Los ediles de Compromís, Natxo Bellido y Rafa Mas.ALICANTE. El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este lunes su intención de presentar una moción al pleno ordinario del mes de abril, previsto para el próximo jueves día 30, en la que plantea la creación de una comisión de investigación sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) durante el mandato 2011-2015 para esclarecer su supuesto amaño en favor del empresario Enrique Ortiz, investigado en el marco del caso Brugal.
El portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido, ha señalado en una comparecencia telemática que, una vez conocido el pacto de conformidad alcanzado por Ortiz, en el que "ha admitido el amaño del Plan General, es hora de abrir una comisión de investigación en el ayuntamiento para saber hasta dónde llegó la mano de la corrupción en unos mandatos en los que el señor Ortiz era el amo del ayuntamiento y el amo de la ciudad", bajo el periodo en el que los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo asumían la Alcaldía de la ciudad.
En esta línea, Bellido ha expresado su confianza en que "especialmente el PP dé las facilidades para poder tener transparencia y saber si el señor Ortiz puede seguir siendo en el presente y en el futuro concesionario público a través de sus empresas en la administración local". En la actualidad, las empresas del grupo Cívica (propiedad de Ortiz) participan en la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura a través de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica).
El líder de Compromís ha incidido en que los hechos recogidos en la causa sobre el supuesto amaño del planeamiento "están protagonizados por un exalcalde y exalcaldesa de esta corporación y por ello es fundamental esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido de los informes policiales incorporados al sumario". Bellido ha recordado que las empresas del grupo de Enrique Ortiz acapararon durante años la mayor parte de las grandes contratas y concesiones municipales, como aparcamientos u operaciones urbanísticas como el PAI Rabassa.
Pero además ha insistido en que también es importante esclarecer "la asunción de responsabilidades del actual alcalde Luis Barcala, de la concejala María del Carmen De España y del concejal Adrián Santos Pérez, que compartieron equipo de Gobierno con la ex alcaldesa Sonia Castedo en la legislatura 2011-2015". "Planteamos la creación de una comisión que trabaje sobre las presuntas actuaciones ilegales de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi en favor de los intereses de Enrique Ortiz, así como en relación a los presuntos contactos del empresario con diversos técnicos con responsabilidades en la elaboración y aprobación del planeamiento de la ciudad y a la intervención de sociedades tanto en la elaboración de alegaciones a particulares y empresas, entre los que se encuentra Enrique Ortiz, como en su resolución favorable mediante una subcontrata de la adjudicataria de la redacción del nuevo Plan", ha concluido.
