Carlos Mazón dialoga con Toni Francés. Fotos PEPE OLIVARESALICANTE. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria de 2018, sólo un 10% del presupuesto de la Diputación de Alicante va a parar a los municipios, lo que convierte, a la institución provincial alicantina, en la que menos destina a este objetivo, si se comparan con los datos de la Diputación de Valencia y Castellón. Así, del presupuesto de 2018, con los únicos datos de ejecución presupuestaria que se cuenta -oficialmente, se desconocen los datos de 2019-, Alicante sólo destinó 20 millones de euros a municipios, cuando su presupuesto entonces era cercano a los 200 millones.
Estos datos fueron puestos de relieve por el PSPV en el pasado debate de aprobación de presupuestos para 2020, el pasado 30 de diciembre. Y con ese argumento, el portavoz, Toni Francés, defendió la necesidad de que la Diputación de Alicante se sume al Fondo de Cooperación Municipal, un fondo compartido con la Generalitat Valenciana y las diputaciones -ahora, con Valencia y Castellón- por el que el dinero se transfiere directamente a los ayuntamientos para que tengan libre disposición para su gasto: obras, reducción de deuda, plan de empleo, etc.
Gráfico de ejecución presupuestaria de la diputaciones aportados por el PSOE.El verdadero cuelo de botella de la institución, reconocido, en parte por el equipo de gobierno -al menos, así lo dijo el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, de Cs- son las inversiones en municipios, tanto las ordinarias -recogidas en los planes de obras- como las denominadas obras financieramente sostenibles, realizadas con los remanentes de ejercicios anteriores. Hay muchos proyectos comprometidos que no han llegado a ejecutarse, bien por falta de acuerdo político -hay que recordar que se cambiaron el tipo de ayudas a la carta, o nominativa-; los servicios técnicos, bien de la institución, bien de los ayuntamientos no tienen suficiente capacidad para licitar todos los planes, o se han producido cambios de proyectos, o de anualidad para su financiación.
Todo ello ha desembocado en una baja ejecución presupuestario, como pone de manifiesto el PSOE. Y la prueba es lo que ha sucedido en 2018, y lo que, al parecer, se ha arrastrado en 2019, considerado año electoral y por tanto, de baja ejecución presupuestaria. A ello se añaden las cantidades que se incorporan procedentes de los remanentes presupuestarios, casi todas cercanas a los 40 millones, pero que su ejecución no acaba de completarse del todo.
Para el ejercicio de 2018 se anunciaron en público 28 millones de euros para planes de obras y servicios en los presupuestos. Según los datos aportados por el PSOE, se incluyeron casi 19 millones y se reconocieron 15,1 millones en concepto de transferencias corrientes; es decir, en transferencias para el pago de la ejecución de obras en municipios. Algo parecido sucedió con las transferencias de capital a los ayuntamientos: se consignaron 14,5 millones, pero solo se gastaron 5,3 millones. En total, los ayuntamientos de la provincia de Alicante sólo recibieron 20 millones de euros, un 10% del presupuesto, una cantidad muy baja si se compara con el resto de las diputaciones de la Comunitat. Tanto Valencia como Castellón le superan; es curioso el caso de Castellón cuyo presupuesto es mucho más bajo (como se puede ver en el cuadro adjunto en la fotografía superior), pero tiene un grado de ejecución superior.
Javier Gutiérrez.El propio diputado encargado de las infraestructura de la Diputación de Alicante, Javier Gutiérrez, ha reconocido el colapso que vive su departamento, debido a la herencia recibida: proyectos acumulados, sin salida, y atascados. Por ello, Gutiérrez ha introducido dos cambios en su área: por una parte, reparto de ayudas por criterios objetivos, algo que ha sido respaldado por la oposición, y el plan Planifica, Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de las Comarcas Alicantinas 2020-2023 (Planifica). ¿Que se pretende con ello? Pues acumulan todos los proyectos atascados y los contemplados en el futuro para que tengan los mismos tempos: es decir que se sepan cuando se licitan, se adjudican y se ejecutan, que arranquen todos en 2020 y estén acabados en 2023. Ese es el propósito.
Diputados del PPEl PP también reconoce que las otras diputaciones, las de Valencia y Castellón, invierten más, pero con una salvedad: tienen más holgura presupuestario porque ya no gestionan competencias impropias; es decir, ya no tienen a su cargo competencias sociales y sanitarios, que deben ser asumidas por la Generalitat Valenciana. Alicante, en cambio, sí, y es lo que ahora está en negociación: el traspaso al Generalitat del Hogar Provincial, la Teleasistencia y el centro asistencial Doctor Esquerdo.
El PP ha defendido que si la Conselleria de Sanidad asumiera -o se comprometiera- a asumir el Doctor Esquerdo se liberarían 13 millones del presupuesto; si Igualdad asume el Hogar Provincial, se liberarían otros 10 millones. En total, a la Diputación de Alicante le cuestan cada año 25 millones las competencias impropias y ese es el margen que ve el actual equipo de gobierno para ganar capacidad inversora.
Toni Francés considera una clara apuesta por el municipalismo, sería más eficiente con el Fondo de Cooperación Municipal porque los ayuntamientos tendrían mayor autonomía para decidir el destino de sus fondos, Hay que recordar que el Fondo de Cooperación está compuesto con 80 millones: 40 que aporta la Generalitat, y los 40 millones, las diputaciones (20,5 millones Valencia; 13,7 Alicante y 5,5 Castellón). Hay que recordar que Alicante nunca ha participado y destinado esa cantidad que le correspondiera a obras financieramente sostenibles para los municipios, con un reparto realizado en función de su población.
Aunque últimamente el PP sí que se ha mostrado dispuesto a a sumarse a la iniciativa y ha criticado el retraso con la que la Generalitat ha iniciado la comisión que debe abordar esa cuestión, desde las filas populares se ve con recelo la tardanza con la que la Conselleria de Hacienda transfiere su parte del fondo a los ayuntamientos. Y es que esas transferencias se hacen a finales de año, casi en noviembre, lo que puede trastocar la previsión de los consistorios.
