Villar Mir, padre e hijoVALÈNCIA. Las acciones de OHL se movían tranquilamente sobre la zona de los 4,50 euros en las dos primeras horas de la jornada de ayer, cuando de pronto los teletipos informaban de que la Guardia Civil se había personado en la sede central de la constructora madrileña -como también en la de su homóloga cotizada tecnológica Indra- para requerir información sobre la 'Operación Lezo', que un día antes se traducía en la detención del expresidente de la Comunidad Madrileña, Ignacio González, a raíz de las investigaciones sobre la gestión del Canal de Isabel II de Madrid.
Y lo que era una sesión plácida para OHL se tradujo en una espectacular caída de sus títulos hasta los 3,85 euros pasadas las 13:30 horas. O lo que es lo mismo: se hundían casi un 15% y volvían a niveles a los que no cerraba desde la sesión del pasado 15 de marzo, cuando inició una escalada alcista que la llevó a rozar los 4,90 euros el pasado Lunes Santo.
Finalmente las acciones de la constructora controlada por la familia Villar Mir -a través de la mercantil Inmobiliaria Espacio- despidieron este auténtico 'jueves negro' desplomándose un 8,94% acabando en los 4,116 euros. "Pudo haber sido peor sin duda, pero el volumen de contratación fue elevado y habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos sobre un valor que trataba de levantar cabeza en bolsa", advertían desde una mesa de intermediación bursátil consultada por este diario.
Y no les falta razón porque se intercambiaron de manos casi 12 millones de títulos frente a una media diaria anual de menos de 2,4 millones, según los datos de Infobolsa. Por no hablar de que fue la cotizada más castigada del centenar que conviven en el Mercado Continuo; mientras que Indra, la otra investigada, se dejaba en el parqué un 2,23% convirtiéndose en el 'farolillo rojo' del Ibex 35.
Tras el cierre de la sesión, el grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir Jr. defendía que todos sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo. OHL subrayaba en un comunicado que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político y está prestando "máxima colaboración" con las autoridades.
El grupo constructor y de servicios reiteraba su política de "tolerancia cero" con la corrupción y recordaba que, "hasta la fecha", nunca ha sido condenada por este delito. OHL tiene presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid en el que le reclama 371 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del contrato de construcción y explotación de la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero adjudicado por el Gobierno regional, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.
Las mismas fuentes explicaron que los hechos por los que se investiga en la actualidad a la empresa, y que motivaron el registro de su sede en Madrid, se remontan a 2007 y se centran en la adjudicación de este tramo de cercanías, contrato que ha llevado a la compañía a perder "mucho dinero". Entre los problemas que tuvo que afrontar OHL relacionados con este contrato están, según las mismas fuentes, el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Móstoles del desembolso de 50 millones comprometidos o la paralización de las obras por el Ejecutivo regional pese a las diferentes alternativas presentadas por la empresa.
La compañía OHL defiende que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo, en relación a la información solicitada en el marco de la 'operación Lezo' sobre la gestión del Canal de Isabel II de Madrid.
El requerimiento de información a OHL se ha llevado a cabo por mandato del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En febrero de 2016, este magistrado ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación. La constructora emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al Partido Popular. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de una nueva fase de la denominada 'Operación Púnica', centrada en una presunta financiación del PP de Madrid.
