ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante no logra unanimidad política para expresar el reconocimiento a los activistas por los Derechos LGTBI ni para la condena de los ataques homófobos, como el registrado el pasado 14 de febrero en el parque del Tossal, tras los desmarques -en distinto sentido- de PP y Vox a la declaración institucional registrada por el PSOE en esa dirección, tras un largo debate de más de cuarenta minutos en el que se ha evidenciado el clima de tensión política creciente entre las seis fuerzas políticas representadas en la corporación. Todo, pese a que sí se habían formulado declaraciones de condena conjunta hasta este viernes, como informó Alicante Plaza.
El pleno municipal sí ha aprobado dicha propuesta, por la que se reclamaba "un reconocimiento a todos los activistas por los Derechos Humanos LGTBI que han sido agredidos, perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por defender los Derechos Humanos, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia", además de ampliar los recursos destinados al desarrollo del primer Plan LGTBI de la ciudad. Sin embargo, la propuesta no ha contado con el respaldo unánime. Ha prosperado con los votos de PSOE, Cs, Unides Podem y Compromís, la abstención del PP y el voto en contra de los dos ediles de Vox. Todo pese a que el alcalde, Luis Barcala (PP), había expresado, en el inicio de la sesión, la condena expresa a esa agresión homófoba registrada en el Tossal, en la que una veintena de personas persiguieron a tres homosexuales y acabaron propinando una paliza a uno de ellos.
De hecho, la edil socialista, Llanos Cano, ha considerado, al defender la propuesta, que la adopción del acuerdo resultaba "especialmente necesario" a partir del ataque homófobo registrado el pasado 14 de febrero en el parque Tossal. Sin embargo, la iniciativa ha quedado aprobada sin unidad del conjunto de grupos políticos con representación municipal.
Así, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, que también ha expresado su condena por ese episodio de violencia "que hay que sacar de nuestras calles", ha justificado su voto en contra al considerar que la propuesta plantea "educar a los jueces" o "educar a los niños" en materia LGTBI, cuando, en su opinión, la educación de los niños es una cuestión "que depende de los padres".
El edil de Compromís, Rafa Mas, ha expresado su respaldo "sin que quepan más rodeos", en referencia a las justificaciones de Vox. El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha planteado la incorporación de las enmiendas preacordadas con el PSOE para expresar el rechazo del pleno al ataque homófobo del parque Tossal, así como el estudio de acciones legales por parte del Ayuntamiento, ejerciendo la acción popular, en las diligencias abiertas en relación a ese episodio, como ha planteado finalmente el propio primer edil, en una sugerencia de rectificación.
Después de que las enmiendas hayan quedado incorporadas, López ha apuntado que "hemos llegado al punto que nos temíamos por los discursos de odio de la ultraderecha" que, según ha añadido, se ha dedicado a "señalar a las personas LGTBI". Así, ha dicho no creer las palabras de condena expuestas por los representantes de Vox durante el mismo debate plenario y ha incidido en que "los homosexuales nos hemos tenido que esconder pese al avance de los derechos".
Además, ha apuntado que "en este ayuntamiento hemos tenido grupos que se han dedicado de manera reiterada a formular acusaciones graves, intentando borrar las políticas LGTBI en Alicante en los presupuestos, y ustedes, señores de PP y Cs, han claudicado a sus exigencias, han dejado que se nos dejase como los culpables del despilfarro en las cuentas de este ayuntamiento, como algo a borrar", ha recalcado. "No han entendido nada", ha dicho, para recordar que "le hemos pedido un encuentro al alcalde para que convoque una reunión para hablar sobre esta situación de violencia", ha apuntado. De igual modo, ha emplazado a la vicealcadesa y responsable del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez, a "traer una propuesta de modificación de crédito que dote de fondos al desarrollo del Plan LGTBI".
El alcalde, Luis Barcala, ha puntualizado, después, que la cuestión de la seguridad es competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha sostenido que "cuando el discurso genera violencia, hemos de tener cuidado con lo que se dice; ya lo he dicho en el inicio de la sesión, sobre el peligro de la crispación". En este sentido, ha apuntado que "a mí me han llegado a pegar" después de que "determinados partidos dijesen lo que nos decían", ha dicho.
Acto seguido, Ortolá ha emplazado a López a precisar si en su propuesta había responsabilizado a Vox de fomentar esas agresiones. López ha contestado que no respecto al ataque registrado en el Tossal. Y el debate se ha enredado todavía más, después de que Sánchez haya planteado una matización a uno de los puntos recogidos en la propuesta, relacionado con el aumento de personal del área LGTBI, hasta el punto de que Barcala ha vuelto a intervenir para reclamar una mayor concreción y precisión a la hora de redactar las propuestas que se elevan a debate en el pleno.
Cano ha replicado que "si la declaración contenía defectos formales" se debía haber inadmitido o devuelto "para reformularla en lugar de montar un circo para tapar sus vergüenzas, que es que no han presentado ninguna propuesta relacionada con la conmemoración del 17 de mayo como Día contra la LGTBI", ha dicho. Barcala ha vuelto a intervenir para calificar de "chapucera" la propuesta y tratar de aclarar las matizaciones formuladas por Sánchez. A su vez, esta también ha defendido que su grupo no había registrado ninguna declaración institucional relacionada con el Día contra la LGTBIfobia para tratar de alcanzar un consenso sobre la ya registrada y ha recalcado la tramitación del primer Plan LGTBI puesto en marcha por su área (que no concejalía, como apuntaba la iniciativa del PSOE).
De igual modo, Sánchez ha manifestado su repulsa a los ataques lgtbifóbicos y ha considerado que "queda mucho seguir avanzando por la igualdad frente a ese tipo de conductas". De ahí, ha manifestado "nuestro compromiso con el movimiento LGTBI".
Por el PP, su portavoz, Mari Carmen de España, ha solicitado el debate por separado de los puntos de la declaración, sin llegar a exponer ningún tipo de justificación de su posicion de voto, después de que haya acordado las enmiendas formuladas por Unides Podem y por Cs. No obstante, el PSOE ha rechazado la votación de la declaración por puntos.
El pleno también ha aprobado la propuesta de declaración institucional presentada por el equipo de gobierno, compuesto por PP y Cs, para instar a la Generalitat a flexibilizar las últimas medidas aplicadas sobre el sector turístico de la ciudad, lo que atañe a la hostelería y a la hotelería. La vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez (Cs), ha apuntado, en su defensa de la propuesta, que se trata de conseguir que pueda reestablecerse la actividad del sector, dada la evolución favorable en la contención de casos. Básicamente, en la declaración institucional se exige al Consell que el horario del toque de queda se retrase hasta las 22:30 horas, dado que el nuevo horario de cierre permitido a la hostelería está marcado media hora antes. Además, se añade la necesidad de ampliar el aforo del interior de los locales al 50% y la apertura de las barras de los negocios hosteleros cumpliendo con la distancia mínima de un 1,5 metros entre clientes. Por último, la propuesta de acuerdo reclama al Gobierno central un Plan Estratégico Nacional para el sector.
En el momento de la votación, la iniciativa ha sumado solo los 14 votos de los ediles de PP y Cs, frente a los 13 votos en contra de PSOE, Unides Podem y Compromís. Los representantes de las tres fuerzas del eje progresista han apuntado que la petición carece de sentido en la medida en que las restricciones vigentes ahora, van a modificarse a partir del 9 de mayo. Además, han apuntado que parecían más indicadas las medidas expuestas por el presidente de ARA, César Anca, y por el presidente de Alroa, Javier Galdeano, durante su intervención previa ante el pleno, con una batería de propuestas de apoyo al sector de la hostelería desde el ámbito municipal.
Los dos ediles de Vox, por su parte, se han abstenido, tras defender la necesidad de que se acaben con las restricciones "para las que no existe evidencia científica que las justifique", según ha asegurado su portavoz, Mario Ortolá. Así, como PSOE, Unides Podem y Compromís, ha considerado positivas las medidas sugeridas por ARA y Alroa.
En la sesión también se ha aprobado solicitar al Gobierno que declare el 26 de abril como Día Internacional del Niño y de la Niña, sumándose a la iniciativa de la Fundación Crecer Jugando y la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Esta fecha coincide con el día que los más pequeños pudieron salir a la calle tras 42 días de confinamiento por la covid, según ha defendido la edil de Educación y Familia, Julia Llopis (PP). La propuesta realizada por el equipo de gobierno ha salido adelante por mayoría de 19 votos a favor (PP, Cs, Compromís y Vox) y 11 en contra (PSOE y Unidas Podemos).
Igualmente, el pleno ha aprobado la propuesta formulada por el equipo de gobierno (PP y Cs) en la que se insta al Gobierno a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales en la gestión de los fondos europeos para la reconstrucción y aumentar el porcentaje de asignación a los ayuntamientos, de modo que puedan decidir el destino de 20.000 millones de euros, un 14,6% del total, en lugar del 1% asignado por el Gobierno que se queda en 1.486 millones de euros. En la defensa de la iniciativa, el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral (PP), ha subrayado que, entre la indefinición que persiste sobre el reparto de esos fondos, el ayuntamiento ya ha presentado manifestaciones de interés con proyectos por valor de más de 120 millones. Así, ha reclamado apoyo para que los ayuntamientos tengan más capacidad de participación.
En el debate, Vox ha rechazado el planteamiento al manifestar sus reticencias sobre la distribución de esos fondos. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha apremiado al equipo de gobierno a convocar el Consejo Social para informar sobre los proyectos para los que se trata de obtener esa financiación europea, así como la comisión municipal acordada para su debate, como enmienda de adhesión.
PSOE, Unides Podem y Vox rechazan la iniciativa del bipartito para reclamar que los ayuntamientos puedan gestionar hasta 20.000 millones de los fondos europeos para la reconstrucción
El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha incidido en que esos fondos deberían orientarse a proyectos enfocados en la transición ecológica "y no acabar en los bolsillos de las grandes corporaciones y constructoras". El edil socialista, Miguel Millana, ha lamentado "el tono de la propuesta" al considerarla "faltona" y apartada de la realidad en puntos como la referencia a "los supuestos intentos de responsabilizar al Gobierno de apropiarse de los remanentes municipales". A la postre, la votación se ha saldado con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de Compromís y los votos en contra de PSOE, Unides Podem y Vox.
No ha prosperado, sin embargo, la propuesta de declaración institucional presentada por el PSOE para que se acuerde el reconocimiento de la actividad físcia y el deporte como actividad esencial e instar al Consell a reconocer el trabajo de los profesionales. De igual modo, también se reclama al Gobierno un nuevo anteproyecto de la Ley del Deporte que considere al deporte como actividad esencial. La iniciativa ha quedado rechazada por 16 votos a 13.
La propuesta formulada por Unides Podem para crear un mercado agroecológico con productos de kilómetro 0 también ha quedado rechazada con los votos de PP, Cs y Vox, frente al respaldo concedido por las tres formaciones del eje progresista. Es el mismo resultado que ha deparado la votación sobre la segunda de las declaraciones institucionales presentadas por Unides Podem por la que se plantea manifestar el apoyo a la liberalización de las patentes de las vacunas contra la covid-19 e instar a la Unión Europea a la adquisición de vacunas. De nuevo el bloque del centro-derecha (PP, Cs y Vox) ha votado en contra tras argumentar que la moción adolecía de deficiencias de planteamiento. Además, sus representantes han aprovechado sus intervenciones para criticar la gestión del Gobierno central en la respuesta a la crisis sanitaria y el retraso que han atribuido al Consell en la dispensación de las dosis. Por el contrario, sí ha salido adelante con el único voto en contra de Vox, la tercera de las iniciativas de Unides Podem, por la que se palnteaba solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Alicante a la Agencia Valenciana de Territorio.
Respecto a las declaraciones institucionales de Compromís, no ha prosperado la propuesta por la que se insta a iniciar los trámites necesarios para la declaración del perímetro de la Isla de Tabarca como Zona Marítima Particularmente Sensible, entre otros acuerdos como la elaboración de un estudio que concrete las consecuencias de la presión turística sobre la isla. De nuevo, el bipartito (PP y Cs) y Vox han desestimado el planteamiento al considerar que gran parte de los puntos contemplados en la declaración ya se están debatiendo en la comisión específica sobre la isla. Es más, como ha apuntado el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), varias de las medidas solicitadas ya están en marcha, como las negociaciones abiertas con el Ministerio del Interior para lograr la cesión de la Torre de San José.
En el turno de las declaraciones registradas por Vox, sí ha quedado aprobada la iniciativa en la que se insta a la Generalitat a ejecutar la rehabilitación de las fachadas y portales de los edificios del barrio de Miguel Hernández, así como la recuperación de sus plazas y calles. La propuesta ha quedado aprobada con el apoyo de los ediles de PP y Cs. PSOE, Unides Podem y Compromís han votado en contra al considerar que esos trabajos ya estaban en fase de licitación. No obstante, el edil de Vivienda, José Ramón González (PP), ha asegurado que de momento "todo son promesas y solo se ha licitado la obra de un primer bloque, que no se ha iniciado porque se está esperando a ejecutar los realojos". Así, ha apuntado que "esos realojos no se han realizado porque no han hecho nada respecto a la compra de vivienda con el ejercicio del derecho de tanteo y retracto", ha dicho.
En el turno de declaraciones institucionales de urgencia, se ha debatido la presentada por el PSOE para expresar el reconocimiento a las entidades sociales que se han dedicado a prestar ayuda solidaria a los vecinos con la distribución de alimentos, tras la declaración de la crisis social desatada por la pandemia del coronavirus. La iniciativa ha podido debatirse gracias a los votos de Vox y de las tres fuerzas del eje progresista, pese al voto en contra de PP y Cs.
Después, el portavoz socialista, Paco Sanguino, ha expresado su reconocimiento a las asociaciones que han procurado asistencia a los necesitados, como las entidades de la Zona Norte, en una labor que, a su juicio, no ha llegado a desarrollar el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Acción Social, que dirige Julia Llopis (PP). Es más, ha señalado que, en lugar de favorecer asistencia a los vecinos o de facilitar un local desde el que poder repartir los alimentos donados de forma solidaria, se dedicó a asegurar "que los vecinos ladraban". Además, ha emplazado a Barcala a posicionarse, al argumentar que el primer edil había "ligado su destino" al de Llopis al defenderla durante el debate de su reprobación.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha reconocido la labor desarrollada por los colectivos vecinales, aunque ha recriminado que la consellera de Inclusión Social, Mónica Oltra, "no haya atendido a esa situación de demanda". Por su parte, tanto el edil de Compromís, Rafa Mas, como el portavoz de Unides Podem, Xavier López, han abundado en las palabras de Sanguino.
Y por el equipo de gobierno ha replicado la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), quien ha reprochado el cinismo de las fuerzas del eje progresista al considerar que las competencias en asistencia social son del Gobierno y de la Generalitat. Además, ha incidido en que la distribución de alimentos es una competencia del Ministerio del Interior y de la Conselleria de Agricultura, que son quienes conceden las autorizaciones para su reparto a entidades como Cruz Roja. Así, ha señalado que se debe seguir el procedimiento establecido. De este modo, en el momento de la votación, la iniciativa ha acabado rechazándose con los votos de PP y Cs y la abstención de Vox.