Foto: RAFA MOLINACuando en agosto de 2008 se estrelló el avión de Spanair que cubría la línea Madrid-Gran Canaria poco después de despegar de Barajas nos enteramos de que los técnicos de mantenimiento 'solucionan' algunas averías consideradas menores puestas de manifiesto por alarmas lumínicas o sonoras desconectando las alarmas y difiriendo la reparación días o semanas. Así se hizo minutos antes del accidente cuando el comandante abortó el despegue porque una señal advertía de una avería en un termómetro exterior de la nave. Se desconectó la alarma para que dejara de importunar al piloto. La investigación judicial concluyó que la actuación de los técnicos, "habitual" en ese tipo de averías, no había provocado el siniestro, que la causa no fue la desactivación de esa alarma sino el error humano de los pilotos y el fallo de otra alarma llamada TOWS que debería haberles avisado del error. El funcionamiento de la TOWS no se había comprobado porque entonces solo se verificaba en el primer vuelo del día. Hoy se verifica antes de cada vuelo.
Cuando un avión se estrella en cualquier parte del mundo se realiza una exhaustiva investigación cuyas conclusiones se comparten en el seno de la Organización de Aviación Civil Internacional para mejorar las aeronaves y los protocolos de mantenimiento y vuelo. Para corregir errores. Gracias a esta colaboración internacional se producen tan pocos accidentes aéreos.
Algo parecido ha pasado con la corrupción en España en las últimas décadas. Cada escándalo iba acompañado de promesas de control en la contratación pública, auditorías, transparencia y un Código Penal más severo. Estas promesas se fueron haciendo realidad con lentitud, pero se fue avanzando. Los corruptos de los años ochenta se fueron de rositas; la mayoría de los de los noventa, también, a pesar del Código Penal de 1995 y la creación de la Fiscalía Anticorrupción ese mismo año; en la primera década del siglo ya afloraron casos muy graves, y en la segunda recién terminada hemos visto en el banquillo y hasta en la cárcel a altos dirigentes de la política española y de los partidos que han gobernado en España y sus autonomías. Y al yerno de un Rey, el emérito, que también ha sido descubierto después de décadas de barra libre.
Tanto escándalo llevó en los últimos años a reforzar las medidas preventivas con dos hitos: la Ley de Transparencia y Buen Gobierno (2013) y la Ley de Contratos del Sector Público que desplegó sus efectos a partir de 2018. Junto a ello, la revitalización del Tribunal de Cuentas, que era un organismo inútil por su lentitud aunque sigue poblado por demasiados expolíticos y sus familiares, y la creación de otros organismos de control como las agencias Antifraude autonómicas, de las que la valenciana fue pionera.
Todo ello ha hecho que la corrupción se haya reducido y la que hay, que la hay, sea de menor escala. La mayoría de los procesos judiciales abiertos corresponden a hechos sucedidos hace más de cinco años –en agilidad de la Justicia no hemos mejorado– y las investigaciones en curso sobre hechos recientes son de mucha menor entidad tanto en cuantía del dinero robado como en número de personas implicadas. Corruptelas en forma de contratos troceados para repartirlos entre amiguetes, servicios prorrogados sine die a contratas que ya son como de la familia y dedazos de personal que, siendo un delito regulado en el artículo 404 del Código Penal, los jueces y fiscales suelen despejar al contencioso-administrativo o a laboral.
No hay menos corruptos, hay menos posibilidades de ser corrupto. Por eso alarma más que sorprende que los gobiernos estatal y valenciano y los dos grandes partidos estén alentando una relajación de las medidas preventivas y de control. Alarma porque se legalizan unas prácticas en las que se reparten arbitrariamente contratos y subvenciones sin apenas controles previos mientras tratan de controlar o desactivar los organismos e instituciones encargados del control posterior. Un terreno abonado para la arbitrariedad, el clientelismo, los enchufes y las contraprestaciones a los partidos. En definitiva, para la corrupción.
Si no vigilas que no haya averías y cuando las hay en lugar de arreglarlas desconectas la luz de alarma, el avión se estrella. Y esto es lo que está pasando en varios frentes en España y en la Comunitat Valenciana. Hagamos un repaso:
La orgía de adjudicaciones a dedo por la emergencia sanitaria ha complacido tanto a los gobernantes –y a las empresas amigas– que el Gobierno de Sánchez y el de Puig han decidido que sean de emergencia todos los contratos de reconstrucción relacionados con la covid-19, lo que significa menos controles y más arbitrariedad. El argumento de que es para agilizar la tramitación y evitar la burocracia no es nada original, está descrito en los manuales de la lucha contra el fraude. En este periódico ya hemos señalado algunas adjudicaciones de emergencia a favor de empresas del entorno de Puig y en contra de los competidores que no tienen padrinos. Es lo más que se puede hacer porque ahora es todo legal.
Igual de legal que será, si la UE no lo impide, la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de Sánchez gracias a un decreto-ley convalidado con el apoyo de PNV y Bildu y la abstención de Vox. El Consejo de Estado, en un informe al respecto que Sánchez ocultó hasta que fue convalidado el decreto, señaló el peligro que supone "la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones", entre otras deficiencias que favorecen la corrupción.
Pues bien, a Puig le ha gustado tanto esa forma de gestionar que la ha adaptado a la Generalitat, solo que Compromís y Unides Podem han frenado su decreto, de momento, seguramente para que no se lo quede todo Presidencia.
No menos inquietante es el intento de control de la Justicia que debe castigar la corrupción. Controlada la Fiscalía General del Estado con la exministra Dolores Delgado, la batalla se libra ahora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el órgano que elige a los jueces de lo Penal– con el indecente pasteleo entre PSOE, PP y sus socios nacionalistas. Solo queda Inés Arrimadas en la defensa de un poder judicial no sometido a los dos grandes partidos.
Otrosí: los portales de transparencia son cada vez más opacos y los gobiernos ya han aprendido a enmarañar la vía alternativa de los Consejos de Transparencia –cuesta años conseguir un papel cuando no quieren soltarlo–, por no hablar de las trabas a los periodistas que ponen el dedo en la llaga.
Si a ello añadimos que tenemos a fiscales y policías dedicados a investigar whatsapps de militares fachas retirados o tuits de raperos antifascistas fascistoides en lugar de a lo que de verdad importa, el panorama para los corruptos se presenta muy despejado. Por cierto, Jesús Carrasco ha abandonado la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y los otros dos fiscales no dan abasto con los casos de corrupción en instrucción y los nuevos que entran. Esto favorece que se cierren casos que no se ven muy claros para centrarse en los más evidentes y que se archiven denuncias si no vienen muy atadas. Es decir, cuanto más tarde Dolores Delgado en sustituir a Carrasco menos medios habrá contra la corrupción en Valencia.
La diputada del PP Eva Ortiz ha conseguido una sentencia, derivada de una mala redacción de la norma, que obliga a la Agencia Valenciana Antifraude a entregar a los diputados de Les Corts que lo soliciten toda la documentación que posea de las investigaciones en curso. Investigaciones reservadas sobre presuntos fraudes y corrupciones del Consell, diputaciones y alcaldes donde gobiernan los mismos partidos que pueblan Les Corts. Se abre la veda para que los diputados pidan a Joan Llinares los papeles que afectan a su partido o al partido de enfrente. Si lo llega a saber Eduardo Zaplana, podría haber pedido que le consiguieran los papeles del informe pericial que estaba realizando Antifraude sobre el caso Erial cuando el secreto de sumario le impedía conocer las investigaciones judiciales.
La sentencia del TSJCV es un rejonazo de muerte para la Agencia, como ha dicho el portavoz socialista Manolo Mata, cuyo partido, en lugar de promover un cambio de norma que protegería al organismo, se ha apresurado a pedir también los papeles de la investigación sobre el hermano de Ximo Puig. ¿Para colaborar en la investigación?
Ningún partido parece interesado en salvar la Agencia Antifraude, ni siquiera Podemos, que tanto empeño puso en su creación. El trabajo de Llinares es incómodo para quienes gobiernan, que se lo digan a Joan Ribó –Català y Giner se quedarían sin informes para atizarle– o al presidente y el director jurídico de Divalterra, que ya no podrán alegar que no fueron advertidos si el enésimo escándalo de la empresa de la Diputación acaba en los tribunales.
Por eso, sorprende que la estocada venga del PP. La Agencia Antifraude está siendo eficaz en la prevención de la corrupción, su luz roja está evitando muchas tentaciones. Si relajamos los procedimientos y, además, desconectamos la alarma, el avión se estrella.
