Alberto Fabra: "Espero que Cataluña no retrase lo de la financiación, sino que se trabaje en paralelo"

VALÈNCIA. Alberto Fabra (Castellón, 1964), se convirtió en presidente de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de su antecesor, Francisco Camps, por las sombras en su implicación en la trama Gürtel. Jefe del Consell en una de las etapas más duras del Partido Popular, Fabra pasó a ser senador tras perder la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de mayo de 2015. 

Tras la decisión de Mariano Rajoy de este sábado de tomar el control de la Generalitat de Cataluña ante el desafío independentista, Fabra es uno de los quince senadores del PP –el único valenciano- que estará en la comisión constituida en la Cámara Alta para tramitar las medidas aprobadas por el Gobierno central con arreglo a la Constitución Española. 

Valencia Plaza le entrevista para conocer cómo se desarrollará esta comisión, la relación que guarda con los socialistas en esta cuestión y las consecuencias que puede tener para los valencianos que el Gobierno atienda la cuestión catalana y deje de lado las reivindicaciones de la Comunitat. 

-¿Cree que la aplicación del 155 en su versión más dura para Cataluña resuelve la cuestión catalana?
-Con esto lo que se hace es aplicar la ley y poner de manifiesto que nadie puede estar por encima de ella. Todos tenemos que asumir esa realidad y cumplirla. Especialmente aquellos que son responsables institucionales y que están al frente de una comunidad autónoma. Ante la falta de legalidad y responsabilidad de los representantes catalanes, se aplica algo que prevé la Constitución. Un artículo que, además, en su día todos aprobamos para que en el caso de que una comunidad autónoma no cumpliera sus obligaciones se pudiera restablecer las competencias y los derechos que tienen todos los ciudadanos. 

-¿Qué plazo sería el razonable para la convocatoria de unas elecciones en Cataluña?
-No se trata de más o menos tiempo, si no de que los ciudadanos puedan ir a votar con seguridad, tranquilidad y sin ningún tipo de presión. En ese sentido, se ha establecido el plazo máximo de seis meses. Desde el momento en el que se aplicara el 155, desde que se hiciera efectiva la aplicación de las medidas que el gobierno ha propuesto, seis meses. 

-Rajoy dijo que "le habían obligado a tomar esta medida". En el caso que Carles Puigdemont convocara elecciones antes del viernes, ¿ustedes reconsiderarían la aplicación del 155?
-Hoy [este lunes] se han hecho declaraciones por parte del Gobierno, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en ese sentido. Todavía hay tiempo. Pero para que se reconsideren, se debería volver a la senda de la legalidad. A partir de ahí, cabría la posibilidad de que el Gobierno desestimara la aplicación de las medidas que ha puesto si se convocaran elecciones autonómicas dentro del marco legislativo actual. Es decir, hasta el viernes cabe la posibilidad de que cambien las cosas y que el bloque de medidas que ha puesto el Gobierno se puedan modificar. Pero no solo el Ejecutivo central, también le apoyan en esta cuestión partidos con una alta representación como Ciudadanos y PSOE. El 81% de los representantes de los ciudadanos que están en el Senado están a favor de adoptar, con las circunstancias actuales, el 155. El Gobierno tiene un respaldo amplio de los partidos y esto da una legitimidad mayor para hacerlo. 

-¿La suspensión del autogobierno en Cataluña por cuánto tiempo se dará? Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que puede prolongarse más de seis meses...
-No es la suspensión del autogobierno. Aquí lo que se hace es defender los derechos de los ciudadanos ante una situación de crisis e ilegalidad. Solo hace falta mirar la deriva económica que iba generándose por la falta de responsabilidad de los políticos que están al frente de las instituciones catalanas. Pero como máximo será de seis meses, que es el período para que se den las circunstancias que permitan desde un ambiente sereno celebrar unas elecciones. 

-¿Entiende la posición de Podemos y Compromís de no apoyar la aplicación del 155?
-Ellos tendrán que dar sus argumentos. Quieren aprovechar las circunstancias para desgastar al Gobierno. Pero aquí lo que hay es que hay gente que se ha saltado la ley durante mucho tiempo y está afectando a la convivencia de los ciudadanos. Ante esto, la obligación que tiene el Gobierno de España es garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. De hecho, esta es una de las razones por las cuáles aquí le exigimos al Gobierno central que modifique el sistema de financiación actual, porque hay unas desigualdades claras entre territorios. En la cuestión catalana pasa lo mismo: que unos ciudadanos ven que sus derechos no están garantizados por unos políticos que han sido irresponsables. 

-¿Ha hablado con Joan Lerma? ¿Le ha transmitido el expresidente socialista su posición?
-Estamos juntos en la comisión y hoy estaré con él, pero no he podido verle este fin de semana. Sé la postura del PSOE, y entiendo que mantendrá ese posicionamiento y votará en consecuencia. 

-Rajoy y Montoro han prometido la convocatoria "inmediata" de la comisión que debe abordar la reforma de la financiación autonómica, pero sigue retrasándose. ¿Cree que es posible solucionar este problema en paralelo al de Cataluña?
-Espero que se haga. Todos somos conscientes de lo que ha generado a la Comunidad Valenciana un sistema de financiación malo; también se conoce quién aprobó aquel sistema de financiación. Por lo tanto, lo que necesitamos es que se garantice que los ciudadanos valencianos tengan los mismos derechos que pueda tener cualquier otro en el territorio nacional. Ha habido un compromiso claro por parte del Gobierno, se trató en la Conferencia de Presidentes y estoy convencido de que será una realidad. Ahora lo que debemos hacer es trabajar todos para que salga adelante. 

-Usted ya lo reivindicaba siendo presidente y dos años y medio después del cambio de Gobierno sigue sin solucionarse. 
-Espero que Cataluña no retrase esta cuestión, sino que se trabaje en paralelo. Esperemos que la financiación de la Comunitat Valenciana pueda verse beneficiada por el reparto. 

-El PPCV se ha desmarcado de la manifestación del 'finançament just' porque, dice, "con pancartas no se soluciona el poblema", pero sí estuvo en la manifestación contra el procés el 8 de octubre en Barcelona.
-Los que en su día no nos apoyaban para conseguir un nuevo sistema de financiación ahora son los que quieren generar tensión con el Gobierno de la nación. Y lo que deben hacer ahora es sentarse a trabajar. Por muchas manifestaciones que se celebren, ese ritmo de trabajo aprobado por la Conferencia de Presidentes, y al cual se adapta el Gobierno, no va a variar. Criticar al Gobierno no debe ser el camino. 

-Pero, ¿no cree que es contradictorio decir que las cosas no se solucionan con pancartas y, sin embaargo, desplazarse a otra comunidad autónoma a reclamar otras cuestiones con pancartas?
-La situación es muy distinta porque aquí ya se está solucionando el problema. Lo que se está haciendo con la financiación aquí es una presión política para criticar al Gobierno. La intención con la manifestación del 8 de octubre era demostrar que no todo el mundo pensaba lo mismo en Cataluña. Creo que hay que que hay muchas maneras de sentirse catalán y todos cabemos en la construcción de España.

-¿Cree que con esto se debe abrir el debate de un cambio de modelo territorial?
-Hay que cambiar cosas, pero de forma muy tranquila para que nadie pueda tener privilegios frente a otros. Como valenciano no vería bien que Cataluña tuviera ventajas frente a nosotros. Hay que ver las necesidades de cada comunidad, pero no hacer un traje a medida a nadie en detrimento de todos los demás.