Puerto de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA.Pedirán Responsabilidad Patrimonial por "no haber atendido a las denuncias de otros empresarios"
BENIDORM. Hasta rifles aparecen en este entramado. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado al empresario Carlos Serrano Baladrón por un delito de coacciones a Jorge Juan Palacios, que regenta otra de las mercantiles del puerto de Benidorm y que además preside la asociación Costa Blanca Marine, que está abanderando la lucha contra "la isla pirata" de la ciudad de los rascacielos. Así, el juez ha desestimado el recurso de apelación que le condenaba y que resolvió el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm.
De esta manera, ratifica la pena de tres meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, por lo que serán 900 al término de la pena. Y absuelve a Palacios. Contra esta sentencia no cabe recurso. Los hechos se remontan al verano del año pasado, cuando este último denunció amenazas por parte del histórico empresario de Benidorm, cuyo negocio está instalado en el puerto desde la época franquista.
Según la sentencia, que recoge la declaración de Palacios y testigos, Serrano gritaba frente a los clientes de su competencia que eran unos ladrones, ilegales, carecían de permisos y sus empleados no tenían titulación. "Pues yo te digo que tú no vas a estar el primero, ya te digo yo el tema. Si tú quieres estar el primero, yo actuaré de otra forma", éstas son las palabras que supuestamente le dedicaba el empresario al empleado del denunciante en relación a la adjudicación de los puestos en el Ayuntamiento de Benidorm. Además, el escrito de la Audiencia Provincial recoge que Serrano había denunciado a Palacios por ir antes a decirle "págame lo que me debes, sinvergüenza, estafador, me has amenazado con un rifle". Pero, el juez admite una grabación como prueba, en la que queda patente que no pronuncia ni "sinvergüenza" ni "estafador".
Con todo ello, el juzgado de Benidorm entendió probadas las coacciones de parte de Carlos Serrano contra Jorge Juan Palacios y sus empleados. Pero el primero recurrió alegando que "en el plenario no se practicó prueba de cargo bastante para enervar la presunción de inocencia del acusado".
No obstante, el juez de la Audiencia Provincial indica que la declaración de un único testigo, aunque sea la propia víctima, puede ser prueba suficiente si es creíble. En este caso, señala que la credibilidad de la declaración aparece condicionada por un dato "que considero no controvertible, como es, la mala relación con el acusado previamente a producirse los hechos objeto de enjuiciamiento, por desavenencias en la explotación de sus respectivos negocios en el puerto de Benidorm". La jueza considera verosímil la declaración del denunciante, "tanto por la forma de producirse en el plenario, como por el resultado de otras pruebas que se estiman corroboradoras", dice el texto.
Además de los testigos, también tienen en cuenta las investigaciones llevadas a cabo por los detectives privados contratados por parte de los denunciantes y la asociación creada a tal efecto, con el fin de denunciar los hechos que tienen lugar en el puerto y la isla de Benidorm.
Por último el juez manifiesta que el "conjunto de la prueba refleja una conducta de presión compatible con dicha figura delictiva, al tender a constreñir la voluntad del sujeto pasivo".
El presidente de la asociación Costa Blanca Marine, Jorge Juan Palacios, quiso destacar este martes a Alicante Plaza que es la primera sentencia firme que se consigue contra Serrano aunque "ha venido presionando de forma histórica a diferentes empresarios de Benidorm, que así lo han venido denunciando ante distintas instancias". Además, recordó que la asociación también ha denunciado ante la Conselleria de Transparencia y Obras Públicas a este empresario por supuesto "trato de influencias con funcionarios del Servicio de Puertos de la Generalitat Valenciana, estando en este momento abiertas las investigaciones en ambas consellerias".
Asimismo, anunció que emprenderá "de forma inmediata una Acción de Responsabilidad Patrimonial, donde se exigirá la compensación de daños y prejuicios producidos por los perjudicados". Lo hacen ante la "inacción del Servicio de Puertos de la Generalitat Valenciana". Palacios afirma que la "Autoridad Portuaria habría incumplido sus funciones de custodia y policía en el puerto de Benidorm, al no atender las denuncias reiteradas de las víctimas".
