Antonio Montiel (Podemos), Fran Ferri (Compromís) y Alfred Boix (PSPV). Foto: VPVALÈNCIA. Desde febrero Ciudadanos ya había avisado en varias ocasiones que no daría su apoyo a la reforma de la ley electoral valenciana. A pesar de las advertencias, en el PSPV, Compromís y Podemos eran optimistas; pensaban que el partido de Albert Rivera podría cambiar de opinión durante la fase de negociación de enmiendas a la ley. El plazo terminó este viernes, y con él las esperanzas de los partidos del Botànic. La formación naranja no presentó ninguna enmienda a la proposición de ley y con ello enterraba definitivamente el debate.
Socialistas, valencianistas y morados aguardaban este viernes con interés que llegaran las 14.00 de la tarde. Si Ciudadanos registraba cualquier modificación a la ley, estaban dispuestos a aceptarlas todas. ¿Los motivos? Si apoyaban todas las condiciones de los naranjas, acorralarían a la formación de Mari Carmen Sánchez al quedarse ésta sin razones para no secundar una norma en la que habrían participado.
No obstante, no lo hicieron. Jaque mate. Sin un punto de partida para poder negociar, y ni siquiera con los naranjas "participando" en la discusión de las enmiendas, las opciones para llegar a un acuerdo se esfumaban.
Conviene recordar que después de un año y tres meses de trabajos en comisión, Ciudadanos rechazó apoyar la reforma de la Ley Electoral Valenciana en los términos en los que se había planteado, ya que sus dos principales exigencias -hasta ese momento desconocidas- no iban a poder ser abordadas en esta legislatura porque para ello se debía reformar el artículo 24 del Estatut de Autonomía. Sus dos reivindicaciones eran la circunscripción única -es decir, eliminar las tres demarcaciones provinciales actuales para dejar una sola de carácter autonómico- y una mayor proporcionalidad.
La aplicación de este método en la Comunitat Valenciana, tal y como reivindicaba Ciudadanos, buscaría terminar con la sobrerepresentaciones de algunas demarcaciones valencianas, como sería el caso de la provincia de Castellón. Con el 11% del peso poblacional, obtiene en cada elección 24 de los 99 diputados de Les Corts, mientras que Alicante tiene 35 y València 40 con un 38% y un 51% de población total respectivamente. En término de electores, cada diputado de Castellón resulta electo por apenas 17.300 votantes, Alicante por 35.600 y en la provincia de València por 48.600. Un desequilibrio que los naranjas querían corregir; apostaban por una lista de 99 diputados en la que la representación de cada territorio fuese proporcional.
No obstante, el cambio de criterio repentino de los naranjas no era baladí y sorprendió a los partidos del Botànic, pues hasta el momento no habían puesto sobre la mesa líneas rojas y las cuestiones que planteaban eran imposibles de resolver en esta legislatura. La preocupación de PSPV, Compromís y Podemos era obvia: los votos del partido del que es portavoz Mari Carmen Sánchez resultaban imprescindibles para sacar adelante antes de 2019 una de las principales apuestas del Botànic -recogida en el eje de Regeneración democrática del pacto firmado en 2015- porque eran necesarios 66 votos y los grupos que integran y sustentan el Consell suman 54.
Aunque hay varios aspectos de la reforma ley con los que sí estarían de acuerdo, las dos prioridades que para Ciudadanos son irrenunciables han marcado su postura para afrontar el debate. Es la crónica de una ley que llega ya muerta a su fase de tramitación.
Para intentar que Ciudadanos cambiara de posicionamiento antes de que el periodo de enmiendas llegara a su fin, esta semana Compromís rescató un sondeo interno de 2017 que concluía que el 85,5% de los votantes de Ciudadanos consideraban muy prioritario la reforma de la Ley Electoral valenciana.
