Ximo Puig, Vicent Soler y Mónica Oltra, en una foto de archivo. Foto: Inma Caballer/CortsVALÈNCIA. El Gobierno valenciano ha acabado por admitir ante el Ministerio de Hacienda que buena parte de los 300 millones de euros que presupuestó para este año como ingresos por las liquidaciones de las concesiones sanitarias no se recaudarán. De haber sido una empresa, el principio de prudencia habría impedido al Consell incluir estos ingresos inciertos en el presupuesto, pero en la administración lo que cuenta es la negociación política y el Gobierno de Mariano Rajoy aceptó, ante la falta de una financiación justa, que el Ejecutivo de Ximo Puig inflara los ingresos con los ya habituales 1.325 millones "reivindicativos" y, de paso, con 300 millones de dudoso cobro.
Aunque la entonces consellera, Carmen Montón, los dio por adeudados, los 300 millones eran de muy dudoso cobro sobre todo si se planteaban para 2018, ya que era previsible, como ya había ocurrido, que las concesionarias recurrieran las liquidaciones -compensación por los servicios prestados por ambas partes a pacientes de otras áreas de salud- y el cobro, aún en el caso de ganar en los tribunales, se retrasase.
La Conselleria ha perdido en los tribunales un recurso contra la forma de calcular las liquidaciones, lo que obliga a recalcular a la baja no solo la liquidación del área de Manises -en manos de Sanitas-, sino también de las otras cuatro áreas de gestión privada.
De momento, el Consell ya ha rebajado su previsión de ingresos por este concepto de 300 millones a 182,95 millones, es decir 117 millones de euros menos, con el consiguiente impacto en el déficit. Así consta en el último Informe de seguimiento de los planes económico-financieros (PEF), publicado por el Ministerio de Hacienda esta semana y correspondiente al segundo trimestre del año. No obstante, la comunicación por parte del Consell llegó después del 30 de junio, ya que el pasado 31 de julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el PEF de la Comunitat Valenciana 2018-2019 y en ese documento aún figuraban los 300 millones.
De los 182,95 millones que la Generalitat aún espera cobrar este año, 105,69 ya los ha contabilizado como "derechos reconocidos", derivados de la aprobación de las liquidaciones del área de La Ribera entre 2013 y 2015.
Los 77 millones restantes podrían corresponder al área de salud de La Marina, donde la Generalitat está negociando con la concesionaria -Marina Salud, formada por DKV (65%) y Ribera Salud (35%)- comprarles la concesión. Si la negociación llegara a buen puerto y bajo la fórmula de compensación por el dinero de las liquidaciones, la Generalitat no tendría que hacer ningún desembolso, aunque tampoco ingresaría ese dinero y aumentaría aún más el déficit. Curiosamente, Montón presupuestó el cobro de las liquidaciones pero no el gasto en rescatar la concesión.
El departamento que dirige Vicent Soler constata un aumento de la recaudación por impuestos superior a la prevista pero admite, según revela el informe, que "el cumplimiento del escenario de ingresos estaría condicionado por la materialización de determinados ingresos, como son la liquidación de concesiones sanitarias en la cuantía prevista, así como por la consecución de los incrementos previstos en las distintas partidas y, en particular, en el ITP y AJD, y en transferencias procedentes de la UE".
En relación a los gastos no financieros, aumentan al cierre del mes de junio un 3,5%, tasa superior a la prevista para el cierre del ejercicio del 1,7%, "pudiendo producirse desviaciones fundamentalmente en los distintos capítulos de gastos corrientes", según el análisis recogido en el documento del Ministerio que dirige María Jesús Montero.
El informe señala que se suma que el presupuesto del ejercicio 2018 habilita dotaciones presupuestarias de gastos "por encima del escenario previsto", al incluir previsiones de ingresos relativas a los recursos del sistema por importe superior en 1.325 millones de euros a las cifras comunicadas en el mes de julio de 2017. Es la famosa "partida reivindicativa", como la bautizó Soler. Por todo ello, concluye, "se aprecian circunstancias que determinan la existencia de riesgos de incumplimiento del objetivo de estabilidad del ejercicio 2018".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
