Comunitat Valenciana y Andalucía pactan reivindicar juntas la reforma de la financiación

VALÈNCIA. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confesó hace un mes a los miembros de la plataforma Per un Finançament Just que no está trabajando en sacar adelante la reforma del modelo de financiación autonómica porque, señaló, el PP no quiere abordar la cuestión. La excusa sorprendió e indignó a los miembros de la plataforma porque, como le recordó Joan Baldoví, no puede acusar al PP de no querer la reforma sin antes haber presentado una propuesta. 

Pero, además, los populares no solo no se han manifestado en contra de la reforma sino que están pidiendo. Así, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se manifestaron a favor de la reforma en una jornada celebrada en Barcelona en la que también participaron la presidenta balear, Francina Armengol, y el valenciano, Ximo Puig. Además, el PPCV liderado por Carlos Mazón ha aprobado sumarse a la plataforma Per un Finançament Just.

Una nueva demostración de la disposición del PP a negociar la reforma llegó este viernes, cuando la Generalitat valenciana y la Junta de Andalucía pactaron las bases del acuerdo entre ambas autonomías para reformar el modelo financiación. La reunión se celebró en València entre el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo en la que han pactado las bases del acuerdo entre la Comunitat Valenciana y Andalucía para reformar el modelo financiación. Una reunión preparatoria de la cumbre bilateral que los presidentes Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla mantendrán en Sevilla el próximo mes de septiembre.

Según explicaron los consejeros, "esta primera toma de contacto sirve para reafirmarnos en unos principios fundamentales compartidos por Andalucía y Comunitat Valenciana y fácilmente asumibles también por el resto de comunidades autónomas, como son la evidencia de la infrafinanciación de algunos territorios y la necesidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades para encarar la recuperación post-pandemia".

"No es un debate partidista"

Ambos incidieron en que con este encuentro se evidencia "la posibilidad de hablar de la reforma del sistema tejiendo complicidades y logrando consensos, puesto que este no es en ningún caso un debate partidista". "Con esta reunión pretendemos ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar ir al Ministerio con el talante del consenso y el diálogo, en base a una propuesta que, tanto en la Comunidad Valenciana, como en Andalucía, Murcia o Castilla la Mancha, refleje las necesidades de financiación que nos permitirían, en estos momentos tan delicados que todos estamos pasando por la pandemia, no solamente cubrir los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, sino también la recuperación económica", explicó Bravo.

Según ambos responsables, es "mucho más lo que nos une que los que nos separa, pero no sólo a las autonomías infrafinanciadas, sino también al conjunto de la administración autonómica". "El único debate posible es el del derecho de todos los ciudadanos, con independencia de donde residan, a disponer de los mismos servicios fundamentales", agregaron.

La propuesta a Montero y al resto de CCAA

Bravo y Soler coincidieron en solicitar al Gobierno que una parte de la transferencia extraordinaria del Gobierno de 13.486 millones de euros para las autonomías en el año 2021 -y cuyo reparto se decidirá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera- se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, acercando su financiación a la media de las comunidades autónomas. Una vez asignada esta partida, el resto debería distribuirse en proporción a la población ajustada.

Al respecto Vicent Soler puso en valor el apoyo dado por el Gobierno central a las comunidades autónomas, a través del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable, "algo sin precedentes en nuestra historia". "Este apoyo ha sido clave para que podamos afrontar con garantías la emergencia sanitaria, pero ahora las diferencias de recursos de hasta 30 puntos por habitante ajustado impide que afrontemos la recuperación con las mismas oportunidades, puesto que nuestras capacidades financieras son muy dispares", añadió.

"La propuesta que realizamos ahora es que, en la nueva transferencia que se recibirá en 2021, una parte se destine a corregir de forma transitoria las desigualdades que genera el modelo de financiación autonómica, de forma que se pueda igualar a la financiación homogénea media por habitante ajustado los recursos de las comunidades autónomas que se sitúan por debajo", explicaron los consejeros. No obstante, en su opinión "este mecanismo transitorio no debe aplazar una reforma que debe contemplar la suficiencia global del sistema, la incorporación de solidaridad de las comunidades Forales y la compensación de la deuda vinculada con la infrafinanciación".

Aumentar la financiación global para las CCAA

Los titulares de Hacienda afirmaron que la evolución de los ingresos del modelo de financiación se sitúa permanentemente por debajo del gasto calculado en base a la evolución de las necesidades de los territorios, lo que implica que se haya consolidado una insuficiencia global del sistema que, el documento de los expertos de 2017 cifró en 16.000 millones de euros.

"Esto se traduce en que el conjunto de las autonomías no podemos mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios y esa situación debe ser corregida en el nuevo modelo", manifestó Soler, quien recordó que "los recursos son de los ciudadanos y ciudadanas que los aportan a través de sus impuestos para disponer de unos servicios fundamentales de calidad y, por tanto, deben ir dirigidos hacia las administraciones que los presten, en este caso las CCAA".

Asimismo, tanto Vicent Soler como Juan Bravo abogaron por un sistema que no sea discriminatorio y que se base en la sencillez y la transparencia que tenga como principal criterio de reparto el de la población ajustada. "Debemos avanzar hacia un sistema más proporcional que no genere tantas diferencias entre territorios y que se base principalmente en la población con los ajustes que sean necesarios y proporcionados en base a algunas variables demográficas que deberemos consensuar, debatir y calibrar entre todos", reclamó el conseller valenciano.

Equipo de trabajo

En el encuentro entre ambos dirigentes también participaron los altos cargos de ambas consellerias con competencias en los asuntos a tratar. Por parte de la Generalitat, estuvieron presentes el subsecretario de la Conselleria, Daniel González; el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero; la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira; el director general de Tributos y Juego, Rafael Beneyto, y la directora general de Modelo Económico y Financiación, Dolors Furió.

También estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Expertos en materia de Financiación, Francisco Pérez y José Antonio Pérez.

En la delegación andaluza, además del consejero, participaron el viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa; el secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y el director general de Tributos, Manuel Vázquez.