Transparencia constata "un trato desigual" en el puerto de Benidorm

BENIDORM. La Conselleria de Transparencia ya tiene constancia de que las empresas en el puerto de Benidorm han sufrido un trato "desigual". De este modo, el informe de la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios hace una serie de recomendaciones después de haber estado alrededor de un año investigando la forma en la que trabajan los funcionarios de puertos de Benidorm, Calp y Dénia. 

"Las actuaciones analizadas evidencian, a juicio de esta inspección, una ausencia de una visión clara de la necesidad de motivar y justificar todo acto administrativo que se dicte", apunta el escrito. El ente independiente, pero ligado al Consell, considera que este hecho, sumado a la "falta de transparencia en la gestión, puede haber provocado condiciones desiguales de competencia empresarial, en especial en lo relacionado con al oferta turística de actividades náuticas en el puerto de Benidorm".

Según consta en el informe, muchas de las solicitudes y peticiones presentadas "no han obtenido respuesta alguna por parte de los órganos competentes", algo que dicen ha supuesto un motivo más para agravar "la mayoría de los conflictos expuestos".

En cuanto al puerto de Benidorm, el periodo analizado es desde el 1999 hasta la actualidad. Y de éste dicen que la gestión realizada, "cuando menos, puede calificarse de poco rigurosa". En este sentido, afirman directamente que "la gestión de las autorizaciones de las casetas y amarres ha ocasionado un trato desigual entre los empresarios que operan en el puerto con posibles consecuencias desfavorables para los intereses de algunos de ellos".

Cabe recordar que la asociación Costa Blanca Marine tiene su batalla tanto dentro como fuera de los juzgados con la familia Cervera, que explota las mayoría de las actividades en el puerto de Benidorm. Además, la Audiencia Provincial de Alicante llegó a condenar al empresario Carlos Serrano Baladrón por un delito de coacciones a Jorge Juan Palacios, presidente de la asociación.

Asimismo, aseguran que "no se han ejercido debidamente las facultades de tutela y policía administrativa" sobre el dominio público portuario objeto de autorización o concesión. Todo ello, según relatan, a pesar de que los funcionarios recibían solicitudes reiteradas para tal actuación, y "aún siendo conocedores de los hechos, puesto que había remitido documentación objetiva suficiente al respecto", señala.

A todo esto, también consideran insuficiente la medida adoptada por la Generalitat, para adjudicar las casetas y amarres a través de un procedimiento de concurrencia. Los inspectores argumentan que "no se dan a conocer los fundamentos que aconsejan la distribución de espacios que se propone para la licitación".

Discriminación al Club Náutico

Otro asunto analizado en el informe es la exigencia al Club Náutico de Benidorm para que retirara las embarcaciones inscritas en la lista 6, es decir, a explotación comercial. De esto consideran que fue un "acto arbitrario" y discriminación de un club respecto al resto, "teniendo en cuenta que dicha exigencia fue aplicada siete meses después a los otros dos clubes náuticos", apuntan los inspectores. 

Algo que el órgano gestor negó y alegó que se le exige a todos los que están en su misma situación.

Respecto al puerto de Calp, mantienen que no se valoraron "adecuadamente" los perjuicios a terceros que podría conllevar las dos ampliaciones de las terrazas concedidas a uno de los restaurantes del puerto.

Para las actuaciones en Dénia, dicen que "existen importantes dudas y lagunas en la gestión realizada" para conceder las autorizaciones a las instalaciones del antiguo varadero.

Necesidades: plantilla con formación necesaria

Por todo lo comentado en los tres puertos, este ente público recomienda que se adopten las medidas necesarias para que toda actuación de carácter discrecional recoja los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las decisiones, "de manera que resulte comprensible y justificable la motivación de las mismas". 

En concreto, estiman necesario disponer de una "plantilla suficiente con la formación necesaria en materia de ejercicio de potestades discrecionales de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común.

Además, recomiendan que el "departamento competente" analice todo lo comentado por si son susceptibles de ser una falta disciplinaria. 

Caso por caso, creen que se debe estudiar "detenidamente" la situación del puerto de Benidorm, así como realizar una labor "de justificación de las decisiones basada en datos objetivos que permita realizar una cesión  de ocupación y uso de estos espacios que resulta acorde con todos los intereses en juego". Así, menciona la seguridad y protección del medio ambiente, las expectativas de negocio viables, así como de la estabilidad a medio plazo bajo unas mismas condiciones económicas y de accesibilidad de espacios, rentabilidad para la administración pública y oferta turística más adecuada para el municipio".

Por lo que respecta al puerto de Calp, pide que se revise las autorizaciones concedidas, sobre todo, las relativas a las terrazas mencionadas. De igual manera, recomienda que se revise las tasas que se abonan, en relación a los metros que se ocupan.

Por último, en lo relacionado al puerto de Dénia, solicitan que se responda a todas las solicitudes de información reclamadas por parte de la asociación e investigar si la zona de preembarque señalizada por un empresario es la real.