La estación. Fotos: RAFA MOLINA. BENIDORM. El pleno de Benidorm aprobó este lunes las actas de la comisión paritaria formada por técnicos del Ayuntamiento y de la empresa Estación de Autobuses de Benidorm SL, participada por el empresario Enrique Ortiz. De este modo, se cerraba este órgano de negociación en el que se llegaron a varios acuerdos para liquidar el contrato y sacar de nuevo a licitación estas instalaciones, como manda la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2007 y ratificada por el Supremo en 2012.
La comisión técnica ha estado formada por el secretario e interventor municipal, un técnico del área Económica y los representantes de la mercantil, además del alcalde en la última reunión. Entre los acuerdos con la empresa está que la cuantía de la tasación de la estación es de 24,5 millones de euros, que se liquidará a través de la nueva contrata, a lo que hay que añadir que la concesionaria hará obras de mejora por valor de 300.000 euros. En caso de que la licitación quede desierta, será de nuevo para Ortiz, pero ya con unas instalaciones legales.
La moción presentada por el equipo de gobierno solo contó con el voto a favor del PP, que tiene mayoría. Pero no convenció a la oposición, PSOE y Cs, que pidieron desde el primer minuto que se quedara sobre la mesa para ampliar la documentación de la propuesta con informes del secretario municipal y el interventor. En este sentido, el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, solicitó si se podía "clarificar" los derechos y obligaciones que tendrán ambas partes, "con detalle, para que todos seamos conscientes de esas implicaciones, porque si prospera la moción, va a ser vinculante", reclamó el socialista.
Frente a ello, el secretario municipal se mostró continuamente firme en la decisión de seguir adelante con la moción porque creía que la documentación estaba completa y aseguró que los derechos y obligaciones quedarían reflejadas en el acta del pleno.
Pero la disparidad de criterios llega con las declaraciones del interventor municipal. Éste señaló que en junio de 2018 se creó la comisión técnica, donde se establecieron unos requisitos de negociación que puso la empresa, pero no el Ayuntamiento. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo porque la indemnización no era asumible. Con todo, recalcó que el valor de la estación es el que adoptó el pleno en 2017 porque no fue impugnado por la empresa, esto es, unos 25,4 millones de euros, pero depreciando las amortizaciones. Esto lo dejaba en 20 millones de euros. Así, se llegó con este precio a la comisión que se retomó en 2020, y que, dijo, era "más política que técnica". En el seno de este órgano "es donde se ha llegado a plantear un nuevo acuerdo entre la estación y el alcalde", comentó el interventor.
Unas palabras que no sentaron bien al otro alto funcionario. El secretario municipal negó que existieran "comisiones políticas" y defendió que era "administrativa y creada por el pleno". Asimismo, afirmó que el acuerdo se había adoptado sin estar presente el alcalde mientras que las condiciones las establecieron los técnicos. "Podemos discutir hasta la saciedad, se ha hecho lo correcto", manifestó el secretario municipal. Éste apuntó a que otro tema sería que "no nos guste el resultado de las tasaciones" a lo que espetó que en ese caso, "que no se hubieran pedido".
Al diálogo de sordos entre el secretario municipal y el interventor se sumó el del gobierno y la oposición. El PSOE aprovechó para recordarle que el problema lo había generado el PP porque el proyecto y las licencias se concedieron cuando estaban en el poder. Los populares por su parte recordaron que el concejal de Liberales cuando estaban en bipartito con los socialistas, fue el que llevó a pleno una tasación superior a la actual: 35 millones de euros. Además de que el propio portavoz del PSOE, Rubén Martínez, aprobó vía decreto la legalización de los excesos de edificabilidad. Un asunto que había sido una buena decisión que avalaban nuevos informes, según defendió el socialista en su turno de réplica.
Al mismo tiempo, el líder de la oposición mostró todas las dudas sobre el acuerdo actual. A su juicio, la comisión paritaria se había llevado con demasiado oscurantismo. Tanto es así que decía desconocer que se había pedido dos nuevas tasaciones, sabiendo que había una aprobada por pleno. Es por ello que recordó que una de sus peticiones era tener presencia en la comisión. Punto en el que coincidía con el portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui. No obstante, su homóloga en el PP, Lourdes Caselles, rebatió esta idea asegurando que ella se fiaba de los técnicos municipales que habían negociado con la empresa.
Con todo, "viendo la disparidad de criterios" de los altos funcionarios y la diferencia de cuatro millones de euros entre el acuerdo y lo que valora el interventor, Martínez dijo que la situación le planteaba dudas.
"El que generó el problema está tratando de solucionarlo", manifestó en su intervención Balastegui recordando que el exceso de edificabilidad se logró día a día durante su construcción sin que el Consistorio revisara cómo estaban yendo las obras, en una legislatura gobernada por el PP y en la que ya estaba de regidor el actual alcalde.
El edil de Cs dijo que al que había que felicitar por la negociación era a "Ortiz porque siempre acaba ganando". En este sentido, señaló que no le cuadraban al menos 3 millones de euros entre las dos valoraciones comentadas. Un montante que dijo que podría ser importante para los futuros interesados en la adjudicación, que según vaticinó, tendrá poco éxito. Asimismo, planteó la idea de que esta diferencia se podría deber a evitar las posibles indemnizaciones a las que se enfrentaría el empresario con los locales comerciales que están ocupados y el hotel.
Frente a todo ello, la portavoz del PP señaló que había que licitar de nuevo el contrato, como así marcaba la sentencia firme. La manera era aprobando la moción después de lograr un acuerdo con la empresa y lanzó la duda de si con la posición que estaba tomando el PSOE y Cs realmente querían terminar con el problema o prolongarlo. Además, defendió que había sido una comisión transparente ya que en cuanto se llegó a un pacto con la empresa, se convocó la junta de portavoces para informarles de la situación.
Finalmente, PSOE y Cs pidieron votar la propuesta punto por punto. Mientras que el PP votó a favor de todos y cada uno de ellos, PSOE y Cs votaron en contra de los puntos uno y dos, que se refería a cerrar la comisión paritaria y aprobar las actas de cada una de las reuniones mantenidas. PSOE se abstuvo y Cs votó en contra de que este órgano constituido redacte el convenio entre la empresa y el Ayuntamiento de todos los derechos y obligaciones. Y se abstuvieron ambos grupos del último punto, que servía para notificar a los afectados del acuerdo tomado.
