VALÈNCIA. Los pliegos del concurso para contratar el servicio de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana para los próximos tres años, valorado en más de 32 millones de euros, otorgan una "radical ventaja" a empresas del cártel del fuego, la trama de compañías investigadas por amaño de los contratos públicos de extinción de incendios forestales.
Así lo interpreta la empresa Plysa, firma constituida por los socios de Air Nostrum para entrar en el negocio de extinción de incendios, en el recurso que ha planteado contra los pliegos de contratación presentado en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En el mismo, los recurrentes acusan a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que dirige José María Ángel de haber elaborado unos pliegos a medida de los actuales prestadores del servicio.
Se trata de la UTE formada por las empresas Martínez
Ridao y Faasa, recientemente rebautizada como Pegasus, que en 2017 tomaron el relevo de Avialsa como adjudicatarias del contrato de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana. Esta UTE, que ahora se presenta a los cuatro lotes del nuevo contrato para el periodo 2021-23, adquirió los aviones la empresa de Vicente Huerta cuando estalló caso Avialsa.
Las tres son parte de las firmas investigadas en la Audiencia Nacional dentro de la causa abierta por delitos de cohecho, fiscal, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación o alteración de precios en concursos y subastas públicas en los contratos públicos contra incendios de varias comunidades autónomas.
El recurso de Plysa, que ahora compite con la UTE de Martínez Ridao y Faasa en tres lotes, se centra en dos aspectos fundamentales. Por un lado, argumenta que una cuarta parte de la valoración de las ofertas se basa en dos criterios "del todo injustificados" sobre "aspectos superfluos" de las ofertas, como acreditar la experiencia de los pilotos en los últimos cinco años, lo que supondría una barrera de entrada para el resto de empresas.
Por otro, el hecho de puntuar prestaciones adicionales de los aviones que resultan irrelevantes para el servicio y que casualmente son las que únicamente ostenta el modelo de avión del que es titular el actual prestador del servicio. Al respecto, esta "injustificada discriminación" entre licitadores por los criterios de adjudicación se expone en un Informe Pericial aportado en el recurso que concluye que los requisitos exigidos para la adjudicación no suponen ninguna mejora en la prestación del servicio.
Todo ello, además, tras haber realizado una consulta preliminar de mercado entre las empresas que, según el recurso, la AVSRE habría utilizado para "cerrar" el mercado y encaminar el concurso para la adjudicación del servicio a la UTE Martínez Ridao y Faasa.
El TACRC, según consta en la documentación publicada dentro del concurso, desestimó en primera instancia el pasado día 5 la suspensión del proceso de adjudicación que los recurrentes solicitaban como medidas cautelares, pero sigue valorando el fondo del asunto a partir de los argumentos aportados por Plysa para decidir sobre la posible anulación de los pliegos.
En su recurso, Plysa subraya que las prácticas de las empresas integrantes del cártel del fuego y su "tolerancia por la Administración" han llevado a que el mercado de servicios de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana haya estado "cerrado injustificadamente" a la participación de empresas ajenas a la trama.
"Siendo así, debe subrayarse que lo que se está produciendo en esta licitación es que el órgano de contratación pretende seguir manteniendo el modelo de falta de concurrencia que ha venido precediendo las últimas licitaciones. Lo anterior evidencia que si se permitiera mantener los pliegos en los términos que han sido aprobados se estaría permitiendo mantener el modelo de falta de transparencia e igualdad entre licitadores que ha imperado en las últimas licitaciones del Servicio en la Comunitat Valenciana, critica el recurso.
Un contrato superior a 32 millones
La contratación, autorizada por el Consell a mediados de junio, valora cada anualidad en 12 millones de euros más IVA, por lo que el montante del contrato para los tres años supera los 32 millones, considerando tres años más de prórroga y el posible incremento por modificaciones.
Los medios aéreos contratados, siete aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios con capacidad de lanzamiento de agua, podrán ser destinados también a cualquier otro servicio en materia de emergencias y protección civil, como incendios de vegetación no forestal, búsqueda de manchas contaminantes, etcétera. Su utilización preferente, no obstante, será en la lucha contra los incendios forestales al tener una gran efectividad en el empleo de retardantes de largo plazo.
José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Foto: EVA MÁÑEZ
