El edificio de la Casa de la Festa, que se pretende reformar para habilitar nuevas dependencias municipales.ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís) confirma la introducción de cambios en los requisitos para participar en licitaciones municipales y, como avanzó Alicante Plaza, prevé pedir un aval aval provisional a cualquiera que concurra en los grandes concursos de servicio u obra. Se trata de contar con una garantía económica para resarcir el interés público que se ve perjudicado cada vez que un licitador retira su propuesta o renuncia a la adjudicación cuando su oferta ya ha sido seleccionada como ganadora del concurso en cuestión.
Así lo ha ratificado el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, este martes tras dar cuenta de la renuncia de la unión temporal de empresas (UTE) liderada por La Generala a ejecutar las obras de reforma y ampliación del edificio público de la Casa de la Festa con el propósito de habilitar nuevas dependencias para servicios municipales. La UTE había sido preseleccionada como adjudicataria de la primera gran obra del tripartito -al menos, la de mayor presupuesto de licitación (4,2 millones)- después de que la mesa de contratación hubiese considerado que su oferta era la mejor clasificada (obtuvo la puntuación más alta en el proceso de valoración técnica). Su plica, además, preveía una baja más que considerable respecto al importe de licitación: 2,1 millones IVA no incluido.
Otra UTE liderada por Orthem se perfila ahora como posible adjudicataria de la reforma del edificio municipal
Ahora, será la segunda clasificada, otra UTE liderada por Orthem la que probablemente se hará cargo de ejecutar el proyecto. Por lo pronto, la Junta de Gobierno ha acordado este martes requerirle documentación para comprobar que cumple los requisitos del pliego y que su oferta se mantiene en los términos en los que se planteó. Su propuesta también reducía el precio de licitación: 2,2 millones sin IVA. Al concurso llegaron a presentar ofertas hasta 46 empresas, entre ellas, las principales del sector.
Bellido ha precisado, respecto a la solicitud de garantías provisionales, que la intención es pedir la entrega de un porcentaje del importe de licitación de los grandes contratos, todavía por cuantificar, a la vista del perjuicio económico y del retraso temporal que, a la postre, suponen esas renuncias. Ha añadido que, según la asesoría jurídica municipal, no existe ningún impedimento legal para solicitar ese depósito, del que el ayuntamiento se incautará en caso de desestimiento.
