VALÈNCIA. (EP). La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ve "difícil, pero no imposible" alcanzar con los grupos políticos un acuerdo que permita sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
Así lo ha dicho en la clausura del XXIII Encuentro de Economía en S'Agaró (Girona), un acto que ha supuesto el primer viaje como ministra que ha realizado a Cataluña.
"Mientras las cosas no sean imposibles hay que seguir intentándolo. La negociación de los presupuestos es uno de los ámbitos clave de la acción política y donde creo que es más importante, si cabe, instar a este diálogo", ha afirmado.
En este sentido, ha considerado "difícil de entender" que haya grupos parlamentarios que se nieguen a sentarse para discutir las cuentas, y ha destacado la necesidad de retomar la disciplina fiscal y presupuestaria, con una desviación estimada por el Gobierno del 1,8% para 2019.
Ha apuntado que la CE ha estimado que el déficit de 2019 será del 2,1% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dicho que sin presupuestos la desviación sería del 2,4%, una cifra compartida por la CE: "Si tenemos que prorrogar los presupuestos y arrastras gasto público sin ajustes estructurales de los ingresos, tendremos más déficit y deuda el próximo año".
Ha admitido que se trata de un objetivo ambicioso, pero "responsable para no poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo", y ha indicado que no se puede seguir fiando el déficit público a la buena marcha de la economía.
Ha defendido que, aprobando estas cuentas, España tendría un superávit primario si se excluye el coste de la deuda pública, y permitiría doblar el ritmo de reducción de la deuda pública en comparación con los tres últimos ejercicios, pasando de un 98,1% en 2017 a un 95,5% a finales de 2019: "No lo hacemos porque nos obligue nadie, sino porque es necesario. Preferiría gastarme los 30.000 millones de intereses de deuda en sanidad, educación e inversiones productivas".
La aprobación de las cuentas también permitiría, ha destacado, reducir la desigualdad en España, aumentando las rentas mínimas para los colectivos más desfavorecidos, el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros y la revalorarización de las pensiones.
Ha reconocido que se trata de un proceso complejo que requiere del apoyo del Gobierno, de las comunidades, de las corporaciones locales, de los ciudadanos y de las empresas: "Es absolutamente necesario y, sobre todo, urgente".
Ha recordado que las previsiones del Ejecutivo de crecimiento económico para este año son de un 2,6% y de un 2,3% en 2019, también impactado por la ralentización del crecimiento mundial, mientras que el FMI, la Ocde y la CE estiman un 2,2%: "España seguirá teniendo un crecimiento notable por encima de la UE y las economías del entorno".
"Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos y la normalidad institucional, contando con todos y cada uno de los territorios del país, grupos políticos y los ciudadanos", ha finalizado la ministra, que ha añadido que esto es lo inteligente y lo que va en beneficio de todos los catalanes y de todos los ciudadanos del país.
