Cerrar À Punt, recuperar el modelo Alzira y derogar la ley LGTBI: hoja de ruta de Vox en la Comunitat

VALÈNCIA. El presidente provincial de Vox Valencia, José María Llanos, deslizó este miércoles algunas de las líneas maestras que le gustaría implantar en la Comunidad Valenciana si a partir de las elecciones de mayo su partido tuviera opción de gobernar en un tripartito de derechas. Una suerte de ideario que regiría el programa político de la formación y que sería similar a lo ya planteado en Andalucía, pero adaptado a la especificidad y realidad valenciana. Destacaron entre las propuestas especialmente tres: el cierre de À Punt, la vuelta a las concesiones sanitarias y la derogación de las leyes como la de igualdad LGTBI, la de Violencia de Género, y la de Infancia y Adolescencia.

"Son cuestiones fundamentales", subrayó Llanos. Comenzó censurando a la televisión pública que dirige Empar Marco al calificarla de "ineficiente e innecesaria". ¿Los motivos para tales "piropos"? A su juicio, ya hay "medios privados capaces de ofrecer información de proximidad" y, con el centro territorial de TVE en la Comunidad Valenciana, consideran que sería "suficiente" para ofrecer información de calidad. Una amenaza contundente a los medios de comunicación valencianos que apenas han iniciado su andadura, ya que las emisiones de la televisión comenzaron en junio. La propuesta, sin embargo, sería totalmente singular a lo planteado anteriormente por la formación que preside Santiago Abascal en Andalucía, donde únicamente proponían a PP y Ciudadanos rebajar el presupuesto de Canal Sur pero en ningún momento llegaron a contemplar su desaparición. 

Tampoco las políticas sanitarias que ha llevado a cabo el Consell en esta legislatura -convertidas, de hecho, en uno de los proyectos estrella del Ejecutivo del Botànic-, se mantendrían: una de las principales pretensiones de Llanos sería recuperar el modelo Alzira. Para Vox, la defensa "de una sanidad bien gestionada" pasaría por "la posibilidad de externalizar" servicios para "adelantar entre todos" porque el sector público "no está siendo capaz de gestionar las reversiones".

El tercer objetivo se centraría en el departamento que actualmente dirige Vicent Marzà. Así, en materia educativa Vox seguiría la estela marcada ya por Ciudadanos y PPCV en esta legislatura, pues de la misma manera que naranjas y populares consideran que el Consell está imponiendo el valenciano en los colegios -el partido ultraconservador defiende las normas del Puig, junto a Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV)- y, por lo tanto, la pretensión es acabar con todo lo referente al "catalanismo". 

Si alcanzaran el Palau de la Generalitat -creen que pueden llegar a ser primera fuerza y en ello se centrarán sus esfuerzos según explicó Llanos- desearían que se enseñara "la verdadera historia" para acabar con lo que el presidente provincial calificó de "desmemoria histórica". Es más, acusó al profesorado de Historia de la Universitat de València de "engañar", si bien no quiso aventurar si lo hacían "adrede". 

Ahora bien, donde se mostró todavía más contundente Llanos fue en la necesidad de que se ofrezca un cheque escolar a los padres para que tengan en su mano el dinero que, consideran, que se está "malgastando con la enseñanza pública". Su tesis es la siguiente: si se somete a todo el mundo a una enseñanza pública poniendo trabas a la enseñanza concertada y privada, "se está controlando" la educación desde la administración. 

En esta línea, la libre competencia sería, en el programa de Vox, el remedio para hacer frente a la actual "baja calidad de la enseñanza". Al hilo de ello, y preguntado sobre el posible traspaso de alumnos de la escuela pública a la concertada y privada aprovechando este cheque, Llanos explicó que "no todo es blanco o negro" y que el sector público de enseñanza, si es de calidad, nunca desaparecerá pese a competir con la privada. Eso sí, en cuanto al adelgazamiento de las filas de profesores que de ello se derivaría, arguyó que España "es el país que más funcionarios tiene con diferencia" y que "hay muchos mecanismos para reasignar los trabajos".

La retahíla de planes para revertir todo lo realizado en esta legislatura por el actual Consell no cesó en aproximadamente una hora que duró la atención a la prensa. Después de À Punt, Sanidad o Educación, llegó el turno de Políticas Inclusivas. Y ni ley de Infancia y Adolescencia, ni la de igualdad LGTBI. La primera llegó a calificarla de "aberrante" por "manipular" a los niños "desde la más tierna infancia", si bien no justificó sus afirmaciones en datos objetivos. De la segunda, la norma reconocida por las fuerzas del Botànic como la más avanzada en toda España, dijo que está generando "desigualdad entre los ciudadanos". Conviene apuntar que la formación ultraderechista -apelativo del que reniegan- siempre se ha mostrado contraria al matrimonio igualitario. 

De la misma manera que consideran que la ley LGTBI -cuyo fin último es velar por la igualdad de las personas independientemente de cuál sea su condición sexual- genera desigualdades, también opinan lo mismo del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista. Un acuerdo firmado por todas las fuerzas políticas con representación en Les Corts en noviembre de 2017 pero que Vox pretende eliminar si consigue tener un peso predominante en un futuro Gobierno valenciano de derechas.  Con todo, uno de los focos principales para el partido de extrema derecha es suprimir las leyes estrella del departamento de Mónica Oltra. En su lugar, creen que debería impulsarse una normativa de "protección de la familia natural" para "proteger a aquellos que traen niños a este mundo y velan por la natalidad". 

Los conflictos empiezan a aflorar

Tuvo que enfrentarse el portavoz a preguntas sobre cuestiones internas de su partido, que está viviendo un considerable crecimiento, especialmente marcado desde los comicios andaluces. Unas afiliaciones masivas que están llevando a Vox a enfrentarse a problemas que no tenía, o no perjudicaban tanto al partido, cuando presentaba una implantación menor en el territorio valenciano. Son conflictos sobrevenidos que la dirección nacional y provincial deberán gestionar con celeridad si pretenden guardar cierta estabilidad de cara a las elecciones de mayo.

Uno de ellos es la convocatoria de las primarias para elegir las candidaturas a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de la capital. Todavía está en el aire si estas se producirán o no, y Llanos, que no sabe si concurrirá a una u otra lista, aclaró que esta cuestión depende de Madrid y no de su voluntad. No obstante, existe en algunos sectores del partido cierto recelo a la pasividad del presidente provincial en relación a la convocatoria de primarias. Cada vez que se refirió a las candidaturas este miércoles, no faltó la apostilla, "si hay primarias".

Al respecto, explicó que el crecimiento rápido de las afiliaciones en muchas localidades está permitiendo la entrada de personas desconocidas en la formación. "Se acerca de todo, muchísimo bueno, pero algo malo", los llamados arribistas que, según Llanos "quieren destruir el partido". Por ello, fue contundente a la hora de responder sobre a qué municipios se iba a presentar Vox: "Presentar listas por presentar, no lo vamos hacer".

De hecho, ya ha habido un conflicto en Torrent. Como todavía no hay Comités Ejecutivos Locales -pese a la postura de algunas voces internas-, se ha optado por nombrar a dedo a coordinadores que funcionen como una suerte de gestora temporal para "dinamizar las localidades", en palabras de Llanos. Según explicó el portavoz de la formación de ultraderecha, el coordinador de Torrent tuvo problemas con su equipo de trabajo, por lo que se decidió eliminar aquella delegación por el momento.

Con todo, el próximo 23 de febrero tendrá lugar la Asamblea General de Vox en Madrid, donde, si se decide llevar a cabo unas primarias, seguramente se decidirán los plazos y el reglamento que las rija. Los plazos que se barajan hacen pensar que estas se celebrarían en el mes de marzo.