Bruselas pide explicaciones por la condonación de 350 millones de deuda al Consorcio València 2007

VALÈNCIA. La Comisión Europea vuelve a poner el foco sobre el Consorcio València 2007. El anuncio del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que el Estado asumirá 350 millones de euros de la deuda generada con la financiación de las infraestructuras de la América's Cup ha puesto en alerta a Bruselas, que ya ha pedido explicaciones a España sobre esa condonación.

Según confirmaron a Valencia Plaza fuentes del Consell, la Dirección General de Fondos Europeos ha recibido esta misma semana una comunicación de la Comisión Europea (CE) en la que se solicita que se amplíe la información de ese anuncio del jefe del Consell a raíz de su publicación en medios de comunicación.

La asunción por parte del Estado de 350 millones de la deuda que arrastra el Consorcio, un ente participado por el propio Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, forma parte del conjunto de contrapartidas negociadas por el Consell con el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de votar a favor de los objetivos de déficit propuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana pasada.

La Comunitat, que en la anterior reunión del CPFF fue la única región socialista que no apoyó la misma senda de estabilidad planteada por la ministra María Jesús Montero, se movió de la abstención al 'sí' a cambio de la condonación de la deuda del Consorcio y otras contrapartidas que el Consell estimó en 850 millones de euros. Este cambio, no obstante, desencadenó una crisis entre el PSPV y su socio en el Consell, Compromís, que era partidario de mantener la abstención por entender que lo ofrecido por Sánchez no supone la llegada de recursos adicionales para la Comunitat.

La nueva petición de explicaciones de Bruselas se enmarcaría dentro del expediente abierto para investigar la si el préstamo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió al Consorcio con motivo de la America's Cup con el aval del Ministerio de Hacienda constituye una ayuda de Estado ilegal.

Bruselas ya preguntó por el crédito del ICO

En la última petición de información dentro del expediente abierto por presunta ayuda de Estado ilegal, Bruselas pide que se le envíe abundante documentación sobre varios asuntos como la situación financiera del Consorcio, cuya deuda supera los 426 millones de euros, el detalle de las obras que se pagaron con el préstamo del ICO o los servicios que actualmente presta al mercado, entre otros temas.

La misiva, que daba 30 días de plazo al Consorcio para presentar la documentación reclamada, la Comisión Europea realiza varias preguntas específicas sobre el crédito del ICO relacionadas con una supuesta condonación.

Entre otras cuestiones, se piden aclaraciones sobre si las autoridades españolas "han modificado cualquiera de las condiciones de este préstamo hasta ahora o han pagado alguna cantidad en su calidad de garantes".

"¿Han participado las autoridades españolas en cualquier acción formal por la que se renuncie a este préstamo? ¿Ha habido conversaciones sobre una renuncia de este tipo hasta la fecha?", pregunta Bruselas, quien también reclama saber para qué utilizó el Consorcio los 319 millones del préstamo del ICO. "¿Qué obras de infraestructura se cubrieron exactamente con dicho préstamo? ¿Se financiaron con él también otros gastos no relacionados con la infraestructura de la Marina?", insiste la carta.

Además, pide saber si el Estado, la Comunitat o el Ayuntamiento han renunciado a sus derechos frente al Consorcio (en los tribunales, contractualmente o extrajudicialmente) para reclamar la devolución de los plazos del préstamo concedido: "Les rogamos aporten pruebas de las medidas adoptadas hasta la fecha".

La Dirección General de la Competencia de la CE considera que el ente público creado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València desarrolla una "actividad comercial" supeditada a las normas sobre ayudas estatales. Aunque inicialmente el Consorcio se constituyó para coordinar la candidatura de València y organizar la competición, las administraciones fundadoras decidieron mantenerlo vivo tras la competición de vela con el objetivo de explotar la Marina de València en busca de ingresos que le permitan devolver el crédito del ICO.

Esos ingresos, que proceden del alquiler de amarres de la marina deportiva o de las bases que se levantaron para los equipos participantes, nunca han sido suficientes para afrontar la devolución del crédito, del cual está respondiendo la Dirección General del Tesoro como avalista de la operación.

En total, la deuda del Consorcio supera ya  los 426 millones de euros y engorda a razón de 8 millones de euros al año entre intereses y recargos.

Una reivindicación "histórica"

Por ese motivo, las administraciones valencianas en el Consorcio –Ayuntamiento y Generalitat– han venido reclamando en los últimos meses al Gobierno central una solución global a la deuda de la Merina. La aspiración era que el Estado condonara la carga no asumible por el propio Consorcio, tal y como estaría dispuesto a hacer el Gobierno de Sánchez, según anunció Ximo Puig la semana pasada.

Hasta ahora, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy no había atendido esa petición, por lo que el jefe del Consell destacó que el gesto de Sánchez soluciona "una de las grandes discriminaciones que ha sufrido la Comunitat", ya que el Estado sí había asumido hasta ahora otros créditos del ICO para financiar acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o las exposiciones universales de Sevilla o Zaragoza.

Por el momento, ni el Ministerio de Hacienda y ni la Conselleria de Vicent Soler han precisado cómo se llevará a cabo esa condonación. Por su parte, el alcalde de València y presidente del Consorci, Joan Ribó, valoró positivamente que el Gobierno central asuma directamente parte de la deuda del Consorcio, pero exigió que la decisión comporte "la totalidad de la deuda reconocida de La Marina".

La investigación de la Comisión Europea al Consorcio València 2007 se inició a principios de 2017 tras una denuncia ante las autoridades de la competencia comunitarias de competidores de la Marina de València en la comercialización de amarres.