Carmen Montón. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. A Carmen Montón le molesta el derecho administrativo. Es engorroso, lento, un obstáculo para su misión. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública descubrió de golpe al llegar a la Administración, tras una larga carrera en cargo electos sin responsabilidad en gestión, que toda su actuación estaba sometida a unos procedimientos. Otros consellers acusaron el golpe mucho peor, sus departamentos pasaron meses sin avances en la gestión, entre ellos Mónica Oltra, que anunció cambios legales que tampoco llegan.
Montón no. Ella demostró muy pronto que ningún trámite iba a arruinar sus políticas ni sus deseos de nombrar a quien le viniera en gana, que para eso tiene una Conselleria enorme y un partido sin suficientes puestos de responsabilidad en la Administración.
La primera pista de lo que iba a ser una actuación al filo de la ley la dio con el anuncio de nombramiento como gerente de La Fe de Mónica Armiñana. Cuando le dijeron, una vez anunciado, que debía hacer una convocatoria pública para cubrir el puesto no percibió que fuese ningún escándalo que hiciera la convocatoria y el puesto lo ganara la senadora socialista catalana a la que se lo había atribuido previamente. "Es un puesto de libre designación", alegó.
Cuando la ley obliga a hacer una convocatoria pública para un puesto que, efectivamente, es de libre designación, uno entiende que lo que el legislador pretende es que la consellera haga la convocatoria y de entre los que superen determinado nivel pueda elegir con cierta discrecionalidad al que más le guste. Montón lo entiende al revés, hay que elegir a dedo y luego convocar el proceso para, sin ningún respeto por gente que seguramente está en paro, hacerles perder un tiempo que podrían dedicar a presentarse a procesos de selección de personal sin duda más limpios.
Sin llegar a anunciar previamente quién era el elegido, Montón repitió la jugada con el nombramiento de un director de Gestión Sanitaria mediante un proceso público en el que humilló a varios profesionales con una dilatada experiencia en la materia. Por encima de ellos, el elegido fue un periodista leonés cuyos méritos eran que un día escribió un artículo sobre sanidad –con los que ha escrito un servidor podría ser subsecretario–, que de gestión sanitaria no tendrá ni idea pero que ha hecho una gran labor colocando los mensajes de Montón en medios de comunicación de la capital de España.
Cuando un procedimiento para elegir entre los mejores se desvirtúa para situar el compañerismo por encima de cualquier criterio de selección acaba uno rodeándose de un equipo cuya única virtud es la cohesión –y no siempre– con el que se pretende hacer frente a empresas muy bien asesoradas para defenderse. En su cruzada contra la gestión privada de la sanidad, Montón pasa por encima de todo aquello que le desvía de su objetivo, sabiendo –o debiendo saber– que los errores administrativos son la munición de los ciudadanos y las empresas contra la maquinaria pública.
Carmen Montón es la segunda consellera que intenta acabar con el libre acceso de pacientes al IVO. El primero fue Luis Rosado, quien no solo no lo logró sino que ocho meses después fue cesado y sustituido por el hasta entonces director general de la fundación oncológica, Manuel Llombart, que desde el pasado 1 de julio está de nuevo al mando.
Montón no se habla con Llombart, igual que no se habla con Alberto de Rosa, lo que no tendría la mayor importancia si no fuera porque son los responsables de la atención sanitaria pública de 30.000 enfermos de cáncer en el primer caso y de más de 600.000 valencianos en el segundo. Y cuando uno gobierna sin diálogo porque controla el DOGV cabrea a los administrados, que responden con las armas a su alcance reunidas por un despacho especializado en contencioso-administrativo. Por eso es tan importante no cometer errores.
El proceso de contratación del IVO es una chapuza que no acabará en los tribunales –esperemos– porque desde el presidente Puig hasta el último paciente le parece bien que siga colaborando con la Generalitat. El 'concurso' –stricto sensu no es ni un concurso para evitar que tuviera la competencia de las empresas privadas– es un traje a medida que solo recurrió la sanidad privada, y sin mucho empeño excepto en el caso de Ribera Salud, más por devolvérsela a Montón que por interés en competir con el IVO.
Manuel Llombart lanzó un órdago para tratar de mejorar las condiciones, algo imposible porque el pliego con unas reglas muy claritas estaba ya publicado. El director general del IVO se encontró entonces con munición en el propio expediente de contratación: un informe de la Abogacía de la Generalitat advirtiendo de la posible ilegalidad de la convocatoria, al que Montón no hizo caso porque encargó un contrainforme a un subdirector general –economista, no abogado–, al que la consellera rescató cuando el susodicho tuvo que renunciar a repetir como alcalde de Benimodo tras ser imputado –luego fue absuelto– por prevaricación urbanística. Montón siguió adelante incluso cuando otro informe, de la Intervención General, respaldó el de la Abogacía y señaló otras irregularidades en la convocatoria. Llombart ya tenía excusa para no firmar.
La cadena de despropósitos no acaba ahí, porque al IVO no solo se le hizo un traje a medida, sino que cuando le salieron cortas las mangas la Generalitat se prestó a corregirlas de cualquier manera. Estos son mis informes pero si no te gustan tengo otros, vino a decirles Ximo Puig a los patronos, y la Abogacía de la Generalitat escribió otro informe en el que vio correcto lo que antes no lo era. Que se les pasa el plazo, pues que firme el director general la prórroga con fecha de tres días antes. Que no te gusta esta cláusula, pues Montón promete al presidente del Patronato que se aplicará de otra manera. Que lo quieres por escrito, es que eso sería ilegal; que por escrito, pues toma un borrador sin firma; que eso no es por escrito…
Me viene a la memoria el caso de la pequeña empresa de autobuses de La Marina que se presentó en solitario al lote de su zona del concurso de transporte escolar. Rellenó todos los papeles con una oferta a la baja del 42%, excepto en los autobuses de más de 55 plazas, que como no iba a utilizarlos puso el precio de licitación, 233,60 euros. Solo que se equivocó y puso 233,90. A la calle por pasarse. La empresa alegó que era un error tonto, que esa modalidad de transporte no iba a utilizarla ni a cobrarla, que no habría un tercero perjudicado si se corregía porque la suya era la única oferta, que el concurso iba a quedar desierto de forma absurda por haber confundido un 6 con un 9, que era evidente que querían poner un 6, que eran 30 céntimos… A la calle. Contra toda lógica pero ciñéndose estrictamente a la ley, la oferta fue descalificada por la Conselleria de Educación y el lote declarado desierto. Nadie llamó al dueño de Autobuses Ifach para arreglarlo. Todos salieron perdiendo.
El empresario afectado estará preguntándose por qué a él lo trataron así, si cuando hay buena voluntad todo se puede arreglar. A lo mejor es porque tiene ánimo de lucro, no como el IVO.
Carmen Montón ha convocado este domingo a los patronos del IVO para hacer un último intento de que confíen en su palabra, ya que firmarles un papel sería rizar el rizo. Si finalmente el Patronato decide no firmar el contrato hecho a su medida, no se podrá acusar a la consellera de no haberlo intentado por todos los medios.
