La oferta de Alicante a Fomento: reclasificar suelo de Las Atalayas a cambio de su expansión

ALICANTE. Oferta sobre la mesa. Una delegación municipal encabezada por el concejal de Desarrollo Económico, Carlos Giménez (PSOE), trasladará este viernes a la entidad pública empresarial de suelo, Sepes, una propuesta de convenio para impulsar la ampliación del polígono de Las Atalayas con un compromiso recíproco. A partir de ese documento, el Ayuntamiento de Alicante se obliga a promover la recalificación de una bolsa de suelo de unos 145.000 metros cuadrados al este del límite del recinto actual (en una zona propuesta por los técnicos municipales, ya prevista en el catálogo de protecciones que no llegó a aprobarse en mayo de 2017) a cambio de que la sociedad adscrita al Ministerio de Fomento asuma los costes de urbanización de esos terrenos que ahora son no urbanizables.

Con ese pacto, Sepes podría rentabilizar ese suelo de su propiedad con la venta a las empresas que estuviesen interesadas en instalarse. De hecho, según detallaron fuentes municipales, la propia directora general de la sociedad pública, Lucía Morales, fue quien -tras recibir al alcalde, Gabriel Echávarri- se mostró dispuesta a impulsar esa urbanización siempre que se acreditase que existía demanda de parcelas.

Como ha contado Alicante Plaza, la propuesta de convenio estará avalada por la firma de los cinco partidos representados en el Ayuntamiento de Alicante: PP, Guanyar, Ciudadanos y Compromís, además del propio PSOE. Se trata de escenificar la unidad de acción que existe en Alicante para tratar de generar suelo industrial en un emplazamiento que ahora está prácticamente colmatado, sin poder atender las peticiones de algunas empresas interesadas en ampliar sus instalaciones actuales.

Según las fuentes consultadas, la propuesta tiene un pero asociado a los procedimientos administrativos que conlleva todo proceso de reclasificación: como poco, ese cambio podría requerir un plazo de dos años para quedar aprobado definitivamente, ya que debe superar una evaluación ambiental y debe ser aprobado por el Consell.