Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el CongresoVALÈNCIA. "No es dinero real que viene aquí". Compromís, socio de referencia del PSPV en el Consell del Botánic, insistió este jueves en que sus cuatro diputados en el Congreso no apoyarán los nuevos límites de deuda y déficit aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo hará por coherencia con su posicionamiento anterior, ya que en el anterior intento por aprobar los límites de déficit y deuda en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez fracasó porque los partidos que apoyaron la moción de censura, entre ellos Compromís, se abstuvieron en la votación de la senda de estabilidad hasta 2021.
Para la coalición, los logros obtenidos por Ximo Puig para justificar el cambio en el sentido del voto de la Comunitat en el CPFF –en la sesión del pasado 19 de julio, la Comunitat se abstuvo ante la misma propuesta que ahora ha apoyado– no son suficientes.
Es más, en el partido de Mónica Oltra existe un profundo malestar por cómo han gestionado este asunto tanto el jefe del Consell como el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que han actuado de forma "unilateral" y sin acordar con su socio de gobierno si las concesiones del Gobierno central, cifradas por el PSPV en 850 millones de euros, eran suficientes como para pasar de la abstención al 'sí'.
Con todo, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, aseguró que su partido está dispuesto a negociar con el Gobierno de Sánchez su voto a favor en el Congreso. Ahora bien, para ello, la formación pone sus propias condiciones, que van mucho más allá de las que el PSPV ha aceptado como solución "transitoria" a la espera de la reforma del modelo de financiación autonómica.
Por primera vez desde que forzó la abstención de la Comunitat en el CPFF del pasado 19 de julio, Compromís ha puesto sobre la mesa peticiones concretas al Gobierno de Sánchez que le podrían hacer cambiar de parecer. A saber, según explicó Baldoví, la propuesta de su partido podría variar si la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acepta dos condiciones que supondrían la llegada a la Comunitat de 1.844 millones de euros adicionales mientras se reforma el sistema de financiación.
Una de ellas consiste en cambiar la ley que regula el llamado Fondo de Competitividad, que tiene como objetivo reducir las diferencias en financiación per cápita entre Comunidades Autónomas, con el objetivo de que se reparta íntegramente. Según la liquidación de 2015, ese año se quedaron por repartir casi 2.000 millones de euros.
Se trata de una posibilidad incluida en el informe de la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica que, en el caso de la Comunitat, supondría la llegada de 607 millones de euros adicionales –tomando como base la liquidación de 2015–.
La otra vía que demanda Compromís, destinada a aumentar la suficiencia de las Comunidades Autónomas, consistiría en modificar la ley para que la subida del IVA aprobada en 2012 por el PP vaya un 50% a la Administración General del Estado y el otro 50% a las autonomías. Con esta medida, la Comunitat ingresaría aproximadamente 1.226 millones de euros del total de 11.000 millones en los que aumentaría el Fondo de Suficiencia Global.
El mar de fondo entre PSPV y Compromís continuó este jueves, el día siguiente a la celebración del CPFF, con los socialistas tratando de aportar nuevos argumentos al volantazo para presentar lo conseguido como un éxito del Botànic y con la coalición alimentando el malestar interno por lo que se interpretó como una "deselealtad" hacia el pacto que sostiene al Consell.
Asumido por ambos partidos que no habrá reforma del actual sistema de financiación al menos hasta después de las elecciones autonómicas de 2019, la gran discrepancia se centra en qué medidas transitorias se podrían considerar satisfactorias hasta entonces.
El jefe del Consell reconoció el miércoles que lo conseguido "no es la solución definitiva, pero es una solución transitoria que permite que podamos afrontar la negociación del cambio de modelo". Mientras, Oltra y Baldoví insistían este jueves en que el mayor margen de gasto conseguido con la ampliación del límite del 0,1% al 0,3% no hace sino redundar en un aumento de la deuda.
Existen incluso discrepancias sobre el impacto que esa medida tendrá para la Comunitat. Mientras Compromís asegura que el nuevo margen de déficit equivalen a 200 millones de euros en 2019, la Conselleria de Hacienda lo sitúa en 245. La cifra es superior a la que la propia Conselleria estimaba hace poco más de un mes: 217 millones de euros.
La diferencia se explica porque, mientras los 217 millones se calcularon internamente sobre el PIB de 2017, los 245 se estimaron por parte del Ivie tomando como referencia la previsión del PIB de 2019, explicó el departamento que dirige Vicent Soler.
Por otro lado, a la vista del malestar generado con el cambio de voto del conseller Soler en el CPFF, la Conselleria de Hacienda aseguró este jueves que sí informó a su socio de Gobierno de la negociación "in extremis" con el Gobierno central que fructificó en el "acuerdo histórico" por el que el Estado asumirá medidas transitorias por importe adicional de 850 millones de euros para la Comunitat.
Fuentes del departamento que dirige Vicent Soler sostienen que el conseller estuvo "desde primera hora de la mañana" en contacto con dirigentes de la coalición a nivel estatal, como el portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, y autonómico: la vicepresidenta, Mónica Oltra, y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando.
Desde Hacienda rechazaron de este modo las críticas de Oltra, que el jueves volvió a tildar el acuerdo de "mejorable" y consideró que "un maltrato singular necesita una reparación singular". En la misma línea, el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, constató la existencia de "malestar" en la coalición porque el 'sí' del Consell en el CPFF "no estaba pactado" en el Botànic.
"En todo momento, el conseller convino con ellos (Compromís) que, si el Gobierno no ponía una mejora tangible para la Comunitat encima de la mesa, se mantendría la abstención, recalcaron desde la Conselleria de Hacienda.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
