de emergencia "así lo requiere".
Salvador criticó que cuando llegó al departamento había "mucho que hacer" porque la política en materia de vivienda era "nula" y el Parque Público de inmuebles era "inexistente" y estaba "abandonado" con viviendas "mal ubicadas y a precios inaccesibles".
En materia de vivienda protegida, detalló que de las 1.442 viviendas de VPO de promoción pública en régimen de alquiler, 373 son de régimen de compraventa y 1.069 a alquiler, de las que el 55% estaban alquiladas cuando llegaron pero "331 estaban vacías". Además, lamentó que los precios que había eran "exorbitantes".
Por ello, enfatizó que su departamento puso en marcha un plan de ocupación de vivienda en venta y otro para alquiler accesible, así como promovió un plan de impulso de la vivienda protegida cuyo objetivo era "flexibilizar" el acceso a las VPO en función de los ingresos de cada familia.
Concretamente, explicó que en las viviendas en régimen de compraventa se bajó el preció a 310 VPO para adaptar el valor al perfil de los solicitantes de este tipo de inmuebles. Esta medida, indicó, permitió que se firmaran 69 contratos y que "por primera vez 69 familias accedieran a una vivienda". Por ejemplo, en Orihuela, se rubricaron 59 contratos de las 63 VPO que hay en el municipio.
Asimismo, explicó que se promovió una modificación del régimen de uso en 227 inmuebles que pasaron de vivienda en venta a alquiler con opción a compra, lo que conllevó la firma de 73 nuevos contratos. Por tanto, ambas medidas "han generado que el 38% de las viviendas en régimen de compraventa ya estén ocupadas en dos años", enfatizó Salvador.
En las VPO en régimen de alquiler, la Conselleria también aplicó una reducción de los precios sobre 632 viviendas, lo que benefició a 331 inquilinos y ha supuesto que la ocupación de estas viviendas roce actualmente el 70%, ha puntualizado.
