ALICANTE. Juan Carlos Ramírez ya sabe que a la calculadora del Hércules no le funciona el cero.
Es raro que lo desconociera llevando casi tres años en el club, pero el día de su presentación como nuevo presidente demostró que era así. En la sala de prensa, en relación con los múltiples frentes abiertos pero en especial la deuda con la Agencia Tributaria, se descolgó con un "para una negociación de este nivel, con cifras importantes, es mejor que este yo". Le bastaron cinco días para darse cuenta de que ese asunto no se iba a resolver por el simple hecho de que él fuera presidente y así se presente en las dependencias del fisco (acompañado por Carlos Parodi, eso sí).
Tampoco porque se haga una mejor oferta (cuesta hablar en esos términos de lo que es realmente la mayor o menor disposición a cumplir una obligación de pago de una suma millonaria a las arcas públicas, pero en fin) que la última rechazada, porque sigue sin consistir en lo que Hacienda lleva dos meses reclamando: o pagan los 4,3 millones de euros de una tacada o presentan un aval bancario de ese importe y acceden a un pago fraccionado, que el fisco sí ha aceptado que sea más cómodo que el que había vigente con el convenio de 2013, cancelado hace dos meses.
Hace tiempo que la bula que tenían los clubes de fútbol con el fisco se terminó. No obstante, Hacienda ha aceptado modificar un convenio que le era más favorable a sus intereses que el nuevo que quiere el Hércules. Lo hace porque el club lo necesita, pero pide garantías de pago y no cualesquiera, tal y como se esfuerza en denunciar Juan Carlos Ramírez con el apoyo del alcalde de Alicante y el presidente de la Diputación. El problema es que Hacienda está en su derecho de hacerlo. Y el Hércules tiene derecho a negarse a aceptarlo y exponerse a unas consecuencias que ya estaríamos viendo, de no ser porque en su día se adelantó el pago a los jugadores o porque el equipo no se ha clasificado para el 'play-off' y no hay ingresos por taquillas que embargar.