VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo ha trasladado ya a los representantes de los trabajadores que los funcionarios de la Generalitat Valenciana volverán al trabajo presencial total el próximo lunes 22 de junio con la llegada a la nueva normalidad. Una decisión plasmada en una disposición que ha sido apoyada por los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV, pero que ha chocado con la oposición frontal de CSIF e Intersindical, que tachan de "irresponsable" e "imprudente" la determinación.
El documento presentado a las organizaciones sindicales es categórico: "Desde el día 21 de junio de 2020, el 100% del personal al servicio de la Administración de la Generalitat deberá incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo". Un redactado que, según subraya la propia Conselleria, ya se sabía desde el pasado 8 de mayo -fecha en la que se publicó una resolución para regular la organización en la Administración y en la que se fueron añadiendo las nuevas medidas a adoptar con los sucesivos cambios de fase-, pero que ha levantado en armas a CSIF e Intersindical, que son partidarios de mantener el teletrabajo ante el "grave riesgo de la incorporación presencial innecesaria de los trabajadores", en palabras de los primeros.
En este sentido, la Central Sindical Independiente de Funcionarios ha remitido a primera hora de esta tarde un comunicado en el que lamenta que la consellera de Administración Pública "vaya por libre e imponga su criterio doloso contra el personal a su cargo, demostrando gran desconocimiento de la gran respuesta de los empleados públicos en la crisis". El sindicato critica que el departamento de Bravo no haya contemplado la posibilidad de mantener la modalidad de trabajo no presencial como sí ha hecho el Ministerio de Función Pública que dirige Carolina Darias con los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado (AGE), que podrán teletrabajar cuatro días a la semana para poder conciliar, tras llegar a un acuerdo con CSIF.
Por su parte, UGT y CCOO defienden el teletrabajo pero consideran que éste debería combinarse con la modalidad presencial, mientras que Intersindical, en la misma línea que CSIF critica la "falta de voluntad negociadora" que ha tenido la Conselleria en esta cuestión, por lo que acusan a la responsable del ramo de "deslealtad institucional" y aseguran que la decisión es "imprudente e irresponsable" porque supone "primar de manera precipitada la incorporación presencial de todo el personal sin evaluar el riesgo que supone para las personas, hay una insumisión normativa por ir en contra de priorizar el teletrabajo como establece el propio decreto del presidente".
El nuevo contexto que plantea ahora la Conselleria de Justicia y Función Pública para sus empleados públicos ha pasado este viernes por el pleno del Consell y que se publicará en las próximas horas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), deja sin efecto las medidas extraordinarias tomadas por el Gobierno valenciano durante la vigencia del estado de alarma sobre la actividad presencial en los centros de trabajo de la Administración que limitaban la presencia de funcionarios al 10% al principio y al 85% en fase 3.
La disposición contempla que las personas pertenecientes a grupos más vulnerables a la covid-19 podrán solicitar al Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) la emisión de un informe de evaluación que determinará si procede o no la incorporación del interesado a su puesto de trabajo. Una normativa cuya esencia es contraria al decreto firmado la semana pasada por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el que establecía que la modalidad del teletrabajo sería una opción preferente en aquellos puestos que se pudiera continuar trabajando a distancia.
Desde la Conselleria de Justicia y Administración Pública explican que el teletrabajo todavía es una modalidad de trabajo que se debe regular y no todos los puestos de la administración pueden ser no presenciales. Y es que aunque existe un decreto aprobado por el Consell del Botànic I en 2016, las consellerias nunca han llegado a acogerse a él.
El sindicato CCOO PV ha denunciado que la Justicia se ha quedado "anclada en el pasado" y la consellera Gabriela Bravo, obligando a la reincorporación presencial del 100 % del personal de la Generalitat a partir de la próxima semana, "no quiere apostar por una verdadera modernización a través del teletrabajo". "La consellera Bravo desprecia el teletrabajo", aseguran desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en un comunicado, en el que señala que el pasado día 9 "se implantó la tercera fase de la desescalada en justicia, al margen de la fase sanitaria en que se encontrara el territorio y por imposición del propio Ministerio de Justicia".
"Llevamos 10 días de descontrol en los que, entre la Conselleria y una parte importante de letrados y letradas de la Administración de Justicia, que se han desentendido de la organización de los juzgados, no se han hecho que se cumplieran las medidas de distanciamiento obligatorias entre los puestos de trabajo, obligando a ir a todo el personal a pesar de ello", critica.
A su juicio, una de las "soluciones más viables" era el teletrabajo, que se ha venido desarrollando por buena parte del personal en las fases anteriores y que el propio Ministerio de Justicia prevé en la Orden Ministerial que establece la desescalada de este sector. "Pero nos hemos encontrado ante un grave problema, mientras el teletrabajo es la opción más recomendada por el Ministerio de Sanidad, con el fin de evitar nuevos rebrotes, tanto para las empresas privadas como para la Administraciones Públicas, la consellera de Justicia lo deja a un lado", denuncia.
Según el sindicato, durante este confinamiento "ha habido juzgados enteros funcionando con un sistema mixto de teletrabajo, la mayor parte de la plantilla, y presencialidad, los servicios mínimos". A día de hoy, añade, esos órganos son los que han conseguido "evitar un volumen ingente" de trabajo atrasado y tienen actualizada la "avalancha de demandas" que llegaron cuando se levantaron los plazos judiciales "sin que las medidas sanitarias permitieran que hubiera apenas plantilla presencial en los Juzgados".
"Es cierto que el sistema no se ha utilizado de forma homogénea en todos los órganos judiciales y que en algunos de ellos han sido los propios letrados de la Administración de Justicia los que les han dicho al personal que querían que se hiciera teletrabajo y no han pedido las claves de acceso para su personal", añade.
