Foto: EUROPA PRESS/E. Parra. POOLVALÈNCIA (EP). El Congreso ha culminado este miércoles la tramitación parlamentaria de la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, tras avalar todos los cambios realizados por el Senado, incluyendo la limitación hasta final de año de la congelación del impuesto de matriculación, pactada por el PSOE y el PDeCAT.
Sin embargo, la principal discusión ha girado en torno a una de las enmiendas que no ha llegado a votarse pese a que sí fue aprobada por la Cámara Alta; la rebaja al 10% del IVA aplicado sobre las peluquerías a partir del próximo año.
Esta enmienda fue incorporada al texto de la ley antifraude tras ser respaldada por todos los grupos en el Senado a excepción del PSOE, pero después fue anulada por la presidenta de la Cámara, Pilar Llop, a instancias del Gobierno alegando que el cambio era fruto de una transaccional entre dos enmiendas que no guardaban congruencia entre ellas y suponía una merma de ingresos para el Estado.
Una suspensión que, en todo caso, ha sido afeada por todos los grupos, tildándola de "cacicada" (ERC), "latrocinio legislativo" (Vox) o "escándalo mayúsculo" (PP). De hecho, el PP ha tratado sin éxito de aplazar la votación de la ley a la espera de resolver el recurso presentado en el Senado al respecto.
Por su parte, el PNV ha rechazado directamente votar las enmiendas como forma de protesta a esta suspensión, recordando que la enmienda ya había sido admitida a trámite por la Mesa del Senado, que no modificaba los Presupuestos en vigor y que esta decisión puede provocar inseguridad jurídica.
Por su parte, la portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, Patricia Blanquer, ha acusado al PP de "pretender encubrir con otros temas el debate" de la reforma de la regulación contra el fraude fiscal "de forma torticera y antirreglamentaria".
No ha sido el único foco de conflicto, ya que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha criticado que el Gobierno haya modificado el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias cuando según el Estatuto debe contar con el aval de la Cámara autonómica. Por ello, ha asegurado que trató de paralizar la tramitación de la norma para evitar su entrada en vigor y abrir una negociación bilateral con el Gobierno central.
La propia presidenta del Congreso, Meritxel Batet, ha replicado al término de su intervención a la diputada canaria para señalarle que su escrito había llegado fuera de plazo, con el Pleno en marcha, y su petición requería, para ser siquiera tomada en cuenta, el apoyo de dos grupos o una quinta parte de todos los diputados, y el suyo solo estaba firmado por ella.
