Foto: EP/Rober SolsonaLa investigación se ha remitido a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social por hechos que apuntan a un posible fraude debido a cotizaciones que no se realizaron
VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha detectado diversas irregularidades en la segunda actividad desempeñada por alrededor de 80 policías locales en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) y en el Centro de Coordinación de Emergencias Policiales (Cempol). Ambos dependen de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), al frente de la cual se encontraba la pasada legislatura José María Ángel.
En ambos casos se trata de incompatibilidades de policías locales para ejercer como instructores, por lo cual cobraron en los años 2019, 2020, 2021 y parte de 2022. Aunque existe una diferenciación. En el Ivaspe se trata de personas que ejercieron como docentes sin, sostiene Antifraude, contar con la compatibilidad. En el caso del Cempol, directamente son funcionarios que percibieron cantidades económicas como instructores aunque nunca realizaron esa función, sino que simplemente cobraron por una segunda actividad en el citado centro, "encubriendo necesidades estructurales".
A todo ello se une que no se efectuó la cotización correspondiente a la Seguridad Social ni por parte del Ivaspe ni por parte del Cempol, lo que apunta a un posible fraude aunque la agencia no tenga capacidad de entrar a la investigación de presuntos delitos. Además, los pagos a los instructores se realizaron por caja fija.
La estimación de la cotización a la Seguridad Social que debería haberse realizado por la Avsre únicamente del ejercicio 2019 asciende a 39.000,51 euros en caso de los instructores del Ivaspe y 40.775,77 euros en el caso del Cempol.
La investigación de Antifraude se inició en octubre de 2022 a raíz de una denuncia y se centró al inicio en el incumplimiento de los límites establecidos en la normativa sobre incompatibilidad por parte de los instructores del Ivaspe y el Cempol. La Intervención de la Generalitat ya se encontraba realizando actuaciones sobre cuestiones relacionadas con el pago a los instructores del Ivaspe y a sus funciones, pero Antifraude entró en las incompatibilidades.
La agencia se reunió con el propio José María Ángel, el cual aportó la información requerida. Y solicitó diversa documentación a la Avsre para que identificara a estas personas, pertenecientes al cuerpo de la policía local, que hubieran ejercido como instructores en los años 2019, 2020, 2021 y parte de 2022.
Al superar en muchos de los casos las 75 horas anuales, la agencia realizó requerimientos a las entidades locales de origen de los instructores para conocer si los mismos habían solicitado la compatibilidad correspondiente para poder realizar estas funciones, además de si les había sido concedida.
En concreto, pidió la información a los siguientes Ayuntamientos: Alboraia, Benaguasil, Bétera, Benifaió, Burjassot, Chiva, Dénia, El Puig de Santa María, Godella, l’Alcúdia, Llíria, l’Eliana, La Pobla de Vallbona, Mislata, Manises, Náquera, Paiporta, Paterna, Pedralba, Puçol, Mislata, Quart de Poblet, Ribarroja del Turia, Torrent, San Antonio de Benagéber, Silla, València, Xirivella y Vilamarxant. Todos excepto el de Paterna contestaron.
El informe de Antifraude hace referencia a las resoluciones de la Dirección General de Interior (1993) y de la Dirección General de Interior y del Servicio de Emergencias (1996) que crearon y ampliaron, respectivamente, las bases de datos del profesorado colaborador del Ivaspe, experto en áreas y materias relativas a la Seguridad Pública.
La primera de las disposiciones contemplaba el derecho de los profesores colaboradores a la percepción de las contraprestaciones económicas correspondientes a los servicios prestados en los términos previstos en la legislación aplicable, pero no hacía referencia al tipo de relación que éstos mantienen con el Ivaspe a nivel laboral o profesional ni trataba las cuestiones relativas al régimen de compatibilidades de esta actividad docente con el desempeño de su trabajo en las correspondientes organizaciones de origen.
Fue una resolución de octubre de 2021 de la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) la que amplió la base de datos de profesorado colaborador, experto en áreas y materias relativas a la seguridad pública en el Ivaspe, la que introdujo el límite de impartición de 75 horas docentes al año. Límite que en cualquier caso ya estaba previsto con anterioridad en la legislación reguladora de esta materia para el personal funcionario local sobre la necesidad de solicitar la compatibilidad si las horas de docencia superan las 75 anuales.
El mismo modelo de instructores del Ivaspe se trasladó al proyecto del Centro de Coordinación de Emergencias Policiales (Cempol), puesto en marcha en abril de 2019 y que consistía en la incorporación de policías locales al Centro de Coordinación de Emergencias para realizar tareas operativas relacionadas con la coordinación y atención a las solicitudes de información de las policías locales de la Comunitat Valenciana. Con ello, se designaron a policías locales para ocupar el puesto y las contraprestaciones económicas se realizaban como personal docente colaborador del Ivaspe, previa certificación de la impartición de cursos por las horas que están en el Centro de Coordinación de Emergencias.
El informe de Antifraude concluye que la actividad desarrollada en el Cempol por los funcionarios de la policía local de diferentes entidades locales no es una actividad docente, aunque la Avsre la trató como tal a los efectos de gestión de la selección y abono de cantidades a los denominados, erróneamente, "instructores" del Cempol. "Constatado el hecho de que la actividad realizada por los funcionarios de la policía local en el Cempol no era una actividad de formación o docencia, resulta que nos encontraríamos en una segunda actividad desempeñada en el sector público", dice la agencia.
Según la ley sobre incompatibilidades, el personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos de funciones docentes y sanitarias con una previa y expresa autorización. Dado que las labores de los policías locales del Cempol no eran docentes, Antifraude considera que podría haberse producido un incumplimiento de la ley. Motivo por el que entiende que habría de realizarse una comprobación por parte de los ayuntamientos de origen de los funcionarios de carrera para iniciar los expedientes que correspondan.
El informe de la agencia constata que de 60 instructores del Ivaspe, 33 necesitaban tener concedida la incompatibilidad por superar las 75 horas anuales y, de esos, 10 la tenían para realizar actividades al margen de sus funciones en el ayuntamiento de origen. En cuanto al Cempol, de 55 instructores únicamente uno tenía concedida la compatibilidad, mientras que 7 la solicitaron y no les fue concedida.
La agencia hace hincapié en que el sistema de abono efectivo utilizado para remunerar las labores realizadas por los instructores del Ivaspe y del Cempol fue mediante provisiones de fondos en forma de anticipos de caja fija. Un mecanismo que permite la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos imputables a los gastos de funcionamiento dentro del Presupuesto de la Generalitat. Ello, prosigue Antifraude, se hizo de esta manera porque las retribuciones eran en concepto de "dietas", dado que si se tratara de gastos correspondientes a gastos de personal no podría hacerse efectivo su pago por la caja fija.
Las cantidades abonadas que se han tratado como gratificaciones por las horas realizadas fuera de la jornada habitual de su administración de origen –aunque no existe un sistema automatizado de contabilización de horas– se han documentado en soporte 'nómina' y se ha aplicado la correspondiente retención del IRPF. "Todos estos aspectos definen el carácter retributivo de una prestación y no de una dieta por compensación de los gastos soportados por un empleado público en el ejercicio de sus funciones, como lo serían por ejemplo gastos por manutención, desplazamiento, alimentación o demás", incide el informe.
Además, remarca Antifraude, "no se ha procedido por parte de la Avsre a cotizar a la seguridad social por los pagos realizados a los instructores, en la medida que por la propia Avsre se considera que no mantienen una relación jurídica laboral permanente con ellos y que es esporádica y no habitual". Sin embargo, añade, "se ha podido comprobar que, en el caso del Ivaspe, muchos de los instructores superan las 75 horas anuales de dedicación, realizando varios de ellos más de 200 horas anuales y superando incluso las 300 horas". "En dos casos se superan las 400 horas anuales y un instructor realiza 757 horas en el año 2019, 508 en el año 2020 y 498 en el año 2021. Estos datos denotan que la relación de algunos instructores no tiene el carácter de esporádico que se indica, sino habitual, ya que los años 2019 a 2021 tienen una dedicación en el Ivaspe muy significativa en comparación porcentual con la jornada ordinaria del personal funcionario", apunta la agencia.
Algo similar ocurre en el Cempol, aunque, reitera Antifraude, aquí se ha acreditado que las funciones desarrolladas allí no eran docentes, sino una segunda actividad en el sector público. "La relación con los instructores se realiza de una manera continua y habitual, encubriendo necesidades estructurales, lo que implica de facto una segunda actividad en otra administración pública que debería cotizar a la seguridad social". dice Antifraude.
Razones, todas ellas, por las cuales traslada los hechos constatados en el informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "como organismo competente para ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes".
Igualmente, la agencia comunica a todos los ayuntamientos afectados los hechos para que inicien las comprobaciones de verificación y abran expedientes. También insta a la administración a valorar el cambio del modelo actual de personal instructor-docente del Ivaspe, teniendo en cuenta la posibilidad de proceder a la creación de puestos estructurales en la plantilla y una relación de puestos de trabajo del propio Ivaspe y/o de la Avsre para proceder a la cobertura de los mismos de conformidad con lo previsto en la normativa sobre provisión de puestos en el ámbito del empleo público (comisiones de servicio, concursos específicos de méritos, etc.).
