Anticorrupción pide siete años y medio de cárcel para Helga Schimdt

VALENCIA, (EP). La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de siete años y medio de prisión para la exintendente del Palau de les Arts Helga Schimdt por malversar fondos en el coliseo que dirigió. También le atribuye un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil.

Así mismo, el fiscal reclama ocho años de prisión para el que fuera director financiero Ernesto Moreno; siete años para el presidente del consejo de administración de Patrocini —empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores—, José Antonio Noguera Puchol; siete años de cárcel para el consejero delegado de esta firma, Joaquín Maldonado; y otros siete años para el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta.

Así consta en la calificación que el fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que ha investigado la externalización de servicios del Palau con pago de sobrecostes que implicaron un perjuicio a las arcas públicas.

El magistrado instructor dio por concluida la investigación el pasado mes de noviembre y dio un plazo de diez días al fiscal para que solicitara el sobreseimiento, la práctica de nuevas diligencias o la apertura de juicio oral.

Una externalización que incumplía la Ley 

En la calificación del fiscal se apunta la aparente contradicción que supuso la creación de la empresa Patrocini de les Arts. Así, se indica que  “al mismo tiempo que a nivel interno en el organigrama del Palau se decidía dotar de mayor relevancia orgánica al Departamento de Patrocinio (…) simultáneamente se adoptaba la decisión de proceder a la externalización de las funciones de captación de patrocinadores a través de la mercantil Patrocini De Les Arts S.A”.

Igualmente, el fiscal sostiene que esta decisión se adoptó por parte de la exintendente “tras la celebración de varias reuniones con los acusados José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado Rubio, con el conocimiento del acusado Ernesto Moreno Murcia”. Tras estas reuniones fue, según el fiscal, cuando se decidió crear una sociedad de naturaleza mercantil para gestionar la captación de patrocinadores, pese a que el Palau de les Arts tenía un departamento que se dedicaba a esta función. “De esta sociedad que tenía un evidente ánimo de lucro, pues no era ni una O.N.G. ni una Fundación sin ánimo de lucro, fue consejera la propia acusada Helga Schmidt”, una actuación que para Anticorrupción incumplía la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones Públicas y también de su propio contrato de fecha 1 de abril de 2005.

Obligaciones y exclusividad

La Fundación Palau de les Arts se remonta a enero de 2005 y estaba adscrita a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Se fichó como intendente y directora artística a Schmidt hasta enero de 2015. Entre las cláusulas de su contrato, de alta dirección, se establecía su necesaria firma para la asunción de obligaciones y su exclusividad.
 En julio de 2007 entró en escena Ernesto Rafael Moreno, a quien se le adjudicó un contrato de trabajo de carácter especial de Alta Dirección como director de administración de la Fundación.

En un momento determinado, la Fundación decidió externalizar la actividad de captación de patrocinadores, lo que se efectuó a través de Patrocini --mercantil en la que Schmidt figuraba como consejera (a través del nombre Helga Pittioni, utilizado en su pasaporte austriaco), con incumplimiento de la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y de su propio contrato firmado con la ópera en 2005--. Sin embargo, al mismo tiempo, a nivel interno en el organigrama del Palau se decidió dotar de mayor relevancia orgánica al Departamento de Patrocinio.

Durante el tiempo en que Schmidt compatibilizó "de manera ilícita" los cargos de intendente del Palau y consejera de Patrocini, suscribió cinco contratos que supusieron un "evidente beneficio económico" para la sociedad privada, según recoge el fiscal en su escrito provisional.

Así, la Fundación, con ánimo de eludir los controles administrativos, realizó estos contratos con la sociedad privada --presidida por Noguera y Maldonado-- por los que percibió 508.040 euros en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores.

Ante estos hechos, el fiscal Vicente Torres entiende que Schmidt creó un "artificio" para desviar fondos públicos a una empresa privada con conocimiento de que carecía de la infraestructura personal y material necesaria para desarrollar la actividad para la que se le contrató ilegalmente.

El ministerio público entiende, así mismo, que el pago de comisiones a Patrocini por captar patrocinadores no se puede justificar puesto que entre 2007 y 2010 se redujo considerablemente el número de patrocinadores, es decir, empeoró la situación.

Sobrecostes

Respecto a la Sociedad Viva Europa, constituida en diciembre de 2008 y cuyo administrador era Patrocini, tenía como objetivo cubrir el evento Viva Europa que pagaba la Fundación de les Arts. En este caso se sitúa a ambos lados de las sociedades Schmidt, quien ordenó, junto a Moreno, los pagos a la mercantil "a sabiendas de que el coste del evento era muy inferior al facturado". Además, la contratación de esta empresa --que carecía de una adecuada infraestructura personal y material-- se hizo con infracción de los principios de concurrencia y publicidad.

En relación con el evento Viva Europa 2009, el Palau realizó dos transferencias a la sociedad por importe de 300.000 euros y el fiscal entiende que inicialmente se pagó un sobrecoste "carente de toda justificación" de 143.525,50 euros. Sin embargo, entiende que esta cantidad ascendería a 248.222,79 euros por cobrar Viva Europa por gastos que excedían del contrato, como por el registro de dominios web o gastos de registro mercantil, entre otros.

Por Viva Europa 2010 la Fundación pagó 21.440 euros "carentes de justificación" y por la edición de 2011 se le transfirieron 100.000 euros que provenían de Aguas de Valencia, entidad que financiaba el evento. En total, el ministerio público estima que en este último caso se desviaron 60.000 euros públicos.

Otra de las actividades cuestionadas por el fiscal son la contratación de la Fundación con Radcliffe & Asociados S.L. En total se le adjudicaron trabajos de diseño e impresión de folletos y otras publicaciones, así como realización de una newsletter, cobró por ello y, sin embargo, no llegó a desarrollar estos trabajos, puesto que los mismos recayeron sobre La Imprenta Comunicación Gráfica S.L.

Los trabajos que se dijeron realizados solo se documentaron con un presupuesto, sin albarán ni nota de entrega, y ascendieron a la suma de 143.592 euros. Pese a ello, los pagos efectuados por el Palau a la empresa fueron mucho mayores. El fiscal entiende que en global no se habría justificado la cantidad abonada de entre 294.419,65 euros y 786.971,65.