Concentración en Albalat dels Sorells frente al CEIP El Castell. Foto: DANIEL GARCÍA-SALA
VALÈNCIA. El Pla Edificant, concebido como un programa para mejorar las infraestructuras educativas en la Comunitat Valenciana, se ha convertido en objeto de crítica y debate entre el actual gobierno autonómico, conformado por el Partido Popular y Vox, y las fuerzas políticas de la oposición del anterior Govern del Botànic.
El Decreto Ley 5/2017 estableció una asignación presupuestaria inicial de 700 millones de euros para el período 2018-2022, con la finalidad de impulsar mejoras en los centros escolares de la región. Sin embargo, sucesivas revisiones en 2019 y 2022 elevaron esta cifra a 1.700 millones de euros, extendiendo el plazo de ejecución hasta 2029. A pesar de esta ampliación presupuestaria y temporal, los resultados obtenidos hasta diciembre de 2022 han sido cuestionables. De las 725 actuaciones planificadas, solo se había ejecutado el 35% del presupuesto total asignado, evidenciando un avance insuficiente en comparación con los recursos disponibles.
Un informe publicado por la Sindicatura de Comptes revela una evidente disparidad en el nivel de ejecución del Pla Edificant entre las distintas comarcas de la Comunitat Valenciana. En particular, demarcaciones como València, La Serranía, el Baix Vinalopó, l’Horta Nord y la Costera muestran niveles de ejecución notablemente inferiores al promedio regional, oscilando entre el 4% y el 9% del presupuesto asignado.
Ello contrasta con otras comarcas con un alto nivel de ejecución como son el Alto Mijares y la Canal de Navarrés, las cuales han ejecutado el total de las actuaciones en infraestructuras educativas. Por debajo de estas se sitúan el Alta Maestrat y les Ports, que pese a no haber ejecutado el 100 % de los proyectos contemplados en el Pla Edificant, han logrado completar la mayoría de estos.
La baja ejecución general se atribuye principalmente a la complejidad burocrática asociada con la formalización y ejecución de los acuerdos, lo que ha generado significativos retrasos en el inicio y la conclusión de las obras previstas. Además, el periodo medio de pago de 231 días aumenta el riesgo de morosidad e intereses acumulados, afectando la eficiencia del programa.
Ante este escenario, la Sindicatura de Comptes formula dos recomendaciones específicas dirigidas a la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo. En primer lugar, se insta a establecer procedimientos que agilicen la tramitación de los proyectos, permitiendo un inicio más rápido de las obras. En segundo lugar, se subraya la importancia de verificar la documentación justificativa del Plan Edificant para garantizar transparencia y control financiero adecuados.
El Pla Edificant ha generado tensiones políticas, con acusaciones cruzadas sobre la gestión presupuestaria y la viabilidad de los proyectos. Tanto el gobierno actual como la oposición defienden sus posturas y responsabilizan al otro por los posibles obstáculos en la ejecución efectiva de las obras.
Los municipios afectados por la paralización del Pla Edificant claman por la reforma de sus colegios
Por una parte, la transición de gobierno del Consell del Botànic a la coalición del PP y Vox ha generado incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos educativos impulsados en la anterior legislatura. La actual opisición teme que las más de 500 reformas y construcciones de centros educativos impulsadas por el anterior gobierno podrían verse afectadas por este cambio político, lo que pondría en peligro más de 1.400 millones de euros entre 2024 y 2027.
La Conselleria de Educación, por su parte, ha iniciado trámites para revisar la delegación de estas obras, valoradas en 65 millones de euros, ya que el actual conseller de Eduación, José Antonio Rovira, considera que son compromisos financieros heredados del gobierno anterior. "Esto solo lo puede hacer unos artistas hinchando presupuestos", aseguró Rovira.
A pesar de las diferencias políticas y las acusaciones cruzadas, lo cierto es que el Pla Edificant se encuentra en una encrucijada que amenaza con afectar gravemente a la comunidad educativa y a los municipios implicados. La baja ejecución de las obras, la complejidad burocrática y las tensiones políticas han generado incertidumbre sobre el futuro del programa.
