El conseller de Educación, Vicent Marzà. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Durante los últimos años la eliminación de los barracones en las escuelas ha sido motivo de crítica y debate en la oposición al Botànic y en el gobierno valenciano de Ximo Puig. PSPV y Compromís cerraron la legislatura con 4.000 niños en aulas prefabricadas, la mitad que en el mandato anterior a pesar de haber puesto en marcha el Plan Edificant. Un proyecto de construcción y rehabilitación de colegios impulsado en 2017 y anunciado por el president de la Generalitat en el Debate de Política General de ese mismo año que tenía como objetivo edificar 200 centros educativos nuevos y reformar otros 500 en colaboración con los ayuntamientos.
Con todo, el objetivo plasmado en el primer Acord del Botànic de eliminar los barracones no llegó a cumplirse. Por ello, el recién constituido Consell está planteando en las negociaciones del segundo y tercer escalón del Ejecutivo del Botànic II integrado por PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV la posibilidad de crear en la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, una Dirección General del Pla Edificant. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el proyecto es lo suficientemente "ambicioso" como para dedicar un área específica en el gobierno que se conforme.
En este sentido, cabe apuntar que en el pacto del Botánico II firmado la semana pasada en Alicante, los partidos liderados por Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau se comprometen en esta legislatura a "consolidar el Pla Edificant para garantizar que todos los centros dispongan de sus espacios y equipamientos necesarios". Un artículo del tercer eje que, sin ser concreto en cuanto a plazos, sí supone un compromiso del Gobierno valenciano para continuar desarrollando este proyecto.
De momento, el Consell celebrará este viernes su primer pleno. Antes de esta fecha, está previsto que PSPV, Compromís y Unides Podem avancen sobre el diseño de la estructura definitiva del segundo y tercer escalón del Botànic II. Incluso podrían ser nombrados algunos altos cargos, especialmente aquellos que repitan. Por lo pronto, ya se conoce que el Gobierno valenciano tendrá como mínimo dos secretarías autonómicas por conselleria, lo que con una docena carteras supone que se creen al menos 24.
De la misma manera, fuentes de la negociación también aclaran que de cada secretaría autonómica dependerán dos direcciones generales. En cualquier caso, socialistas, valencianistas y morados deberán resolver antes del viernes si Edificant -o "una dirección general sobre infraestructuras educativas", como aclara una de las patas del Gobierno- se concreta en una de ellas.
La eliminación de los barracones se volvió más complicada de lo que previeron inicialmente PSPV y Compromís en la legislatura pasada. La construcción de los centros educativos estaba dirigida desde el gobierno del Partido Popular por la empresa pública Ciegsa, investigada por posibles sobrecostes.
El Ejecutivo de Alberto Fabra ya aprobó en 2013 la extinción inmediata de la sociedad, decisión que se fue retrasando hasta día de hoy, ya que el Botànic pospuso la liquidación de la mercantil durante toda la legislatura pasada. En principio, 2020 es la fecha señalada en rojo en el calendario para extinguirla.
Ahora bien, por otra parte, el departamento dirigido por Marzà creó en 2016 un mapa de infraestructuras educativas para conocer al detalle la situación de la red de colegios en la Comunitat Valenciana, y apenas un año después puso en marcha el llamado Pla Edificant para construir nuevos colegios y rehabilitar centros ya existentes.
En el decreto ley que establecía el régimen jurídico de colaboración con los ayuntamientos el Consell admitía "la insuficiencia de los medios técnicos y humanos disponibles, a corto y medio plazo, por la Generalitat" que aseguraran el desarrollo del mapa escolar proyectado al inicio del mandato y que preveía las obras necesarias para suprimir las aulas prefabricadas. Pese a todo, los plazos no dieron de sí y no se consiguió cumplir con la promesa de acabar con los barracones antes del final de la legislatura.
En esta que empieza, el Botànic II quiere dar auténtico carpetazo al problema. La creación de una Dirección General dedicada íntegramente al plan va encaminada a otorgarle mayor agilidad de la que ha gozado hasta el momento.
