El coordinador local de EU en Alicante, Manolo Copé, junto al secretario de Organización, Darío Fernández, y el portavoz municipal de Unides Podem, Xavier López, el día de la presentación de la denuncia.ALICANTE. La agrupación local de Esquerra Unida (EU) en Alicante persiste en su pretensión de que se dilucide si pudo existir fraccionamiento de contratos en dos bloques de encargos promovidos desde la Concejalía de Urbanismo relacionados con el proyecto de reurbanización del frente litoral de la ciudad y con la rehabilitación del complejo de Las Cigarreras (la antigua fábrica de tabacos).
Por lo pronto, este martes, el coordinador de la formación, Manolo Copé, prestó declaración como testigo en las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía en una comparecencia que se prolongó durante 45 minutos: la primera que se acuerda hasta el momento. Básicamente, Copé se ratificó en el contenido de la denuncia, tras sostener que no señalaba a ningún técnico, ni a ningún dirigente político, más allá de que se mencionase que el máximo representante del departamento municipal es el concejal Adrián Santos Pérez (Ciudadanos).
Así, durante su declaración, incidió en que la intención de EU era que se esclareciesen unos hechos que podrían ser constitutivos de irregularidad, a partir de la documentación pública que la coalición había podido fiscalizar tras consultar el Portal de Transparencia municipal y el Portal de Contratación Pública del Estado. Y, además, en sus explicaciones ante el fiscal, abundó en que, según la documentación que los representantes de la formación habían podido contrastar, podían observarse algunos vínculos entre las empresas, autónomos o gabinetes de arquitectura que resultaron beneficiadas con la encomienda de esos trabajos, concertados como contratos menores (de manera directa, sin concurso público), por un importe inferior a 15.000 euros, sin impuestos. En concreto, esas vinculaciones se producirían por lo que respecta a dos de los cuatro estudios relacionados con el proyecto del frente de La Explanada, concertados con un arquitecto y con una gabinete de arquitectura participado por ese mismo profesional.
De igual modo, Copé expuso ante el fiscal que, en su opinión, como quedaría recogido en la guía de la contratación pública emitida por la Sindicatura de Comptes, los contratos relacionados con el diseño, con los estudios topográficos, con los estudios topográficos y con la ejecución de las obras en sí mismas constituyen una unidad funcional, puesto que formarían parte de una única intervención. Así, según su testimonio, expuso que, en función de la documentación analizada, se habría podido fraccionar esos encargos pese a que cada uno de ellos no tendría entidad por sí solo.
Ya al término de la declaración, a las puertas de la Audiencia (sede de la Fiscalía) Copé apuntó que "me he ratificado en la denuncia con el propósito de que se esclarezcan los hechos que relatamos porque estamos obligados a ello después de ejercer nuestra función de fiscalización política", indicó. En esta línea, añadió que "entendemos que cuando se han abierto diligencias es porque se interpreta por parte de la Fiscalía que pueden existir algunas irregularidades que habrá que investigar y entendemos también que llamarán a declarar a responsables de Urbanismo o a responsables del Ayuntamiento e incluso también a las personas que se han visto beneficiadas por esos contratos menores", apuntó. "Nosotros entendemos desde el principio que irregularidades las hay, por eso nos hemos ratificado en la denuncia", abundó. Además, señaló que, a su juicio, tanto el alcalde, Luis Barcala, como el concejal de Urbanismo, Santos Pérez, "deberían rectificar, puesto que nos acusaron de que buscábamos notoriedad; pues el hecho de que se hayan abierto diligencias, entendemos que es porque la Fiscalía sí ha advertido que pueden haber irregularidades", concluyó.
Por lo pronto, según fuentes consultadas, la Fiscalía no ha acordado la práctica de ninguna otra prueba más ni ha citado a más testigos, aunque se sigue valorando esa posibilidad en función de las explicaciones facilitadas por el representante de la formación denunciante. De igual modo, podría acordarse solicitar informe a la Concejalía de Urbanismo para que detallase el objeto de los contratos reflejados en la denuncia.
¿De qué contratos se trata en concreto? Como viene informando Alicante Plaza desde que EU hizo pública su denuncia, se trata de siete contratos que se dividirían en dos bloques. En el primer bloque, relacionado con la remodelación del frente litoral, se encuadraría un primer encargo de julio de 2020 para la redacción del proyecto "Estudio y diseño paisaje frente litoral, tramo Sangueta-Plaza de Galicia", con un importe de 14.520 euros (impuestos incluidos). Su plazo de ejecución sería de tres meses y su adjudicatario, Evo6 Plan Dirección de Proyectos SL. En segundo término, se trataría del contrato para el estudio topográfico de la redacción del proyecto de urbanización en Avenida de los Mártires de la Libertad y avenida Julio Guillén Tato, adjudicado en abril de 2021 por 1.936 euros a Cartografía del Mediterráneo.
El tercer contrato sería el adjudicado el 17 de junio de 2021 a Cytem para la realización de estudio geotécnico en Paseo Mártires de la Libertad por un presupuesto del licitación de 16.607,25 euros. Y el cuarto, otro proyecto adjudicado el 12 de mayo de este año al arquitecto Emilio Vicedo para la redacción del proyecto de ejecución del Paseo de los Mártires de la Libertad, con un presupuesto de licitación de 17.545 euros.
En el segundo bloque de contratos, quedaría conformado por un primer contrato sobre la redacción del Plan Director de Intervención y Usos del ámbito Edusi, desarrollo OI4, estudio previo del conjunto arquitectónico Las Cigarreras y redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Fase 1 de la Antigua Casa de la Misericordia, adjudicado el 13 de octubre de 2020 a una UTE liderada por el gabinete de arquitectura de Ramón Esteve por un importe de 559.746 euros.
El segundo contrato sería el relacionado con los servicios de documentación por técnicas láser terrestre 3D del conjunto de edificaciones de Las Cigarreras, licitado por 16.940 euros, adjudicado el 24 de marzo de este año a Natxo Segura. Y el tercero y último sería el contrato para la realización de ensayos estructurales para acometer la redacción del proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de la Fase 1 de la antigua Casa de Misericordia licitado por un importe de 13.429 euros, que fue adjudicado el 8 de abril de 2021 a Laboratorio de Ingeniería y Medio Ambiente.
Como también informó este diario, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, viene negando la existencia de anomalías desde que trascendió la denuncia de EU al considerar que todos los contratos se habían formalizado con el aval de los técnicos municipales y que se trataba de encargos relacionados con objetos distintos, no interconectados entre sí. En esta línea, señaló que, con la denuncia, EU solo buscaba conseguir "repercusión pública".
