Camps salva su tercer 'match ball'

VALÈNCIA. La petición de archivo por parte la Fiscalía Anticorrupción de la causa abierta contra Francisco Camps por las presuntas irregularidades en varios contratos de la construcción del circuito de Fórmula 1, pilló este viernes a pie cambiado a jueza y acusación particular, que ejerce la Generalitat. Una petición que, de ser atendida por la jueza, que es lo más habitual, libraría por tercera vez al expresidente en una causa penal cuando estaba en el banquillo o a punto de sentarse en él. Es el tercer match ball de este tenista aficionado al que aún le quedan algunas bolas de partido por salvar.

El que fue presidente de la Generalitat entre 2003 y julio de 2011 fue absuelto en enero de 2012 por un jurado popular en el conocido como caso de los trajes, pieza separada del caso Gürtel. Se sentó en el banquillo junto al que fue secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, acusados de cohecho pasivo impropio por supuestamente aceptar varias prendas de vestir de la trama corrupta. 

Fue la vez que más cerca estuvo de ser condenado. Desde entonces las causas judiciales por corrupción se le han ido acumulando al Molt Honorable, pero una a una, ha ido sorteando el banquillo.

El pasado 27 de diciembre, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de València, Beatriz Sobremonte, archivaba la causa matriz del caso Valmor, en la que investigaba presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 a través de la empresa Valmor Sports y en la que solo quedaba como imputado el expresidente Camps. La titular de ese juzgado consideró que la investigación practicada no permitía sostener una acusación por delitos de malversación y prevaricación en esta causa y que no existían "indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho".

Al contrario que en el caso de la Fórmula 1, aquí era el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, quien solicitaba el procesamiento de Camps en un durísimo escrito. Sin embargo, la jueza indicó que los informes de la UDEF, "aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías", la conclusión de que existan esos delitos y, además, descartó volver a unir este procedimiento a las otras dos piezas separadas que instruía y que estaban relacionadas con la celebración de la prueba deportiva, como pedía la Abogacía de la Generalitat.

De esta forma, la magistrada atendió la petición de archivo que Camps formuló en octubre, tras examinar unos correos electrónicos aportados por el investigado que evidenciaban que Bancaja, avalista inicial, no había firmado el contrato de julio de 2011 para prorrogar la celebración de la prueba, con lo que este no tenía la garantía de Bankia, principal prueba de acusación.

Camps salvó este segundo match ball, aunque el sobreseimiento provisional fue recurrido por la Generalitat -no así por Anticorrupción-, recurso que debe resolver la Audiencia Provincial.

Además, al expresident le quedan dos causas más abiertas. Por un lado, está imputado en los presuntos amaños de contratos en la visita del Papa Benedicto XVI y, por otro, figura como investigado en la conocida como pieza de los contratos menores que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El fiscal pide el archivo por "prescripción"

En el tercer match ball, si la jueza atendiera la petición del fiscal conocida este viernes, quedarían exonerados, además de Camps, el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, la mano derecha de Flores Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, el directivo de la constructora FCC José Mayor Oreja -hermano de Jaime Mayor Oreja, exministro de Aznar- y otras once personas.

Sobre la petición de archivo, fuentes cercanas a la Fiscalía consultadas por Alicante Plaza explicaron que la petición responde a que el fiscal considera que los posibles delitos cometidos por Camps han prescrito. Concretamente, la prescripción por la que se solicita el archivo se basa en dos patas: La primera, la malversación, que no puede ser agravada (prescripción de 15 años) basándose en el Código Penal de 1995, según entiende Anticorrupción. Esto tumba la primera pieza del dominó y hacer caer el resto de las piezas hacia el archivo solicitado, pues el delito más grave es el que marca la prescripción y sin la "malversación agravada" bajaría a los 10 años.

A este respecto, aunque hay un contrato que, según el Ministerio Público, implicó supuestamente una malversación de 180.000 euros, el código de 1995 no considera dicha cantidad como agravada, lo que implica la prescripción de dicho delito, pues se firmó en 2007, diez años y cuatro meses antes de que se judicializara el caso.

La segunda pata es la prevaricación continuada (10 años de prescripción), que también estaría prescrita porque, por un lado, si no hay malversación agravada el plazo de prescripción son 10 años. La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se presentó en enero de 2017 y la prescripción se produjo en septiembre. La querella de la Fiscalía contra Camps se presentó en enero de 2018.

A este respecto, hay que explicar que cuando un ciudadano, administración o entidad interpone una denuncia en la Fiscalía se abre siempre lo que se conoce como Diligencias de Investigación Penal (DIP). Una vez abiertas las DIP, el Ministerio Público comienza una investigación que puede terminar en archivo o en una querella en un juzgado si hay indicio de delitos, como fue el caso en la F1. El problema es que, durante el tiempo que dicha investigación se mantiene en DIP el plazo de prescripción sigue corriendo, ya que solo se paraliza en el momento en que se judicializa con la querella.

En el caso de los contratos de la F1, el fiscal investigó en DIP hasta que encontró indicios de "malversación agravada" y entonces formalizó la querella. Sin embargo, tras toda la instrucción, solo uno de los contratos era susceptible de malversación y, al no cumplir los requisitos de ser agravada, el resto de los delitos que tenían una prescripción de 10 años habían prescrito por esos cuatro meses, ya que la querella del fiscal se interpuso el 30 de enero de 2018 -llevaba investigando desde el 1 febrero de 2017- y el delito se cometió entre el 12 de marzo y 28 de septiembre de 2007.

A todo ello hay que sumar un informe llegado a última hora de la Intervención de la Generalitat que dice que no puede acreditar que hubiera perjuicio para el erario. El fiscal se apoya también en dicho escrito para pedir el archivo.

Informe sin "criterio técnico"

En cuanto al informe de la Intervención de la Generalitat, dice el escrito que existen tres puntos fundamentales: el primero es que se informa que no se dispone del criterio técnico suficiente para cuestionar las valoraciones técnicas de las ofertas de los licitadores y las puntuaciones asignadas como consecuencias de éstas; en segundo lugar, que tampoco se dispone de criterio técnico suficiente para valorar las circunstancias técnicas determinantes de la necesidad de tramitar las modificaciones de los contratos en aquellos expedientes en que se ha producido y, finalmente; y "como consecuencia inevitable" y en tercer lugar, no se dispone de criterio técnico para valorar que los importes de los presupuestos base de licitación y los precios de contratos analizados, sean adecuados al mercado en el momento en que se licitaron y adjudicaron los mismos.

Básicamente, lo que dice el Ministerio Público es que, en consecuencia, desde la Intervención "se han limitado a comprobar la regularidad de los pagos y su contabilización en el ente correspondiente, sin que en ningún caso al no existir informe elaborado por peritos ingenieros se ponga en cuestión si la obra ha sido realizada, si hubo sobrecostes en la misma, si se desvió dinero para otras finalidades, si eran ajustadas técnicamente las modificaciones, concluyendo que no existe perjuicio económico alguno evaluable".

Ahora es el turno de la Generalitat, que en los próximos días deberá pedir a la magistrada la apertura de juicio oral para Camps y el resto de investigados o el sobreseimiento. En este segundo caso, la magistrada solo podrá archivar por falta de acusación, mientras si hay acusación tendrá que decidir si atiende la petición de la defensa y el fiscal o envía a Francisco Camps al banquillo.