VALÈNCIA. Dos días después de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha provocado la mayor crisis interna en el Consell del Botànic, la tensión entre el PSPV y Compromís arrecia. La coalición acusa a los socialistas de mentir con su explicación sobre cómo se fraguó el paso desde la abstención al 'sí' en los objetivos de déficit propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez e insisten en que el cambio de criterio no fue negociado y se ejecutó de forma "unilateral".
Una de las encargadas de desmontar el relato socialista ha sido la número dos de Vicent Soler en la Conselleria de Hacienda. Clara Ferrando, secretaria autonómica de Hacienda, ha estallado este viernes en Twitter contra la versión oficial de su departamento. "Lo que estaba pactado con Compromís y el conseller directamente conmigo era la abstención. Ya está bien", asegura la máxima responsable de Compromís en la Conselleria de Hacienda.
Por su parte, el jefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real ha sido tajante y escueto a la hora de desmontar los argumentos de Hacienda. "Eso es falso", ha publicado en Twitter Real junto a una noticia en la que se incluye una figuración del email con el que el conseller Vicent Soler apoyó la senda del déficit de Sánchez en contra del criterio de Compromís.
Según valoró este jueves la Conselleria de Hacienda, los 850 millones de euros en contrapartidas para la Comunitat logrados tras la negociación directa entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son un "exitazo del Botànic".
"Todas las partes estaban informadas desde primera hora de la mañana de que estaba sobre la mesa y que era la posibilidad de respaldar la senda de estabilidad si el Gobierno hacía concesiones tangibles en favor de la Comunitat, como es algo innegable que se ha producido", explicaron desde el departamento que encabeza Vicent Soler. Entre quienes se asegura que estaban al corriente se encuentran la propia Oltra, Clara Ferrando y el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.
"El conseller emitió el voto favorable, siempre de acuerdo con lo que estaba pactado con la vicepresidenta, con Joan Baldoví y con Clara Ferrando. Es decir, mantener la abstención si no hay mejoras tangibles; cambiar a voto favorable si se concretaban mejoras, como así ha sucedido", argumentaron desde la Conselleria.
Desde Compromís se desmiente esa versión. Según fuentes de este partido, el conseller estaba avisado de que, antes de formalizar el cambio de voto, se debía negociar con su socio de Gobierno. La discrepancia se centra en lo que se consideran mejoras "tangibles" para la Comunitat, ya que mientras los socialistas lo ven un logro histórico, la coalición critica que no son soluciones que respondan a la "singularidad" de la Comunitat y que la relajación del déficit aumenta la capacidad de gasto, pero a costa de engordar la deuda.
Sentido del voto de la Comunitat Valenciana en el punto único del ordén día del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy, 22 de agosto de 2018 es:
“A FAVOR”
Manifestaciones de la Comunitat Valenciana:
Dada la situación de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, este voto expresa la necesidad de esta flexibilización del techo de déficit, aunque resulte INSUFICIENTE en nuestro caso conforme a la falta de recursos, acreditada por los expertos, para atender las competencias atribuidas constitucionalmente.
Por ello, y también por los progresos que notamos en la mejora de nuestra financiación a corto plazo, por el compromiso de iniciar el debate político para la reforma del sistema de financiación, y por la voluntad del Ministerio de proporcionar una solución al problema derivado de la aplicación del sistema de gestión del IVA, hemos decidido votar a favor. Por supuesto, no es un cheque en blanco y esperamos que, de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio sea consciente de que continuamos siendo la comunidad peor financiada de España.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral