Un momento de la protesta organizada en 2019 contra el proyecto de la planta de combustible del Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) ha vuelto a expresar este jueves "su más rotundo rechazo" al proyecto promovido por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías que gestiona TMS en el Puerto de Alicante al insistir en "su gravísimo impacto sobre la seguridad de la ciudadanía, el medio ambiente y los sectores económicos de Alicante".
En concreto, la plataforma -que integra a asociaciones de vecinos, AMPA, colectivos ecologistas y otras entidades sociales- exige a las administraciones "acciones inmediatas que impidan esta inaceptable amenaza a los intereses generales de la ciudad", después de que este diario avanzase los planes de reactivación del proyecto por parte de la compañía promotora, con la apertura de negociaciones para ejecutar una tercera fase hasta alcanzar un total de 20 silos, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado los límites de distancia respecto a núcleo habitado que introdujo el Consell del Botànic en diciembre de 2021.
La exigencia de rechazo a la iniciativa empresarial se manifiesta, también, a colación de "las recientes manifestaciones efectuadas tanto por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, no oponiéndose de forma clara y contundente al proyecto de los macrodepósitos de combustible del Puerto, como de la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, dando vía libre a la posibilidad de autorizarlo", en las que fuentes de su departamento señalaron que se actuaría de forma coordinada con el Ayuntamiento de Alicante y que se buscaría el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la económica.
Sea como fuere, la PPS recalca que ha mantenido esa línea de oposición a la planta de carburantes "desde que se conoció el proyecto hace ya cinco años, en 2018, cuya concesión portuaria fue lamentablemente aprobada por el consejo del Puerto en 2019 pese a las más de mil alegaciones presentadas; entre ellas las de los colectivos vecinales y ecologistas integrados en la Plataforma".
Ese rechazo se sustancia, de nuevo, en base a distintas motivaciones. La primera, según argumentan, consiste en que el Puerto de Alicante "es un puerto urbano, integrado en una ciudad cuyo modelo económico básico es la actividad turística y que necesita cuidar y proteger su entorno litoral y costero". En esta línea, el colectivo critica "que se esté vendiendo desde la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento una supuesta apuesta por un modelo portuario de interacción con la ciudad basado en el ocio, el turismo y la actividad económica digital, con empresas innovadoras y tecnológicas, a la vez que se pretende dar vía libre a unas instalaciones claramente incompatibles con ese modelo y con el horizonte de una economía descarbonizada enmarcada en la lucha contra el cambio climático".
En segundo lugar, la plataforma denuncia que "el proyecto supone tanto el tránsito por la bahía de Alicante de grandes petroleros como la operación de bunkering (trasvase de combustible de barco a barco), con el riesgo de emisiones y vertidos que afectarán a la ciudad, a sus playas y a los espacios marinos protegidos de Tabarca y del Cabo de la Huerta". El colectivo apunta que "esta práctica generó el pasado agosto graves vertidos a la bahía de Algeciras, afectándose a su litoral".
En tercer término, los representantes de la asociación destacan que "son evidentes los riesgos sobre la seguridad de la población de los barrios colindantes, incluidos sus centros escolares, y de la ciudad en general, por posibles incendios, explosiones y nubes tóxicas, que se agravarían por el efecto dominó derivado de la colindancia de los macrodepósitos con la planta petroquímica de fabricación de betunes asfálticos y la planta de fertilizantes químicos, en la que se manipula nitrato amónico".
En este sentido, la PPS recuerda la explosión que se produjo en el puerto de Beirut en 2020 "en un macrodepósito de nitrato amónico, con más de 200 muertos y más de 7.000 heridos y, hace pocas semanas, la explosión de un solo depósito de combustible en Nagorno Karabaj, con más de 170 muertos y centenares de heridos".
Como cuarto motivo de oposición, el colectivo alerta de que "la ciudadanía de Alicante y sus sectores económicos se ponen en riesgo a cambio de nada y de que la sociedad promotora de la licencia es una sociedad fantasma, al estar en quiebra patrimonial y en situación de práctica inactividad, con cero trabajadores en nómina, denotando que no puede ser la sociedad accionista real que debe estar detrás del proyecto, sociedad que parece querer ocultarse tras la supuesta sociedad promotora".
Recreación virtual del proyecto de XC Business 90 con el desarrollo de las tres fases planteadas ahora.En quinto lugar, la PPS asegura no entender que "a cambio de una concesión que supone el alquiler de parte de los muelles portuarios, equiparable a una operación inmobiliaria ordinaria, la ciudad de Alicante asuma un riesgo tan grave, señalando que si se tuviera un poco de respeto por la ciudad y un concepto adecuado del beneficio empresarial y de la responsabilidad social y medioambiental, se renunciaría a esta ubicación como ya se hizo en el convenio que se firmó en 1995 por el Puerto, el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno Central para sacar del Puerto los depósitos de la antigua Campsa". Un convenio que, según incide, "incluyó el compromiso de no volver a instalar este tipo de actividad en el Puerto por su peligrosidad".
En sexto término, la plataforma señala que "el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó dos declaraciones institucionales, en 2018 y 2022, rechazando la instalación de los macrodepósitos que fueron firmadas y votadas a favor por el Partido Popular" y por el propio alcalde, Luis Barcala,. Y, además, añade que "el Ayuntamiento no concedió la licencia que la empresa pretendía obtener por silencio positivo para la primera fase del proyecto (hasta 100.000 toneladas), encontrándose el asunto pendiente de sentencia en el TSJCV".
Como séptima consideración, la PPS recuerda "al Partido Popular que apoyó en noviembre de 2021, junto con el resto de grupos políticos, excepto Vox, una PNL en Les Corts Valencianes en la que se rechazó de forma inequívoca este proyecto de instalación por insostenible y peligroso para la ciudad". Al respecto, la PPS señala que se han solicitado "reuniones con carácter de urgencia para abordar tanto esta grave amenaza como otras actividades portuarias causantes del histórico conflicto Puerto-Ciudad" tanto al futuro presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, como al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y a la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, "esperando ser convocados en breve". Entre tanto, la Plataforma avanza su intención de "convocar en breve encuentros con concejales de la oposición del Ayuntamiento de Alicante y con diputados de Les Corts Valencianes y del Congreso para solicitar el apoyo de los diferentes partidos a las reivindicaciones de la PPS".
Por último, el colectivo anuncia su intención de retomar "la difusión entre la ciudadanía y los colectivos sociales del riesgo de este proyecto para la ciudad, la organización de movilizaciones sociales como la que tuvo lugar en 2019, y las acciones administrativas y legales que pudieran corresponder tanto contra una nueva concesión portuaria para dos posibles nuevas fases que supondrían el almacenamiento de más de 800.000 toneladas de combustible, como contra las licencias ambientales que pueda otorgar el Ayuntamiento de Alicante con el posible beneplácito de la Generalitat en materia ambiental y de emergencias ante accidentes graves", según concluye el comunicado.
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, también ha expresado este jueves su preocupación por "el silencio del alcalde, Luis Barcala, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, respecto a la posibilidad de instalar macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante".
En esta línea, ha apuntado que "no sabemos qué piensan hacer para evitar que se instalen, ya que es una actividad peligrosa e incompatible con la seguridad y salud ciudadana". Por ello, ha anticipado su intención de registrar una nueva iniciativa ante el pleno con el fin de impulsar de nuevo "la creación de la comisión Puerto - Ciudad para mejorar las relaciones de la ciudad con la gobernanza del Puerto". "Además, presentaremos una pregunta en el Congreso dirigida al Gobierno Central, como corresponsables de lo que suceda en el Puerto", ha apostillado.
