VALÈNCIA. Diecisiete días. Ese es el plazo que ha tenido el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para prepararse la comparecencia de este martes en Les Corts Valencianes para explicar las partidas donde el Consell del Botànic II ha aplicado recortes para recibir el extraFLA de 365 millones apalabrado semanas atrás entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el president de la Generalitat, Ximo Puig. Un examen al que el responsable de finanzas del Gobierno valenciano se presentó con la lección sabida, pero sin precisarla en sus respuestas.
La cita había generado demasiada expectación. No en vano, dos semanas después de haber remitido el Plan Económico-Financiero (PEF) al Ministerio de Hacienda seguía sin conocerse el contenido de esas "retenciones de crédito" realizadas por el Ejecutivo valenciano. En los últimos días, incluso, este silencio sobre el documento final remitido a Madrid generó recelos entre los propios socios del Botànic II.
Tanto desde Compromís como desde Unides Podem admitieron que desconocían el contenido completo de este plan de ajuste y, por tanto, nadie se atrevía a poner la mano en el fuego sobre si los recortes propuestos por sus departamentos y elevados la cartera de Soler eran los que se habían reflejado en el documento definitivo.
"Ustedes y yo tenemos la misma información en este momento", llegó a afirmar la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, cuando fue preguntada tras un pleno del Consell por los detalles de esos ajustes. Un caldo de cultivo que sirvió para centrar la atención mediática en la convocatoria de este martes en la que previsiblemente se iba a hacer público el secreto mejor guardado de este segundo Ejecutivo de Ximo Puig.
Sin embargo, el conseller negó la mayor; los recortes no son tal y, si existen, son la consecuencia del bloqueo político propiciado por PP y Cs primero para tumbar los presupuestos y posteriormente para no facilitar con su abstención la investidura de Pedro Sánchez. Pese a que la ausencia de Gobierno y de presupuestos ha retrasado o impedido la llegada de fondos del Estado con los que contaba la Generalitat, Soler obvió que buena parte del gasto presupuestado por el Consell para 2019 se apoya en ingresos ficticios. De ahí la exigencia de tener que aplicar ahora la tijera.
Las expectativas de que este martes se resolvería con su comparecencia la incógnita de dónde proceden los recortes tardaron poco en esfumarse. Durante los veinte primeros minutos de su intervención, el conseller se dedicó a reiterar hasta en seis ocasiones -con el avance de la comisión llegaría a nueve- que los responsables de estos ajustes habían sido en primera instancia PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes por rechazar en febrero los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Sánchez que preveían una llegada de mayores ingresos e inversiones a la Comunitat Valenciana.
Acto seguido cuestionó el trato otorgado a la autonomía por el anterior ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro y puso encima de la mesa cuestiones ajenas a los recortes tales como que en el Gobierno de Madrid hay más de 130 altos cargos que cobran más que el president de la Generalitat Valenciana. Poco después, comenzó a desmenuzar lo ya conocido: los ajustes realizados por el Consell en cada capítulo de las cuentas, pero de nuevo sin especificar a qué programas afectaban en cada conselleria, lo que provocó las críticas de la oposición. "Viene aquí a explicar las partidas, no lo que ya ha dicho en una nota de prensa", le espetó el portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez.
Un envite tras el que el socialista tan solo llegó a advertir que de los 131 programas que tiene el Presupuesto de la Generalitat los ajustes afectan a 85 de ellos y "solo en 10" podría considerarse que el Consell ha realizado "potencialmente recortes". Llegado a ese punto, casi parecía que el responsable de Hacienda iba a comenzar a pormenorizarlos. Pero al "casi" le faltó prácticamente el "todo" y Soler sólo ofreció el detalle de 30 de los 364 millones plasmados en el PEF. Una doceava parte del total de las "retenciones de crédito" que proceden del presupuesto destinado a la ordenación y mejora de la producción agraria, del programa de universidad y estudios superiores, del servicio valenciano de empleo y de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).
En definitiva, apenas explicó un 8% de los ajustes acometidos. Y el método empleado para justificar que éstos habían sido mínimos tampoco pasó desapercibido: Soler construyó la base de su argumentación comparando los recortes de 2019 realizados en esas cuatro partidas con el porcentaje de presupuesto ejecutado de 2018 en esos mismos programas.
Una maniobra tosca por la que Ciudadanos acusó al conseller de Hacienda de querer "hacer un lío y engañar" a los asistentes y que pudo volverse en contra del conseller si los números hubieran sido leídos a la inversa por algún miembro de la oposición: utilizar los bajos datos de ejecución del ejercicio anterior para justificar que los recortes de ahora no son tan altos. Para ello, además, se valió de gráficas que contenían errores -que el PP se encargó de resaltar- tales como que la AVI tuvo un presupuesto en 2018 de 225 millones cuando en realidad fueron 24.
Dos horas y media de comisión en la que el conseller sorteó como pudo las preguntas de PP y Ciudadanos especialmente. Por ejemplo, confrontando estos recortes con los acometidos hace siete años, en 2012, por el Gobierno popular de Alberto Fabra. Una rotonda en la que permaneció un buen rato y de la que sólo salió cuando la presidenta de la comisión, Eva Ortiz (PP), le pidió que se ciñera al tema por el que se le había citado a comparecer: los ajustes de su Gobierno. Intervención por la que el diputado socialista, José Muñoz, anunció que su grupo elevará una queja por "no dejar" al conseller utilizar los argumentos que considerase oportunos para defender "su tesis" sobre los recortes.
Con todo, tras varias semanas de espera para conocer el detalle de este plan de ajuste, la comparecencia finalizó sin que Soler aplicara en sus respuestas en este examen la "cirugía fina" que el Consell ha empleado en el PEF. Y tanto la oposición, como Compromís y Unides Podem -que habían asegurado que no conocían el contenido pormenorizado de estos ajustes, pero este martes tampoco pidieron concreción ni el 'inventario' de estas retenciones de crédito al conseller de Hacienda- tendrán que esperar para saber de dónde provienen esos 335 millones restantes de los recortes del Botànic II.
