Ximo Puig. Foto: RAFA MOLINAEl presidente de la Generalitat valenciana anunciará este martes en el Debate de Política General (DPG) –salvo cambios de última hora– que su Gobierno rescatará antes de que acabe la legislatura la concesión sanitaria de La Marina, que incluye el hospital de Dénia. ¿Otra vez? Sí, eso parece. Puig ha convertido en un clásico de los inicios de curso político esta promesa, que hará por cuarta vez si contamos el anuncio inicial que lanzó inopinadamente en Pedreguer hace dos años y medio, para pasmo de Carmen Montón y Vicent Soler, que se pusieron manos a la obra con pocas ganas –y eso que hablamos de Montón, pero la idea no era suya– y pobres resultados.
Escribí aquí en su día –temo repetirme, pero fue Puig quien instauró el anuncio de la marmota– que el Consell tiene toda la legitimidad, faltaría más, para descartar prórrogas a concesiones sanitarias, igual que la tiene para prorrogar conciertos con empresas sanitarias privadas, léase Eresa, o renovarles dichos contratos con un concurso de los de antes. Tiene toda la legitimidad de las urnas, pero debe explicarlo, porque lo de Dénia no tiene ninguna lógica. Lo de Alzira, desde el punto de vista del aprovechamiento de recursos públicos, tampoco, pero tenía una lógica ideológica: al tratarse de una finalización de contrato –la prórroga por cinco años era una opción– y ser el modelo concesional un objetivo a batir por el Consell del Botànic, el hito era importante.
A lo que hay que añadir la errónea estrategia de Ribera Salud, que prefirió una defensa numantina –los valencianos deberíamos decir saguntina– de su negocio frente a Montón, antes que contratar a un cabildero (ex)socialista, seducir a un diputado de peso y camelarse al president Puig para convencerlo de que somos una empresa valenciana que bla, bla, bla, para acabar dándole a la consellera hoy ministra la fórmula mágica para que no te tiren. Dicho de otra forma, con este gobierno, igual que con el del PP, funcionan mejor las relaciones públicas que los abogados.
Lo de Alzira ha costado dinero –algún día nos dirán cuánto– y no ha mejorado la asistencia a pesar de haber aumentado la plantilla en 400 personas, a tenor de las reflexiones grabadas a los propios directivos –publicadas por El Mundo–, que se preguntan cómo es posible que con más personal aumenten las listas de espera. A lo peor es que ha llegado al Hospital de La Ribera ese mal que afecta a algunos hospitales públicos, ese secreto a voces en el que se tapan unos a otros de los médicos que no cumplen su horario y de cirujanos que a la hora que tenían que estar operando en un centro público están haciéndolo en uno privado. Y que cuando un jefe con arrestos intenta ponerlos firmes hacen campaña contra él y/o se cambian de hospital.
Si alguien ha salido beneficiado de lo de Alzira ha sido por un lado, Carmen Montón, y por otro, el personal del hospital contratado en su día por Ribera Salud y que ahora no solo ve asegurado su puesto de trabajo como si hubiera pasado una oposición sino que se ha quitado de encima la presión que supone trabajar por objetivos.
Si alguien ha salido perdiendo son los médicos de otros hospitales públicos que trabajaban en Alzira para sacarse un extra y que ahora no lo pueden hacer porque tienen incompatibilidad. También, claro, los despedidos, uno de los cuales ha denunciado a la nueva dirección del hospital por funcionar igual que cuando era de gestión privada, contratando sin el preceptivo concurso público.
El resto de los valencianos, incluidos los de La Ribera, no lo hemos notado ni en el bolsillo, porque ¿qué son unos milloncetes más de gasto público en un presupuesto sanitario de 6.400 millones (facturas pendientes no incluidas)?
Lo de Dénia no es como lo de Alzira, no es una finalización de contrato que no se renueva, sino un rescate en toda regla en el que las empresas privadas no van a perder, sino todo lo contrario. DKV hace dos años que quiere marcharse –igual que el gestor del aeropuerto de Castellón: no gano dinero con la cosa pública, pues me voy– y su socio, Ribera Salud, con más experiencia en el negocio, quería hacerse cargo hasta que se cruzó Puig para impedirlo.
La nueva estrategia de la Generalitat es negociar ante la imposibilidad de rescatar la concesión por las bravas antes de acabar la legislatura. Sin Montón demonizando a la empresa privada será más fácil negociar, pero las empresas no van a regalar nada porque no acostumbran. Cobrarán de golpe lo que iban a percibir en cinco años, y que no pidan más por lucro cesante.
Y aquí es donde Puig debe explicar cuánto va a costar –60, 80, 100 millones de euros– y por qué no invierte ese dinero que tanta falta hace a esta administración infrafinanciada –seguimos infrafinanciados aunque con Sánchez haya menos lamentos– en acabar de una vez con los barracones que siguen existiendo después de la legislatura del cambio, en mejorar la atención a la dependencia o, si no quiere salirse de la órbita socialista, en adecentar los juzgados. Algo, en fin, que suponga una mejoría real para los ciudadanos.
