VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la petición de medidas cautelarísimas sobre el decreto que regula la subrogación del personal del departamento de La Ribera y que habían sido solicitadas por el Sindicato Independiente de la Comunitat Valenciana.
Para el tribunal no concurren circunstancias de especial urgencia al entender que los argumentos expresados por la organización sindical, "sin oír a la administración demandada", no están fundados. Además, alude a la contradicción que podría suponer respecto a otras resoluciones que han denegado medidas cautelares contra el proceso de reversión.
"No procede la adopción de medida cautelarísima sin oír a la parte demandada", insiste el auto. Con esta sentencia, se procede a seguir con la tramitación de la pieza separada de la petición de medidas cautelares mientras que el recurso también seguirá su vía por el contencioso administrativo.
El principal argumento del sindicato, liderado por Fermín Palacios, es el perjuicio que supone para trabajadores subrogados el cambio de su relación laboral de "personal fijo" a "personal laboral a extinguir". Según señala en la demanda, esto supone la sustitución de un contrato indefinido por otro temporal -es decir, empeorando las condiciones de los trabajadores- y eludiendo la obligación de subrogarse en los mismos derechos y obligaciones laborales del anterior empleador -Ribera Salud-, como marca el Estatuto de los Trabajadores.
El Sindicato Independiente también incluye uno de los argumentos que el Consell Jurídic Consultiu también recogió en su informe: se ha vulnerado el derecho de la negociación colectiva. Esto se debe a que la negociación del decreto no se realizó con el comité de empresa "vulnerando la prohibición de dejar el cumplimiento de lo pactado al arbitrio de una de las partes" y se hizo con la mesa sectorial compuesta por sindicatos no elegidos por los trabajadores de la empresa.
Cabe recordar que, a pesar de que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, negó que fueran a producirse despidos, el primer día de reversión un total de 14 trabajadores fueron cesados en sus puestos. Muchos de ellos eran de la antigua dirección del centro, entre ellos el gerente, Javier Palau, además de a mandos intermedios y los trabajadores del aparcamiento.
Al margen del gerente fueron despedidos el director económico, el director Médico, el director de Continuidad asistencial, el director de Calidad, el director de Recursos Humanos, el director de Infraestructuras, el jefe de Comunicación, la subdirectora de Admisión, el técnico de Reclutamiento y Selección y el Controller de Recursos Humanos, además de tres trabajadores del parking.
Esto despidos fueron realizados como objetivos, acogiéndose a la "causa legal" del decreto de personal, donde se recogía que el personal permanecerá en su puesto de trabajo salvo causa legal de desvinculación (despido, jubilación, fallecimiento o convocatoria de OPE). Despidos que es posible que en muchos casos se judicialicen determinando finalmente el juzgado si son procedentes o improcedentes.