El Botànic y la concertada: entre el derecho de pernada del TSJ y la obra que no hace falta

ALICANTE (M.G./EFE/E.P). A estas alturas de la legislatura, es evidente que la enseñanza concertada y el Gobierno valenciano no ven el problema con el mismo prisma. La decisión de Educación de no renovar determinadas aulas de centros concertados en enseñanza no obligatoria, como es el Bachillerato, no sólo ha tenido generado mucha polvareda política, sino que, además, el TSJ ha suspendido la medida en dos centros de Valencia que iban a perder dos aulas. En la actualidad, otros centros de la Comunitat también ha presentado recurso judicial con el objetivo de recuperarla. Este viernes, tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta, Mónica Oltra, han cerrado filas con la decisión del departamento de Vicent Marzà. Así que, mientras Puig califica la decisión de los centros de la concertada de recuperar las aulas como el "derecho de pernada", Oltra lo compara con la empresa a la que se el encarga una obra, y, una vez acabada, quiere hacer un tercer carril pese a que no hace falta. Y ahora, el TSJ le ha dicho haga el tercer carril. "Veremos quién lo paga", se ha preguntado la portavoz del Consell. Y de ahí sus célebre frase sobre la separación de poderes: "Un tribunal no puede ser una segunda cámara", ya que "para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones".

Tras la reunión del Gobierno autonómico en Alicante, se ha referido a la cuestión de la enseñanza concertada y ha defendido que su gobierno "tutela por el interés general y no por el privilegio de unos pocos" y por eso prefiere eliminar los barracones en vez de tener niños en centros privilegiados.

Para Oltra, "pagar una plaza pública y una privada por un solo niños es despilfarrar" y ha asegurado que con el millón de euros que vale "pagar un privilegio a un colegio concreto para 60 alumnos, se podría arreglar un colegio de centenares de alumnos y eso es lo que está en juego".

Según ha explicado, se ha acabado el acuerdo con una empresa privada para que cubriera un servicio que ya no se necesita porque hay cobertura pública y "el gobierno, que es el competente, no necesita contratar con un colegio privado porque tiene plazas públicas". "Este gobierno no tiene por qué pagar dos veces por lo mismo y esta es una decisión que se da en el ámbito de lo político y que compete al Ejecutivo, que ha de gobernar con eficacia los recursos públicos y pagar una plaza pública y una privada para un solo niño es despilfarrar el dinero", ha agregado. La portavoz ha resaltado que "se obliga a hacer contrato con una empresa privada, que no hace falta y no es competencia de tribunales determinar las decisiones políticas" y ha asegurado que se acata la decisión pero se recurrirá porque supone un "perjuicio". Y ahí es cuando la vicepresidente ha cuestionado algunas decisiones del TSJ: "Un tribunal no puede ser una segunda cámara", ya que "para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones, y es obvio que los magistrados del TSJCV no se han presentado a elecciones", sino a "oposiciones, que aunque rima no es lo mismo".

Ha explicado que con el millón de euros que cuesta el concierto se podrían eliminar los barracones del colegio Paz  de Torrellano, reformar un aulario en Quart de les Valls, construir el aulario de Faura o reformar el colegio Ausiàs March de Alboraia o el Giner de los Ríos de València.

Ha reprochado "tener que pagar a unos que quieren estudiar en un colegio concreto cuando tienen otros centros, mientras que otros tiene que estudiar en barracones porque el millón de euros que se va a un sitio no va al otro".

Hay cuestiones, ha agregado, que forman parte del ámbito de las decisiones políticas y otras de las decisiones judiciales, gracias al "invento" de la separación de poderes, y conviene "no mezclarlos" porque "cargárselo es peligroso".

"Acatamos el auto de suspensión cautelar porque estamos absolutamente de acuerdo con la separación de poderes pero podemos opinar desde nuestra posición de Ejecutivo que quiere que las cosas queden separadas", ha dicho. La vicepresidenta ha incidido en que la decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo porque consideran que "no se ajusta a la normativa vigente y a las competencias que tiene cada uno, unos tomando decisiones políticas y otros aplicando la ley a través de las sentencias".

El derecho a pernada

En relación a las polémicas vinculadas a la Conselleria de Educación, Ximo Puig ha explicado que el modelo del Consell es que los estudiantes valencianos aprendan valenciano, inglés y castellano y ha puesto como ejemplo el sistema finlandés, que el propio Puig conoció en una visita al país escandinavo junto al conseller de Educación, Vicent Marzà.

Al respecto, ha mantenido que en Finlandia la sociedad conoce y habla finés y sueco, pese a que esta última lengua solo es la nativa de 200.000 de los 5,5 millones de habitantes. "Es una apertura a conocimientos y es una riqueza. Lo importante son los alumnos, no los políticos, ni los profesores ni los funcionarios; la garantía para usar las dos es tener conocimiento de las dos lenguas. Es normalidad democrática", ha entendido.

Sobre la polémica por las aulas concertadas, el president de la Generalitat ha criticado que exista "derecho de pernada" en un sistema que debe "replantearse". "En Finlandia, por ejemplo, es una educación pública 100%. Aquí, tenemos problemas porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha decidido que los bachilleratos concertados tienen una especie de derecho de pernada, que es un poco extraño", ha alegado. Así, ha relatado que "sobran plazas públicas" pero se "obliga" a contratar en el mercado más plazas "aunque no tengas que completar tus servicios", un modelo "raro".