ALICANTE. La ampliación del polígono de Las Atalayas que trata de impulsar el Ayuntamiento de Alicante con la implicación de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para ganar cerca de 166.000 metros cuadrados de suelo industrial parte desde su mismo inicio con un éxito garantizado por lo que respecta a las expectativas de venta. Según ha podido constatar Alicante Plaza, la propuesta con la que la Concejalía de Desarrollo Económico solicitó la intervención de Sepes para que ejecutase la urbanización de esa bolsa de suelo, de su propiedad, se acompañó de un listado sobre la demanda de parcelas por parte de empresas ya asentadas en el recinto a las que ahora mismo no se puede dar salida, al no existir suelo disponible con la superficie requerida.
En concreto, como también avanzó este diario, existen peticiones de suelo formuladas por doce compañías. Se trata de Jimten (dedicada a la fabricación de suministros de fontanería), que estaría interesada en adquirir 50.000 metros cuadrados; de Truckdeal (reparación de grúas, camiones y carrocerías), que requiere de otra parcela de 12.000 metros; de Alumed Sistemas (fabricación de estructuras metálicas), que necesita esa misma superficie; de Punto Gofre (fabricación de pan y productos frescos de panadería), que también demanda 12.000 metros; de Euro Cala 2007 (alquiler de bienes inmobiliarios), que solicita 10.000 metros; la misma demanda de Papi Transitos (actividades anexas al transporte) y de Peñalver Concept (intermediarios de comercio textiles).
En esa lista de demandantes de suelo figuran también Atramentum (comercio al por mayor), que necesita 7.000 metros cuadrados; Cargas Internacionales Alicante (transporte de mercancías por carretera), que requiere otros 5.000; justo la misma superficie que habría solicitado ID Electroquímica (fabricación de productos electrónicos) y Logística Quirant (transporte de mercancías por carretera). Por último, figuraría Redpetroil, la estación de servicio del polígono, que estaría interesada en ganar otros 2.000 metros. En su conjunto, las peticiones de esas doce compañías suma una demanda global de 140.000 metros cuadrados. Es decir, quedaría prácticamente agotado el suelo generado a partir de esta nueva fase de expansión del recinto.
En el primer encuentro mantenido por el alcalde, Gabriel Echávarri, y la directora general de Sepes, Lucía Molares, en enero, se supeditó el desarrollo de cualquier actuación urbanística a la existencia acreditada de demanda de suelo. En ese momento, el Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con la entidad de conservación del polígono de Las Atalayas, se apresuró a recopilar y detallar las necesidades de posibles demandantes de suelo para certificar que Sepes podría rentabilizar los costes de urbanización que pudiese asumir para poner en marcha esa ampliación mediante la venta de las parcelas ya desarrolladas.
La propuesta municipal contempla una segunda fase de expansión sobre esa zona este e incluso una alternativa orientada hacia el sur
El edil de Desarrollo Económico, Carlos Giménez, hizo entrega de ese listado de demandantes a Molares en su entrevista del pasado viernes, lo que permitió que la entidad adscrita al Ministerio de Fomento confirmase su predisposición a ejecutar la expansión del polígono. El Ayuntamiento, por su parte, se comprometió a promover la reclasificación del suelo propiedad de Sepes, ya que ahora mantiene la calificación de suelo no urbanizable. Los términos de la colaboración entre las dos administraciones debe plasmarse ahora en un convenio, que todavía está en fase de estudio por parte de los técnicos.
La propuesta urbanística planteada por el Ayuntamiento incluía, además, una segunda fase de expansión orientada en esa misma zona este, con la que se podría llegar a ganar 242.500 metros. Es más, incluso se incorporó una tercera alternativa de expansión, orientada hacia el extremo sur del recinto industrial actual. Sin embargo, los técnicos municipales consideran que su desarrollo sería más dificultoso tanto por plazos, como por las dificultades orográficas que presenta el suelo, atravesado por cauces, lo que conlleva riesgo de inundabilidad. Además, en ese ámbito, sólo se incorporaría una superficie de 124.000 metros de suelo de Sepes, mientras que el resto sería de propiedad privada.